La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha concluido que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad que le imputa la Corte Penal Internacional (CPI) que hace casi un año emitió una orden de detención contra su persona. En un informe solicitado el pasado julio por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, a raíz de una querella presentada por el abordaje del barco Madleen —ocurrido el 8 de junio cuando se dirigía hacia la Franja de Gaza—, la Fiscalía se ha pronunciado en contra de la admisión a trámite. Según fuentes jurídicas citadas por Efe, el argumento principal se fundamenta en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula el ejercicio de la justicia universal por parte del Estado español.

El artículo 23 de la LOPJ establece que el Estado no puede ejercer su jurisdicción sobre delitos internacionales cuando estos ya son objeto de investigación y posible enjuiciamiento por parte de un tribunal internacional reconocido por los tratados y convenios de los cuales España es signataria. En este caso, la existencia de una causa abierta en la CPI resulta determinante. En noviembre de 2024, este tribunal emitió órdenes de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, como máximos responsables de presuntos crímenes cometidos en la Franja de Gaza a partir del 8 de octubre de 2023, el día siguiente del ataque terrorista de Hamás en territorio israelí.

Con el informe de la Fiscalía ya sobre la mesa, ahora será el juez Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, quien tendrá que determinar si admite o no a trámite la querella presentada por el abordaje del Madleen. La acción legal, impulsada por el activista español Sergio Toribio —miembro de la Flotilla de la Libertad en España— y por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, se dirige no solo contra Netanyahu, sino también contra el actual ministro de Defensa israelí, el vicealmirante David Saar Salama y otros mandos militares. Toribio les acusa de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, detención ilegal y trato degradante.

Los hechos a bordo del Madleen

Los querellantes piden que se abra una investigación judicial para aclarar los hechos, que se tomen declaraciones a los activistas afectados y que se recopilen pruebas sobre la actuación militar israelí. También reclaman que la justicia española colabore activamente con la CPI en la investigación abierta sobre la situación en Palestina. Según la querella, durante el abordaje del barco Madleen —que transportaba alimentos, medicinas y material médico destinados a la población civil de Gaza en pleno bloqueo, calificado de ilegal por Naciones Unidas—, se utilizaron drones, gases lacrimógenos y armas no letales, y se detuvo de manera arbitraria a los doce tripulantes, todos civiles desarmados, sin ningún tipo de advertencia ni autorización judicial y en ausencia de cualquier amenaza militar real. Entre los detenidos había activistas conocidos como la sueca Greta Thunberg, la francesa Rima Hassan o el brasileño Thiago Ávila. Todos ellos fueron trasladados por la fuerza a Israel, incomunicados, desposeídos de sus pertenencias y, según la denuncia, sometidos a intentos de adoctrinamiento con amenazas de hacerles ver material propagandístico.