El presidente de la Sala Primera de la Cort Suprema del Brasil, Cristiano Zanin, ha abierto este martes la primera sesión de la fase final del juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores, que ha sido marcado por las injerencias del presidente de los Estados Unidos y aliado del exmandatario brasileño, Donald Trump. Después de la lectura del acta del proceso por parte de Zanin, el magistrado del caso, el juez Alexandre de Moraes, ha leído el informe del caso, en el cual afirma que los acusados intentaron imponer "una verdadera dictadura" en el país sudamericano, acusación por la cual las 8 personas juzgadas pueden recibir penas de hasta 40 años de prisión. "Solo queda lamentar que en la historia republicana haya habido un nuevo intento de golpe contra las instituciones y contra la democracia por instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura", ha dicho el juez en la primera de las sesiones de la fase final del juicio, que se extenderá hasta la próxima semana, a Brasilia.
Los acusados que serán juzgados en esta fase integraban lo que la acusación califica de "núcleo" de una trama golpista que, después de las elecciones de octubre de 2022, fue urdida por el líder de la ultraderecha brasileña con el objetivo de mantenerse en el poder, según sostiene la Fiscalía, después de su derrota a manos del actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, la cual se negó a reconocer. Según la Fiscalía, Bolsonaro animó protestas violentas y el bloqueo de carreteras por parte de los camioneros, todo en el marco de una conspiración que pretendía impedir la investidura de Lula y mantener el poder a manos del ultraderechista. Este movimiento incluyó campamentos de activistas ultras delante de la puerta de numerosos cuarteles del ejército brasileño, en los cuales se pedía abierta y públicamente un golpe de Estado para echar a Lula.
Los acusados formaban una "organización criminal"
El juez De Moraes ha empezado la lectura del informe del caso afirmando que una "verdadera organización criminal" intentó romper el orden democrático en un momento en el cual el país atravesaba "una nociva, radical y violenta radicalización política". El magistrado ha citado que, desde el grave asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para incentivar una intervención militar contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, el Supremo ha dictado cerca de 700 condenas relacionadas con este episodio. En este sentido, el juez ha pedido que no se confunda el proceso de pacificación con la impunidad, afirmando que "la historia enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación porque el camino más fácil, el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas y corroe la democracia".
La democracia se defiende, según el fiscal general
Por su parte, el fiscal general, Paulo Gonet, ha afirmado que, con este proceso, la democracia se defiende en su declaración, posterior a la del juez De Moraes. Paulo Gonet, que es el responsable de la acusación en el proceso, ha dicho ante el tribunal que los hechos que se juzgan "son extremadamente graves" y que su denuncia presenta "un panorama espantoso y tenebroso". En sus primeras palabras ha hablado de "una trama urdida y puesta en práctica por medio de actos coordinados" que tenía como objetivo "abolir el estado democrático de derecho". Si bien el fiscal del caso ha admitido que los ocho acusados, incluido el mismo Bolsonaro, no participaron de "todas las fases del golpe", ha sostenido que "todos colaboraron en cada etapa del proceso" con la intención de consumar un golpe de Estado. Según la acusación, la trama golpista fue discutida incluso antes de las elecciones de octubre de 2022, empezó con una dura campaña contra el sistema electoral y tomó forma concreta después de la derrota de Bolsonaro a las urnas.
Una vez acabada la declaración del fiscal, será el turno de las defensas de los ocho acusados, entre los cuales figuran exministros y antiguos jefes militares del gobierno de Bolsonaro (de 2019 a 2022), cada uno con una hora de tiempo, y el juicio quedará listo para una sentencia en que tiene que ser dictada en tres sesiones la semana que viene, entre los días 9, 10 y 11 de septiembre. El proceso, uno de los más importantes de la historia reciente del Brasil, ha sido, además, marcado por las injerencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha sancionado a varios jueces del Supremo brasileño, entre ellos el mismo De Moraes, y ha impuesto aranceles del 50% en el Brasil en represalia por el juicio, que considera una "caza de brujas" contra su aliado político. No obstante, De Moraes ha afirmado que "este intento de obstrucción no afectará a la imparcialidad de los jueces del tribunal".