Hace más una ley de comunicación audiovisual estatal por el castellano que la Oficina del Español dirigida por Toni Cantó. El gobierno central se prepara para aprobar una ley del audiovisual estatal, que entre otras cosas obliga las grandes plataformas a ofrecer un amplio catálogo en lengua española. En cambio, no prevé ninguna protección reforzada para otras lenguas del Estado, como el catalán, en situación más desfavorable. Así se desprende de la última versión del anteproyecto de ley, comandado por el Ministerio de Economía, que se puede encontrar publicado en la página web del departamento. Después de una segunda audiencia pública, la previsión es que vaya pronto al Consejo de Ministros.

Era una demanda del Govern de la Generalitat y también del sector audiovisual catalán, que exigían la fijación de porcentajes obligatorios del catálogo y de inversión en producción en catalán por parte de cadenas de televisión o grandes plataformas como Netflix y HBO.

Pero oídos sordos. Con respecto a las plataformas digitales, el anteproyecto de ley establece que un 30% de su catálogo tiene que estar dedicado a obras europeas, como establecen las directrices de la Unión Europea. De este porcentaje, según el borrador, "como mínimo el 50%" será para producciones en castellano "o" en otras lenguas del Estado. Por lo tanto, estas plataformas tendrán la posibilidad de escoger el camino fácil (el castellano) u otras lenguas oficiales del Estado. Va en contra de lo que ha reclamado la Generalitat, que exigía una protección especial y garantías de inversión para la lengua catalana.

Con respecto a los "prestadores de servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal" (cadenas de televisión tradicionales) se establece que al menos el 51% de su programación anual se tiene que reservar para producciones audiovisuales europeas. Y de este porcentaje, como en el caso de las plataformas, al menos la mitad se tiene que reservar a "obras en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas".

El pasado julio, la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, reclamó ante el pleno del Parlament que la nueva ley, obligada por Bruselas, incluyera "cuotas lingüísticas" para las plataformas audiovisuales. Concretamente, de un 30% para las lenguas cooficiales dentro del porcentaje del 50% para producción europea."Estamos decididas a intervenir, a defender una buena ley del audiovisual y sobre todo a proteger la lengua y la cultura catalanas", aseguraba Vilagrà.

Esta ley nace de la transposición de la legislación europea, que fija una serie de derechos y obligaciones en las plataformas de pago y a las plataformas de intercambio de vídeos (YouTube o TikTok). Este anteproyecto de ley, sin embargo, complicará las relaciones con el Govern de la Generalitat, y especialmente con ERC, de quien dependerá la aprobación de los nuevos presupuestos del Estado este otoño.

El sector audiovisual catalán, en alerta

Durante la fase de revisión del anteproyecto, el sector audiovisual catalán ya presentó alegaciones justamente para establecer unos mínimos de oferta en las otras lenguas oficiales del Estado, así como para que se tuviera en cuenta la producción independiente local. De la misma manera, hay temor a que la nueva ley suponga una recentralización de las competencias que hasta ahora está ejerciendo el CAC, el Consejo del Audiovisual de Catalunya. Con esta iniciativa estatal, buena parte de las funciones del CAC –seguridad y control de contenidos- recaerán en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española.

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