La alfombra del Govern a Oriol Junqueras para la firma de los presupuestos de la Generalitat ya ha salido del armario, para ser correspondientemente desplegada, y es solo cuestión de días la rúbrica del president de Esquerra Republicana. El primer acto de la obra titulada Catalunya tiene presupuestos se escenificó este jueves con la firma entre el president Salvador Illa y Jéssica Albiach, la presidenta del grupo parlamentario de En Comú Podem en la Cámara catalana de un documento que dará mucho que hablar y que contempla, entre otras cosas, la prohibición de lo que ambos partidos definen como la compra especulativa de vivienda en Catalunya, una medida que pretende luchar contra la crisis de la vivienda y que, según el sector, va en la dirección contraria y acabará pasando como con otras iniciativas que lo único que hacen es retraer viviendas del mercado de alquiler.

Algunos ejemplos bien intencionados en apariencia han tenido en los últimos años, ciertamente, el efecto contrario. Pero era una reivindicación de la formación de Albiach para otorgar los votos de sus diputados al PSC, y el equipo de Salvador Illa ha acabado transigiendo con esta drástica medida. El acuerdo contempla modificar la ley de urbanismo con el objetivo de prohibir la compra especulativa de vivienda y que en las denominadas zonas tensionadas —que, en Catalunya, son hoy 271 municipios donde vive más del 90% de la población—, el objetivo es que la compra de pisos se destine a vivienda habitual. Los grandes tenedores solo podrán comprar edificios enteros y con la condición de que las viviendas se destinen al alquiler y con el precio topado que marca la ley. En el caso de los pequeños tenedores —propietarios de hasta 4 viviendas— se hará una excepción siempre y cuando las viviendas adquiridas se utilicen como residencia propia o de algún familiar o se pongan en alquiler dentro de los topes que marca la ley. La Generalitat sería así el primer gobierno autonómico que aborda este cambio normativo en el Estado, entre pronunciamientos de juristas que cuestionan que pueda llegarse a hacer.

Esquerra ya tiene encarrilado su sí a los presupuestos, pendiente de los últimos flecos

La proposición pactada entre el Govern y Comuns incluye un inciso sobre las segundas residencias. Establece que en las zonas de mercado residencial tensionado se podrá adquirir "excepcionalmente" una vivienda diferente a la habitual siempre y cuando sea "la única segunda residencia de la persona adquiriente" y esté situada en un municipio diferente al de su residencia habitual. Además, no se podrá destinar en ningún caso a alojamiento turístico o de temporada. La CUP aún va un paso más allá y plantea prohibir la compra de segundas residencias en zonas tensionadas con el argumento de "una familia, una vivienda, para todos". Este debate no ha hecho, por tanto, más que empezar y veremos cómo aguantan las costuras de los socios —PSC, comunes y Esquerra—, que tienen mayoría absoluta en el Parlament, la posición de la oposición en una materia tan sensible y la radical discrepancia del sector en un momento en que la constitución de hipotecas ha crecido significativamente en Catalunya en los últimos tiempos.

Pero, completado el primer acto de una obra en dos actos, ahora estamos en el intermedio. El Govern aspira a que este intervalo sea muy corto y Esquerra ya tiene encarrilado su sí, pendiente de los últimos flecos. A partir del sábado puede ser en cualquier momento, ya que el principal escollo —la cesión del 100% del IRPF— ha desaparecido después de que Esquerra hiciera un movimiento muy significativo el lunes para facilitar el acuerdo, retirando las proposiciones de ley con los cambios legales necesarios para la cesión del impuesto que había tramitado en el Congreso y que debía entrar ya en el pleno. ERC buscará desatascar este tema de otra manera y ha pasado a priorizar el consorcio de inversiones, otro de los compromisos del PSC pendiente de concreción. Aquí las cosas son mucho más fáciles, ya que no afecta de pleno, en principio, a la ministra-candidata de Hacienda, María Jesús Montero. Y además, es extendible, si el gobierno de Pedro Sánchez quiere, a todas las comunidades autónomas.