La Fiscalía de Brasil da un paso adelante y pide prisión para el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de haber liderado un golpe de Estado después de las elecciones de 2022, cuando fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. El fiscal general, Paulo Gonet, presentó este lunes su resolución y no cambió nada con respecto a la denuncia presentada el pasado mes de febrero. Después de los interrogatorios y de recopilar pruebas durante los últimos meses, considera que no hay dudas de que Bolsonaro lideró la trama para quedarse en el poder. Así pues, exige que sea condenado por cinco delitos: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio y deterioro de patrimonio protegido. Todas las penas suman más de 43 años de prisión. El fiscal brasileño resuelve que el expresidente generó "de manera consciente un ambiente propicio a la violencia y al golpe" y aprovechó las estructuras y recursos del Estado "para fomentar la radicalización y la ruptura democrática".

Condena a todos los implicados en el golpe de Estado

Aparte de Bolsonaro, la Fiscalía también pide que se condene a los otros siete integrantes del "núcleo crucial" de la trama, así como exministros y altos mandos militares de confianza de Bolsonaro que colaboraron en la estrategia golpista. Los que podrían enfrentarse a una misma condena que Bolsonaro son el excomandante de Marina Almir Garnier, el único de los tres comandantes que se puso al servicio del golpe, el exministro de Justicia Anderson Torres; el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el general Walter Braga Netto, que fue jefe de gabinete, ministro de Defensa y aspiraba a ser vicepresidente. Desde el mes de diciembre está en la prisión por intentar interferir a la investigación. El exsecretario personal de Bolsonaro, Mauro Cid, llegó a un pacto con la Fiscalía para conseguir beneficios penales a cambio de dar información. Sin embargo, la Fiscalía pide que se le aplique un tercio de la condena.

La investigación concluye que el golpe no prosperó porque los militares consiguieron sufragar la situación. El plan incluía el asesinato de Lula da Silva, así como del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez que instruye el caso, Alexandre de Moraes, enemigo número uno de la extrema derecha brasileña. El 8 de enero de 2023, cuando Lula solo hacía una semana que lideraba el gobierno brasileño, miles de radicales ocuparon los principales edificios institucionales del país. Para la Fiscalía, todos los movimientos han quedado probados por los protagonistas, que dejaron una gran cantidad de grabaciones, manuscritos, intercambios de mensajes, así como archivos digitales.

Ahora, se abre un plazo para que los imputados puedan presentar sus alegaciones finales. Se espera que el juicio quede visto para sentencia el próximo mes de septiembre.