El gobierno ruso cada vez aplica más medidas represivas. Proscribir el sanatismo, buscar en Google "Navalni" o "LGTBIQ+", o bloquear las llamadas de WhatsApp para forzar a los ciudadanos a utilizar su software espía -Max-, son algunas de las últimas iniciativas de Rusia. En concreto, a partir de este lunes 1 de septiembre, entra en vigor un nuevo delito bajo el título "buscar material manifiestamente extremista y acceder a él". En principio, la normativa solo prevé multas de hasta 5.000 rublos —53 euros—, aunque la experiencia apunta que la ley puede empezar siendo suave e ir en aumento.
En total, en Rusia hay 5.500 artículos y organizaciones que están declaradas como extremistas por el gobierno, desde el "movimiento internacional LGTB", a la organización del líder opositor Alekséi Navalni o Greenpeace. Además, también consideran extremistas las redes sociales más utilizadas como Instagram y Facebook. Uno de los impulsores de la ley, el senador Artiom Sheikin, ha prometido que acceder a estas plataformas mediante una VPN no será castigado. "Existen dos interpretaciones de esta ley", ha detallado Anísimov. "Una se limitaría a estos artículos en concreto, pero la otra se extiende a la búsqueda de cualquier contenido que promueva o justifique la actividad extremista. La vaguedad de su redacción hace que las fuerzas de seguridad pueden usar esta prohibición a su gusto|sabor", ha añadido. El portavoz de OVD-Info, esta ley es "un ejemplo perfecto de la legislación represiva en Rusia". "Puede ser utilizada contra cualquier persona con finalidades políticas, aunque no se aplica masivamente. Se usa en casos puntuales con severidad para intimidar los otros".
Espionaje ruso
La nueva ley permite a las fuerzas de seguridad tener acceso a las búsquedas de la población gracias a las operadoras de telecomunicaciones y las plataformas de servicios rusas. El Google ruso y Yandez ya han sido condenadas por negarse a dar acceso al FSB al sistema de altavoces inteligentes doméstico de un usuario. Las autoridades rusas trabajan para mejorar el espionaje a sus ciudadanos. Desde este verano las llamadas de WhatsApp y Telegram ya están bloqueadas y a partir de este lunes todos los dispositivos tendrán que tener instalado el servicio de mensajería promovido por el gobierno ruso, Max. A partir de ahora vendrá instalado, ya que todas las gestiones administrativas, así como chats de colegios y empresas han sido gestionadas por esta plataforma, así el gobierno tendrá acceso a todos los contactos y documentos del teléfono.
Además, también estará prohibido dar a conocer servicios VPN que no sean aprobados por Roskomnadzor, el organismo vigilante de internet. Las VPN proscritas pueden ocultar la navegación del usuario en ojos del FSB, y desde ahora su uso será considerado una agravante en las condenas. Pero eso no es todo, la nueva ley también contempla que los inmigrantes de países que no necesitan visado de trabajo, como Bielorrusia y las repúblicas de Asia central, tendrán que tener instalado obligatoriamente en el móvil otro programa que informe de su geolocalización.
Las restricciones también llegan a las escuelas con el inicio del nuevo curso escolar. Los colegios reducirán sus horas lectivas de idiomas extranjeros mientras aumentan los contenidos sobre la invasión de Ucrania y sus "glorias militares". La asignatura Conversación sobre lo importante, se extenderá también por primera vez a los jardines de infancia. En ella se enseña a morir por la patria y se enaltecen los supuestos "valores tradicionales" que Putin dice defender frente de "la decadencia" de Occidente.
Más prisiones en Rusia
El gobierno de Putin ha anunciado la construcción de más centros de detención preventiva, su particular archipiélago SIZO, como se conocen estas prisiones en Rusia. El primer ministro ruso, Mikhaïl Mixustin, ha anunciado la salida del país del convenio europeo para la prevención de la tortura. Gracias a este tratado, Moscú el acceso de una comisión independiente a sus prisiones e instituciones psiquiátricas hasta al inicio de la invasión de Ucrania. La decisión llega después de que se haya anunciado la construcción de 11 nuevos centros de detención preventiva y que Moscú haya triplicado de 105.000 a 359.000 millones de rublos —de 1.100 a 3.800 millones de euros— el presupuesto para prisiones de cara a la próxima década. Uno de los centros de detención más conocidos es el de Lefórtovo, en Moscú, donde han pasado muchas figuras de la oposición rusa. Y el OVD-Info estima que hay 1.586 presos políticos en Rusia.