El comisario jubilado José Manuel Villarejo se ha librado de una nueva condena -acumula varias- porque la justicia sostiene que actuó de forma privada y no como comisario de la policía española, aunque estaba en activo. Este es el razonamiento central de la Audiencia Nacional para absolver a Villarejo, a quien la Fiscalía le pedía  23 años y medio de prisión por los delitos de soborno, descubrimiento y revelación de secretos y  falsedad en documento mercantil en la pieza 23 del caso Tándem. En este procedimiento, Villarejo recibió el encargo del empresario andaluz José Moya Sanabria, ya fallecido, para que le ayudara a resolver el conflicto que mantenía con la compañía Martinsa Fadesa y con su presidente, Fernando Martín, con el fin de recuperar la inversión de cien millones de euros que había hecho en esta inmobiliaria, en 2011. Villarejo y su socio, Rafael Redondo, cobraron por este trabajo medio millón de euros.

En la sentencia, comunicada este miércoles, los magistrados de la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absuelven a Villarejo y Redondo (la Fiscalía le pedía cerca de 19 años de prisión) de todos los delitos. “Este tribunal no considera probado que la actuación llevada a cabo por el acusado José Manuel Villarejo Pérez, con la participación del también acusado Rafael Redondo Rodríguez, tuviera relación con las funciones públicas del primero, como comisario del Cuerpo Nacional de Policía, adscrito al DAO”, manifiesta el tribunal.

 

Complejo entramado societario

En la resolución, el tribunal no esconde que Villarejo y Redondo usaron medios de investigación especiales, y de uso habitual en los cuerpos policiales, pero -asegura- que no se ha perjudicado a la administración pública.

Así, detalla que los servicios contratados por Moya Sanabria en 2011 dieron lugar al denominado proyecto Saving y fueron prestados a través del "complejo entramado societario del que Villarejo era titular real, denominado Grupo Cenyt". Por este proyecto, en el que colaboró Rafael Redondo como abogado y asesor jurídico, los acusados cobraron algo más de medio millón de euros a través de la sociedad Persan de Moya Sanabria.


El tribunal expone que la investigación del proyecto Saving, comprendió la obtención de información sobre diferentes personas que habían tenido alguna relación, bien con la inversión realizada por Moya Sanabria en Martinsa Fadesa, bien con el procedimiento concursal que afectó a esta compañía. En concreto, indica la resolución, los acusados "obtuvieron el tráfico de llamadas" de Antonio Fernández López, presidente del banco de inversión Ahorro Corporación, que era quien había ofrecido a José Moya Sanabria la oportunidad de invertir en Martinsa Fadesa y sospechaban que podría haber actuado de connivencia con Fernando Martín para perjudicarlo.

Ningún perjuicio a la administración

La Audiencia Nacional añade que "no se considera que con los hechos cometidos se persiguiera causar un menoscabo a la Administración Pública en beneficio propio, sino conseguir unos intereses particulares lucrativos" mediante la realización de una investigación privada solicitada por José Moya Sanabria. "En definitiva, estamos ante una actuación absolutamente privada, de tal forma que el pago de las cantidades abonadas responde exclusivamente a la contraprestación de los servicios realizados dentro del ámbito de dicha actuación privada”, sostiene.
 
Finalmente, la Sala analiza los delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares cometido por funcionario público que la Fiscalía atribuye al comisario y señala que "no se considera probada la comisión del delito previsto en el artículo 198 del Código Penal, dado que "no se ha acreditado que el acusado Villarejo haya actuado prevaliéndose de su cargo para acceder a tráfico de llamadas de las personas a las que estaban investigando".