Cómo debe de sentirse de cómodo el Gobierno español que, además de descafeinar la denominada mesa de diálogo con Catalunya y hacerse el gallito en el tema de la ampliación del aeropuerto del Prat imponiendo un lo tomas o lo dejas, ahora acaba de cruzar una línea roja con el anteproyecto de ley de comunicación audiovisual que en breve irá al Consejo de Ministros y acabará siendo la ley audiovisual. Las demandas catalanas de protección de cuotas obligatorias para el catalán en las cadenas de televisión y, sobre todo, en las grandes plataformas como Netflix, HBO, Movistar o Disney, por citar tan solo a cuatro, no han sido atendidas. En consecuencia, el catalán queda condenado a la marginalidad —como también el gallego y el vasco— ya que su uso queda al albur de decisiones de las plataformas que siempre podrán cubrir el porcentaje necesario con producción en castellano.

No sé hasta que punto la actitud del Govern en esta cuestión va a ser todo lo beligerante que debería ser, ya que estamos ante una cuestión capital por el imparable retroceso del catalán que vienen mostrando todas las estadísticas. El anteproyecto de ley es inaceptable no solo para el independentismo, sino que también lo sería para formaciones como los comunes o el PSC si tuvieran el posicionamiento de antaño. No estamos hablando de otra cosa que de política autonómica, en la que estamos inmersos aunque no nos guste, y que se atienda una necesidad imperiosa respecto a lo que se considera, por ley, "una lengua oficial del estado español".

Reclamar cuotas lingüísticas para una ley como la del audiovisual no es en estos momentos un capricho sino una necesidad apremiante. Las plataformas de televisión ya copan una parte muy significativa del mercado audiovisual y este porcentaje no hará más que crecer. Blindarse aquí y no dar el brazo a torcer es una exigencia para cualquier gobierno que se considere catalanista. Las últimas estadísticas reflejan, por ejemplo, que ha habido un fuerte retroceso del uso del catalán en los jóvenes. En Barcelona, en 2015 era la lengua habitual para el 35,6% y, en 2020, tan solo cinco años después, había retrocedido al 28,4%, más de siete puntos. En este mismo período el castellano había pasado de ser la lengua habitual para el 56,5% de los jóvenes al 62,1%.

El catalán se encuentra en una situación de emergencia lingüística con frentes abiertos en todos los niveles y desde todas las ópticas del estado español: cuando no es la administración de justicia con su oposición a incrementar su uso, son los jueces con sus sentencias sobre la escuela catalana, o las leyes de educación de los sucesivos ministerios del ramo o los intentos del Gobierno español de acabar debilitando la lengua propia de Catalunya a través de leyes marco o de decretos cuidadosamente pensados.

Es de prever que en las próximas horas haya muchas declaraciones al respecto. Algunas ya han empezado. No será, obviamente, suficiente ya que el Gobierno español ha puesto la directa con una táctica muy vieja: aprieta el acelerador y luego busca una mínima compensación después de un agotador debate. En esta ocasión habrá que utilizar las mayorías parlamentarias con inteligencia. Y trasladar al PSOE que la mayoría parlamentaria variable buscando una alianza con PP o Ciudadanos sobre este tema tendrá consecuencias. Porque este es el único lenguaje que se entiende en Madrid.