Francia ha dado un paso histórico en la regulación del final de la vida. El presidente Emmanuel Macron ha promulgado la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, después de que la norma fuera publicada este miércoles en el Journal officiel de la República Francesa, el trámite que permite su entrada en vigor.
El texto reconoce un nuevo derecho a la llamada "ayuda a morir", pero limita el acceso a las personas que cumplan una serie de requisitos. La Asamblea Nacional francesa aprobó definitivamente la ley el 15 de julio, con 366 votos a favor y 182 en contra, después de un largo recorrido parlamentario marcado por la división entre las dos cámaras.
¿Qué condiciones se deberán dar?
La norma establece que podrán solicitar esta ayuda las personas mayores de edad que tengan la nacionalidad francesa o que residan de manera estable y regular en el país. También deberán sufrir una enfermedad grave e incurable que comprometa el pronóstico vital en una fase avanzada o terminal y que provoque un deterioro irreversible del estado de salud.
Otro requisito es la existencia de un sufrimiento físico o psicológico relacionado con la enfermedad que no pueda ser aliviado o que el paciente considere insoportable. La ley deja fuera, sin embargo, los casos en que el sufrimiento sea exclusivamente psicológico y no esté vinculado a una patología física grave.
El procedimiento también exige que el paciente mantenga la capacidad de tomar decisiones de manera libre y consciente. La petición deberá formularse ante un médico o un enfermero y quedar formalizada por escrito. Posteriormente, será sometida a una evaluación colegiada para comprobar que se cumplen todas las condiciones.
Suicidio asistido vs. eutanasia
La ley diferencia entre las dos formas de ayuda. En el caso del suicidio asistido, será el mismo paciente quien se administrará la sustancia destinada a provocar la muerte. Cuando no pueda hacerlo físicamente, podrá ser un médico o un enfermero quien la administre, en un procedimiento que corresponde a la eutanasia. Una vez autorizada la petición, la persona deberá confirmar su decisión después de un periodo mínimo de reflexión de dos días. El sistema busca así garantizar que la voluntad se mantenga hasta el momento de la administración.
Según la Asamblea Nacional, la ley es el resultado de un proceso parlamentario que se alargó durante más de dos años y que generó importantes discrepancias políticas. El Senado francés, de mayoría conservadora, había defendido una posición más restrictiva sobre las condiciones de acceso, mientras que los diputados acabaron imponiendo el texto final.
El Consejo Constitucional examinó la norma antes de su promulgación y validó el principio general, formulando algunas reservas sobre determinados aspectos del procedimiento. El Consejo de Estado francés, que había analizado el proyecto antes de su tramitación parlamentaria, también había remarcado que el acceso quedaba sometido a criterios médicos y personales estrictos.
La promulgación sitúa a Francia entre los países europeos que han optado por regular la ayuda médica para morir. La nueva legislación, sin embargo, no establece un acceso general a la eutanasia o al suicidio asistido, sino que lo restringe a pacientes que cumplan todos los criterios previstos y superen el procedimiento de evaluación establecido.
El debate sobre el final de la vida, lejos de cerrarse con la aprobación de la ley, continuará ahora en torno a su aplicación, la formación de los profesionales sanitarios y las garantías para asegurar que las decisiones de los pacientes sean libres e informadas.