Con muy pocos minutos de diferencia se conocerá este martes por la mañana la decisión final sobre el reconocimiento del catalán en las instituciones europeas y si el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha elevado al Consejo de Ministros la opa del BBVA sobre el Banc Sabadell. Son dos decisiones trascendentes para Catalunya: la primera afecta a su identidad y su reconocimiento como nación con lengua propia y que es hablada por más de 11 millones de personas en un territorio que abarca cuatro estados: España, Francia, Andorra e Italia. El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea tiene que adoptar una decisión en Bruselas que precisa que no haya ningún voto contrario entre los 27 estados de la UE. Y que también servirá para constatar la musculatura del gobierno español, su influencia política en el conjunto de la Unión y la capacidad de ofrecer contrapartidas a los países más reacios y conseguir seducirlos. Porque en el club europeo nada sale gratis y todo tiene un precio.

El ministerio de Asuntos Exteriores ha rebajado las expectativas de éxito que desde el Gobierno y el PSOE se le habían trasladado a Junts per Catalunya el pasado viernes y ahora se pone el acento en las presiones del Partido Popular y Vox para amarrar la oposición de los gobiernos que tienen mayoría democristiana o de la extrema derecha. De hecho, con un solo voto en contra, la oficialidad del catalán sería papel mojado y habría que esperar una nueva oportunidad. Se le volvería a dar una patada hacia adelante y sin fecha. Porque la política tiene también sus tiempos y si ahora hay un interés mayor por parte del gobierno español en que salga se debe a la presión que ha hecho la formación de Carles Puigdemont para situar este tema arriba de todo, ya que el compromiso se remonta a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en noviembre de 2023. Veinte meses después, Junts ha hecho saber a la Moncloa que las relaciones podrían entrar en una fase diferente si no sacaba adelante este compromiso.

Si ahora hay más interés del Gobierno por el catalán en Europa es por la presión de Puigdemont

El PP, siempre dispuesto a oponerse a cualquier iniciativa que suponga un reconocimiento del catalán tanto en España como en Europa —¿cómo debe llevar un presidente popular que es gallego la oposición a que el gallego también sea lengua oficial en la UE?— ha hecho, además, bandera pública de ello. Hasta el extremo de presumir de ello desacomplejadamente y explicar la implicación personal del propio Feijóo en las llamadas a mandatarios europeos. Pero no solo eso: Vox ha revelado que los populares les han pedido convencer a gobiernos afines para que veten el catalán en Europa. Eso no lo hubiera hecho ni uno de sus antecesores, Manuel Fraga, lo cual es mucho decir, habida cuenta del pasado que tenía. Un día no muy lejano, es posible que esta actitud les acabe pasando factura en Catalunya y en España, a los populares, porque no todo se olvida siempre. Algo tendrían que haber aprendido de las mesas petitorias del Estatut d'Autonomia, pero el hombre siempre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

Si el Consejo Asuntos Generales de la Unión Europea fijará su posición sobre el catalán en Bruselas, en el palacio de la Moncloa se abordará el tema de la Opa del BBVA sobre el Sabadell. Aunque el ministro Cuerpo ha decretado silencio sobre el particular, a la espera de compartir su decisión con el resto de miembros del ejecutivo, nadie duda que el titular de Economía hará uso de la potestad de modificar las condiciones para que esta se pueda llevar a cabo. Así, no ratificará la operación en los términos aprobados por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y procederá reglamentariamente a elevarla al Consejo de Ministros, con lo que la decisión final no se conocerá, al menos, hasta dentro de un mes, previsiblemente el 27 de junio. Cuerpo también tiene previsto hacer público un informe sobre la consulta pública que hizo a principios de este mes de mayo, aunque ha rebajado su importancia hasta dejarla en un mecanismo adicional de información, para evitar que acabe siendo fuente de nuevos conflictos, incluido los judiciales. Si eso sucede, el BBVA deberá gestionar un nuevo retraso sobre sus expectativas —la opa ya ha cumplido un año y los plazos sobre el final de la misma son ahora inciertos— y ver si su interés sigue siendo el mismo cuando se conozcan las condiciones impuestas por el gobierno.