Nuevas revelaciones de las maniobras ocultas de Leire Díez. La conocida como fontanera del PSOE, aunque ella niega este calificativo, está investigada por un juzgado de Madrid por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por sus maniobras contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. ElNacional.cat ha tenido acceso al sumario de la causa, en el que consta la denuncia que presentó el fiscal José Grinda ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada después de reunirse con el periodista Pere Rusiñol el 27 de febrero de 2025 en la terraza del Mercado Barceló de Madrid. El fiscal quería “poner en conocimiento” que se le estaba proponiendo realizar actuaciones “contrarias al Derecho”. “Me ha dicho que tenía una propuesta de alguien, sin decirme quién o quiénes, haciéndome entrega, para que lo leyera, de un papel doblado en cuatro partes”, relataba. La propuesta era proporcionarle un destino en el extranjero y liberarle de una demanda contra él pagando a la demandante el triple de lo que le pedía en un procedimiento judicial.
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¿Qué tenía que hacer él a cambio? Por un lado, tenía que comprometerse a “explicar el origen de la investigación” de Sandro Rosell y “dar explicación” de sus visitas al CNI, que “se calificaban como extrañas”. La fuente de esas visitas sería Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Sandro Rosell fue absuelto por la Audiencia Nacional de los delitos de blanqueo de capitales y grupo criminal después de haber pasado 21 meses en prisión preventiva. Hace diez meses, en la comisión de investigación sobre la operación Catalunya del Congreso, el expresidente del Barça proclamó que la jueza Carmen Lamela, que es quien lo envió a la cárcel, es “corrupta o inútil” y denunció que Hacienda “usa las inspecciones como arma”.
Además, el documento que leyó el fiscal Grinda le decía que tenía que “proceder al archivo” de una batería de procedimientos “reconociendo o diciendo” que habían sido “fruto o consecuencia de actuaciones abusivas”. Eran el caso del 3%, el caso de la Banca Privada de Andorra y del Banco Madrid (sobre las maniobras para hacer caer los dos bancos), el caso de las Aigües de Girona (en el que Carles Puigdemont estaba investigado y que acabó archivado), el caso Drago (que investigaba a Oleguer Pujol y que la Audiencia Nacional archivó) y el caso Zed. Finalmente, tenía que “ofrecer los secretos de actuaciones delictivas” de su jefe, Alejandro Luzón, que “llevarían a su destitución”.
Después de leer el documento que le entregó Pere Rusiñol, sin que José Grinda pudiera hacerle una foto o quedárselo, el periodista le comentó que él entendía que la persona que “pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire”. “Mi convicción en ese momento es que Leire tenía que actuar por su cuenta y riesgo, […] porque entiendo que ni el PSOE, ni el Gobierno podían avalar tal barbaridad, ni siquiera conocer”, manifestó cuando declaró como testigo en la Fiscalía Provincial de Madrid en junio de 2025.
“Tengo la convicción de que se lo ha dado Sandro Rosell”
De hecho, su denuncia y su declaración delante de la Fiscalía de Madrid fueron las que llevaron a la Fiscalía a pedir al juez Arturo Zamarriego que rectificara la decisión de no investigar las denuncias de los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda. Durante su declaración, Grinda relató que preguntó directamente a Pere Rusiñol quién le había dado el papel que llevaba impreso. “No puedo decírtelo”, le contestó. “Tengo la convicción de que se lo ha dado Sandro Rosell”, manifestó delante de la Fiscalía. “En ese momento yo distingo quién le había dado el papel y quién había elaborado el papel. Mi convicción es que se lo dio Sandro Rosell porque ambos son amigos. Yo he estado comiendo y cenando con ambos”, relató.
Su deducción fue que el origen del documento tenían que ser “personas que están detrás o bajo investigación en los procedimientos mencionados en la denuncia”. “Mi conclusión es que detrás del papel están las personas relacionadas con los procedimientos que no cuadran con la llamada operación Catalunya”, alegó. Además, recordó que Pere Rusiñol le dijo que hacía una semana había estado cenando con Leire Díez, Sandro Rosell y Javier Pérez Dolset.
Una “propuesta de soborno y de prevaricación”
En la denuncia, José Grinda presentó a Pere Rusiñol como un “amigo”. Sin embargo, en su declaración en la Fiscalía de Madrid enfrió un poco su relación: “El motivo de la cita fue un eventual encuentro porque le consideraba amigo, ya no tanto”. Además, aseguró que él le dijo que en el encuentro no actuaba como periodista, que no conocía el contenido del documento y que venía enviado por personas. “Obviamente, la mera referencia a que yo pueda actuar en contra del criterio de legalidad y el ofrecimiento de algún tipo de beneficio lo entiendo como tan propuesta de soborno y como una propuesta de prevaricación”, remachaba el documento de la denuncia.
En diciembre del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción cerró filas con José Grinda después de las críticas que había recibido a la comisión de investigación sobre la operación Cataluña: “Está sujeto al oportuno control judicial y, en el ámbito interno, a los principios de jerarquía y de unidad de actuación”, recordó el Ministerio Público, que reprobó que se le atribuyeran “motivaciones espurias o actuaciones irregulares”.
“Este acuerdo estaría avalado por las más altas personas del Estado”
“Se decía que este esta oferta ya no tenía vuelta atrás y que se debía realizar todo en la más estricta confidencialidad, sin acudir al auxilio de terceras personas y sin acudir al Fiscal General del Estado”, recordaba el fiscal Grinda en la denuncia. “Creo que al principio del documento se decía también que este acuerdo estaría avalado por las más altas instituciones o personas del Estado y, como conclusión, decía que este acuerdo lo avalaba una alta instancia del Estado”, añadía.
Asimismo, negaba categóricamente que se hubiera planteado colaborar con Pere Rusiñol. “No sé quién o quiénes han hecho esta propuesta y, en todo caso, soy funcionario público y, por consiguiente, no voy a actuar en contra de la ley”, subrayaba. También señalaba que él no había pedido protección y que solo había hablado con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y con José Luis Rodríguez Zapatero para “conseguir comparecer” en la comisión de investigación del Congreso. Y lo dejaba claro: “Desconozco cualquier elemento de conducta delictiva de mi jefe y, desde luego, no puedo ofrecer información ni de conducta delictiva ni de conducta comprometida de mi jefe”.