La política islandesa ha dado un paso que puede marcar una generación. La primera ministra, Kristrún Frostadóttir, ha anunciado desde Polonia que su gobierno pondrá en marcha los preparativos para celebrar un referéndum sobre la reanudación de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. No es una decisión menor. Es un gesto cargado de simbolismo y, sobre todo, de consecuencias prácticas para una isla que siempre ha sabido jugar la carta de la singularidad.

En una rueda de prensa compartida con el primer ministro polaco, Donald Tusk, Frostadóttir defendió que una mayor integración con Europa no debe implicar la renuncia a la identidad propia. “Los islandeses quieren más Europa, pero con respeto por nuestra especificidad”, remarcó. La frase no es improvisada: resume el equilibrio delicado entre la apertura internacional y la protección de un modelo económico y social muy particular.

Un giro empujado por la realidad

Islandia no es ajena a las sacudidas globales. El aumento del coste de la vida y el impacto indirecto de la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania han reconfigurado prioridades. En este nuevo contexto, la seguridad energética, la cooperación en defensa y la estabilidad financiera ganan peso en el debate público.

Frostadóttir admitió que la situación geopolítica de Islandia es “específica”. No es un Estado continental, depende fuertemente del comercio exterior y tiene una economía marcada por la pesca, la energía geotérmica y el turismo. Estas particularidades explican tanto las reticencias históricas como la prudencia actual.

Tusk, por su parte, coincidió en el diagnóstico: Europa vive un momento de redefinición estratégica. Y en esta redefinición, el norte también cuenta. El apoyo explícito de Polonia no es casual; Varsovia quiere proyectar la idea de una Unión cohesionada y con capacidad de atracción.

Una historia inacabada

No es la primera vez que Islandia se acerca a Bruselas. En julio de 2009 presentó formalmente la solicitud de ingreso y negoció durante cuatro años. Pero en 2013 el proceso se congeló, en medio de un clima político interno marcado por el escepticismo. Aquel freno aún pesa en la memoria colectiva.

Ahora, el Ejecutivo quiere que sea la ciudadanía quien decida si es necesario retomar el camino. La ministra de Asuntos Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ha avanzado que la votación podría celebrarse como muy tarde en 2027 y que presentará la resolución parlamentaria correspondiente esta misma primavera. El calendario es ambicioso, pero busca evitar que el debate se eternice.

Europa en expansión

El movimiento islandés coincide con una nueva ola de ampliación. Desde la adhesión de Croacia en 2013, la Unión no ha incorporado ningún otro miembro, pero actualmente hay ocho países con el estatus de candidatos oficiales: Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Serbia y Ucrania.

Este escenario proyecta una Unión potencial de hasta 36 Estados miembros. La pregunta es si Islandia quiere formar parte de esta nueva arquitectura o prefiere mantener una relación estrecha pero externa, como hasta ahora.

Identidad y pragmatismo

El debate que se abre no será solo técnico, sino emocional. Islandia ha construido su relato sobre la autosuficiencia, la gestión propia de los recursos naturales y una cultura política de consenso. La integración plena a la UE obligaría a ceder competencias y a aceptar reglas comunes, especialmente en ámbitos sensibles como la pesca.

Pero también ofrece estabilidad monetaria, acceso ampliado al mercado único y un marco de cooperación reforzado en materia de seguridad. En tiempos de incertidumbre, estas garantías pesan.

Frostadóttir ha abierto una puerta que hacía años que estaba entreabierta. Ahora será la ciudadanía quien deberá decidir si quiere cruzarla. Y en esta decisión, Islandia no solo definirá su relación con Europa, sino también su manera de entenderse a sí misma en un mundo que cambia con una rapidez implacable.