Acaba de producirse una nueva injerencia judicial en el nivel de catalán que deben tener los chóferes que se encargan de trasladar a los miembros de la Mesa del Parlament a raíz de una denuncia formulada por una entidad unionista que lleva por nombre Convivencia Cívica Catalana. Antes que nada, un apunte: el nivel de persecución a todas las instancias para tratar de mantener a flote la lengua catalana está siendo tan alto, que la intromisión de los jueces desarbola cualquier intento de mantener la lengua propia del país en unas coordenadas de mínima supervivencia. Vayamos al caso concreto: la demanda que se planteó pedía impugnar las bases del concurso público para contratar chóferes y ahora la fiscalía del TSJC acepta que el nivel requerido debería ser el B1 (elemental) y no el solicitado por el Parlament, el B2 (intermedio).  

¿Cuál es la diferencia? Según el Institut Ramon Llull, que detalla los diferentes certificados de lengua catalana, el B1, nivel elemental, acredita el dominio del uso de la lengua que permite comunicarse con efectividad y autonomía en situaciones sociales de comunicación propias de la vida cotidiana. El B2, nivel intermedio, uno por encima, acredita el dominio del uso de la lengua que permite comunicarse con flexibilidad y corrección en situaciones de comunicación coloquiales o de formalidad mediana que no requieran un uso especializado de la lengua, propias de la vida cotidiana. Por debajo del B1, solo hay uno más, el A2, nivel básico, que acredita el dominio básico del uso de la lengua que permite enfrentarse a situaciones de comunicación de poca complejidad, propias de la vida cotidiana. En cambio, por encima del nivel que solicitaba el Parlament y que la fiscalía considera exagerado, hay dos. El primero, el C1, nivel de suficiencia, que acredita el dominio del uso de la lengua que permite comunicarse con seguridad, adecuación y corrección en situaciones de comunicación que requieren un cierto grado de formalidad.

Cada vez son más los casos conocidos en los que se rebaja el nivel de exigencia para ser atendidos correctamente en catalán

Y también, el nivel superior C2, que acredita el dominio del uso de la lengua que permite expresarse con espontaneidad, flexibilidad, complejidad, fluidez y corrección, y que permite producir un discurso, oral o escrito, adecuado al destinatario, a la finalidad comunicativa y al registro que exige la situación; como también entender y crear una amplia gama de textos largos y complejos relevantes y representativos de los ámbitos académico y laboral. De los cinco niveles, por tanto, quedarse en el intermedio del B2 no parece, ni mucho menos, exagerado, ni establece, como se dice, una barrera de entrada y un requisito excluyente que impide de manera desproporcionada y generalizada el acceso a la función pública. ¿Acaso es desproporcionado que se tenga que superar para poder ser chofer del Parlament una prueba cuya finalidad es evaluar la capacidad del examinante para afrontar un amplio abanico de situaciones de comunicación con un cierto grado de independencia lingüística —no necesita confiar en estructuras y fórmulas fijadas ni limitarse a turnos breves de intervención—? ¿Y que tenga que demostrar un grado suficiente de recursos lingüísticos que le permitan expresarse de forma bastante precisa, fluida y correcta?

La semana pasada, tuvimos un nuevo ejemplo de la injerencia judicial en materia lingüística. Vic se convirtió en el primer ayuntamiento de Catalunya condenado por exigir un nivel de catalán considerado desproporcionado para acceder a una plaza de trabajo en el consistorio. El municipio, gobernado por Junts, había pedido un nivel B2 de catalán para optar a una plaza de operario de cementerio y mantenimiento, pero ahora el Juzgado Contencioso Administrativo número 15 de Barcelona ha declarado nulas las bases del concurso público y ha ordenado al Ayuntamiento que rebaje el requisito al nivel A2, es decir, el nivel básico, el más bajo de los cinco existentes. Después nos quejaremos de como está el catalán, su uso y el retroceso en la vida cotidiana y en la relación de la ciudadanía con la administración en sus diferentes niveles. Cada vez son más los casos que conocemos y se rebaja así el nivel de exigencia de ser atendidos correctamente en catalán. No es tan difícil: ser atendidos igual que sucede cuando se habla en castellano. Solo eso. No tendría que ser tan difícil de entender. Poder vivir en catalán, en Catalunya.