En tan solo unos pocos meses, el conflicto escocés ha enfrentado varios obstáculos que en Catalunya ya conocemos de cerca. A medida que el movimiento independentista acumula más apoyo que nunca-- en gran parte por las crisis que asolan en estos momentos el Reino Unido--, asistimos a la judicialización de la política y la deriva más abiertamente represiva de un Estado británico que no quiere negociar. Eso se hizo evidente en la decisión Supremo británico de desmentir que los escoceses tengan el derecho a autodeterminarse sin la aprobación de Londres. Con más o menos sorpresa, han podido comprobar que, efectivamente, no forman parte de una Unión de naciones voluntaria. En estos momentos, el movimiento se encuentra en una encrucijada: deben escoger entre seguir apostando por la vía 'legal' que les obliga a negociar con el gobierno británico, o aventurarse en los caminos desconocidos de la desobediencia, la confrontación y la movilización popular. Si bien son muchos los que piden un referéndum plebiscitario al gobierno nacionalista de Nicola Sturgeon (SNP), otros la acusan de no tener ningún plan efectivo que no implique ganarse antes la aprobación de Londres.

Los tories, contra la autodeterminación (de género)

En medio de todo este debate, el gobierno central del conservador Rishi Sunak ha dado lo que parece ser un golpe sobre la mesa y ha evitado, por primera vez en la historia, que una ley llegue a manos del monarca para hacerla efectiva, invocando la sección 35 del mencionado tratado de devolución. Curiosamente, la ley vetada equivaldría a nuestra 'ley trans', que ha de implementar la autodeterminación de género tan criticada por la derecha, y que actualmente también divide los mismos miembros del SNP, como en España dividió el gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Para averiguar la motivación detrás de este veto y qué recorrido tendrá, ElNacional.cat se entrevista de nuevo con uno de los expertos más destacados en Derecho escocés, el doctor Nick McKerrell, profesor de la Universidad Caledonia de Glasgow.

¿Antes de todo, podría explicar qué comporta invocar la sección 35 de la ley de devolución escocesa?

El artículo de la ley que creó el Parlamento Escocés en 1998 incluye una sección, la 35, por la cual cualquier ley que se apruebe en Holyrood, en circunstancias específicas, puede ser bloqueada por el gobierno del Reino Unido sin ir a los tribunales. No es nada extraño que haya una disputa entre un gobierno regional y central-- en Catalunya tenéis experiencia con eso. Lo que es diferente es que se trata de un veto absoluto, mientras que con otras desavenencias, la más reciente sobre la convocatoria del referéndum, el gobierno del Reino Unido ha tenido que pasar por los tribunales para desafiar la legislación escocesa.

El artículo 35 impide que una ley pase a su fase final, es decir, el consentimiento real, según la cual el Rey da el permiso (simbólico) para aprobarla. Lo que es inusual es que la intervención del Estado británico sea 'política'. Lo digo en el sentido más amplio de esta palabra, porque no comporta un recorrido en los tribunales.

El veto del gobierno británico es una decisión política.

¿Entonces no es que haya todo un proceso a seguir, sino que la han vetado automáticamente?

Exactamente. Y no solo eso: nunca se había invocado, así que no hay ningún precedente ni explicación de cómo funciona. Ahora bien, la redacción del apartado 35 es bastante significativa, porque se refiere a cosas como "violar el derecho internacional" o "asuntos de defensa" o la "seguridad nacional". Cosas que, de todos modos, ya son asuntos reservados a Westminster. El gobierno del Reino Unido publicó ayer las razones del veto, y ahora sabemos que alegan que la ley trans de Escocia "tiene un efecto en áreas de derecho reservadas en el resto del Reino Unido". Más concretamente, los ámbitos de los cuales habla son las leyes de igualdad, que son competencia de Westminster y las mismas en todo el Reino Unido.

Por lo tanto, el gobierno central cree que la legislación propuesta por el parlamento escocés modificaría cuestiones sobre las cuales solo la cámara legislativa en Londres tiene competencia para hacer. Además, añaden que esta modificación tendría "un efecto adverso" sobre las competencias reservadas, tal como establece el apartado 35. Creo que la explicación que ha dado el gobierno británico no es muy sólida. Por otra parte, aunque la sección 35 no contempla ningún procedimiento en los tribunales, el gobierno escocés puede utilizar el sistema jurídico escocés para desafiarlo mediante un procedimiento legal denominado revisión judicial, que ya han dicho que harán.

¿Hay riesgo de que el gobierno británico vuelva a utilizar este mecanismo?

No lo descarto, pero la redacción de la sección 35 es muy clara en cuanto al tipo de situaciones que permiten invocarla, y creo que las justificaciones del gobierno británico no están a la altura, incluso hay políticos británicos que lo reconocen. Ahora, el gobierno escocés puede intentar anular el veto mediante la revisión judicial y argumentar que el gobierno central ha actuado más allá de sus competencias. Así realmente que no trata cuestiones constitucionales, como lo fue el caso del referéndum. Eso tiene más que ver sobre si el gobierno británico ha ejercido el poder con que se le ha conferido de manera correcta y legal. Creo que el gobierno escocés tiene posibilidades de ganar la revisión judicial, pero el problema es que la otra parte puede recurrir hasta el Tribunal Supremo, y no será un proceso rápido.

Legalmente, podría ser un error de cálculo por parte del gobierno conservador.

¿Es significativo que Sunak haya escogido este momento tan delicado en las relaciones entre Escocia y el Reino Unido para vetar una ley?

No creo que tenga nada que ver con la legalidad del asunto, porque si fuera así, sencillamente remitirían la ley a los tribunales. Efectivamente, creo que es una decisión política, no tanto por la cuestión nacional, quizás en parte, pero más con la cuestión de las "guerras culturales" [conflicto ideológico entre grupos sociales]. Los conservadores creen que pueden instrumentalizar el odio contra las personas trans en beneficio propio, sobre todo teniendo en cuenta que el SNP también está dividido en esta cuestión. De hecho, sufrieron una gran rebelión interna en relación con esta ley, así que Sunak probablemente lo ve como una oportunidad política. En general, todo es un poco cínico, porque están cargando contra un grupo minorizado de la sociedad. Lo que no consigo entender es porque lo han hecho, sabiendo que el gobierno escocés lo llevaría a los juzgados y que, una vez llegue a los tribunales, estará fuera de su control. Legalmente, podría ser un error de cálculo por parte del gobierno conservador.

Lo que me dice recuerda a la reciente tendencia de la derecha española de rescatar viejos debates sociales... ¿Usted por qué cree que los tories han decidido ir a la confrontación, conscientes de que perderán en los tribunales?

Gran parte de las "historias de miedo" sobre las personas trans que el gobierno conservador disemina tienen que ver con que ahora les interesa posicionarse como 'defensores de las mujeres'. Es bastante ridículo. Todo está rodeado de un cierto grado de cinismo por la naturaleza del tema que se está tratando. Quiero decir, cómo dices, la gente normal no tiene muchos conocimientos sobre la cuestión y el acoso afecta a la comunidad trans. Pero, en general, la gente no tiene sentimientos especialmente fuertes hacia el tema, por eso es fácil hinchar el debate.

El gobierno británico ha escogido la opción nuclear.

¿Podría ser que también estén poniendo a prueba el mecanismo y que quieran sentar un precedente para saber qué pasaría si lo volvieran a hacer?

Es una posibilidad, pero, de nuevo, ahora está fuera de su control. Esta estrategia habría tenido más sentido si hubieran utilizado el Tribunal Supremo, porque entonces son ellos los que controlan el proceso. Pero han escogido esta vía-- yo lo denomino la opción nuclear-- que en realidad no está diseñada para utilizarla nunca. Es una especie de disuasión para evitar que el Parlamento escocés interfiera en asuntos de seguridad nacional.

¿Cree que se está judicializando el conflicto con el Estado británico?

En un cierto sentido, sí. No obstante, en este caso hay una ligera diferencia: el gobierno del Reino Unido no se remite a los tribunales, es el gobierno escocés el que lo hace en su sistema judicial. Pero hay una distinción en Escocia, porque, históricamente, siempre ha tenido un sistema legal independiente, desde que pasó a formar parte del Reino Unido. Tenemos una tradición diferente.

¿Considera que el veto por parte del gobierno central refuerza el independentismo?

Sí, pero también hay una debilidad. El problema del SNP es que la autodeterminación de género los divide como partido. Muchos de sus miembros que han protagonizado campañas en contra de ampliar los derechos de las personas trans no se han posicionado sobre el veto del gobierno británico, aunque para ellos se trate de un ataque flagrante a la democracia.