Como en muchas de las tragedias que se producen en España, los 13 jóvenes que han perdido la vida en el incendio de las tres discotecas de Murcia durante este fin de semana no han sido únicamente víctimas de la desgracia. Ha habido, además, una actitud que cuesta de calificar por su enorme gravedad por parte de los responsables políticos que han permitido que, teniendo dos de ellas orden de cierre desde 2022 y habiéndose ordenado su clausura, siguieran funcionando. Ya sé que esa situación no es única de la ciudad de Murcia y que lamentablemente suele ser muy habitual. Pero a veces la imprudencia o la negligencia, ya decidirán los tribunales, se acaba convirtiendo en una gran desgracia y nadie quiere entonces hacerse responsable. Horroriza pensar, en estas circunstancias, que ningún cargo del Ayuntamiento, empezando por el de más arriba, se sienta concernido con el siniestro y no haya dado un paso al frente, aunque sirva de bien poco a estas alturas, y se haya ido directamente a su casa.

Sobre por qué no se habían ejecutado las órdenes de cierre, escucharemos todo tipo de explicaciones y veremos como la responsabilidad de la desgracia va irremediablemente bajando y bajando, hasta acabar en el eslabón más débil de la cadena. Lo vimos en el caso del accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en Angrois, Galicia, donde murieron 80 personas y otras 145 sufrieron lesiones de diferente gravedad. Al final, después de varios años, la Fiscalía acabó señalando al maquinista como único responsable del accidente del Alvia y pidió cuatro años de cárcel por imprudencia profesional grave. Poco importó, o no se consideró decisivo, que varios maquinistas hubieran trasladado a sus jefes que la entrada en la estación de Santiago era complicada por la curva de A Grandeira donde se produjo el descarrilamiento. 

El ocio nocturno, ya se sabe, genera muchos ingresos para las arcas municipales y ello le da una enorme fuerza a la hora de negociar con los ayuntamientos. Se calcula que en España factura alrededor de unos 20.000 millones de euros, lo que representa el 1,8% del PIB español, y da empleo a más de 200.000 personas, especialmente jóvenes. Nadie está dispuesto a renunciar a estos ingresos, y supongo que así se iba ganando tiempo. Algún listo, incluso, debió pensar que a lo mejor tampoco había para tanto y que con alguna advertencia se podía ir haciendo. Pero, al final, ha habido 13 muertos y alguien debe hacerse responsable del incendio. Porque si la orden de cierre se hubiera cumplido, las víctimas aún estarían vivas y a ellas nadie les dijo que el local no tenía licencia desde enero de 2022 y, en consecuencia, que el local era ilegal desde hacía 20 meses aproximadamente. A lo mejor no hubieran ido todos estos jóvenes la noche del sábado y hoy todo sería diferente.

Demasiadas veces los ciudadanos comprobamos que no estamos en buenas manos y que las administraciones nos fallan más de la cuenta. Habría que poner remedio y quizás no se trata de poner normas más restrictivas, sino de que las que existen se acaben cumpliendo. Es muy sencillo, pero en realidad no lo es. Hay demasiados resquicios, muy poco rigor y falta de responsabilidad. Porque otro local del dueño de las discotecas de Murcia ardió en 2019 y siguió funcionando. Muchas cosas se han hecho muy mal, empezando por no precintar los locales que carecían de licencia. Dice el Ayuntamiento que se personará como acusación particular tras constatar las irregularidades de las discotecas. En fin, este es un Estado muy sui generis en el que el primer principio es no asumir ninguna responsabilidad. Y así va.