La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha cedido a la presión de los manifestantes y ha anunciado la retirada definitiva del polémico proyecto de extradición que suscitó las multitudinarias protestas registradas en la ciudad desde hace tres meses.
Aunque Lam primero suspendió su tramitación y después aseguró reiteradamente que el proyecto estaba "muerto", los manifestantes no se dieron por satisfechos y exigían la retirada efectiva y definitiva de esta reforma. Así, la líder honkonguesa ha retrocedido y por lo tanto, se ha cumplido una de las cinco demandas del movimiento independentista, que significa que queda suspendido el permiso de la entrega de sospechosos a países con los cuales la excolonia británica falta de acuerdos, y que hacía temer que abriera la puerta por primera vez a la extradición en China.
El resto de peticiones de los hongkoneses son el establecimiento de una comisión independiente que investigue la presunta brutalidad policial, la retirada de cargos contra los detenidos por las protestas, la retirada del calificativo de "revuelta" sobre las manifestaciones y la aplicación del sufragio universal para la elección del jefe del Ejecutivo local.
Lam en la cuerda floja
Según las últimas encuestas, Lam disfruta de la popularidad más baja nunca registrada por un líder del gobierno local desde que Hong Kong devolvió en manos chinas después de siglo y medio de dominación colonial británica. No obstante, y aunque los manifestantes han exigido una vez y otra su dimisión, la política negó ayer que hubiera ofrecido su renuncia a las autoridades chinas, aunque en una grabación difundida por Reuters se le oía hacer este comentario a empresarios hongkoneses y asegurar que su margen de maniobra era "muy limitado".
Asimismo, los portavoces del Ejecutivo chino han reiterado su apoyo a Lam, a su Gobierno y a la Policía de Hong Kong para que resuelvan la situación.
Origen de las protestas
Las manifestaciones empezaron el mes de marzo pasado como oposición a una polémica propuesta de ley de extradición que, segundos abogados y activistas, podría haber permitido en Pekín acceder a "fugitivos" refugiados en territorio hongkonés.
Estas han movilizado desde junio centenares de miles de personas y han dejado enfrentamientos violentos entre algunos manifestantes y la policía, a la que se ha acusado de abusar de su poder a la hora de disuadir las protestas.