Por suerte, pocos días ha durado en el seno del Gobierno el apoyo a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que pretende realizar una actualización de la cuota de los trabajadores autónomos a partir de 2026. Actualización no es una palabra mía, sino de la ministra, porque lo que es en realidad es un atraco a los más de 3.405.000 autónomos que hay en España, según datos de marzo de 2025. Como debe haber sido la tropelía de la ministra del ramo, que dos representantes del Gobierno español situados ideológicamente a su izquierda, la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Sanidad, Mónica García, se han pronunciado en contra, señalando abiertamente la primera que desde Sumar la iniciativa no se comparte.
Sorprende que haya sido una ministra socialista la que se haya lanzado por la pendiente de tirarse encima a los trabajadores autónomos, que de prosperar los planes de Saiz perderían poder adquisitivo. La ministra dice que busca con esta medida corregir una brecha de 650 euros en la pensión media entre un autónomo y un asalariado y que la única manera de solucionar esa desigualdad es cotizando por lo que verdaderamente se gana. Una de las cuestiones más controvertidas de la propuesta es el mayor incremento en las cuotas de los tramos más bajos. El presidente de la federación que agrupa a los autónomos ha calificado la medida de sablazo y lamentado el enorme daño hacia los pequeños negocios.
El presidente de la federación que agrupa a los autónomos ha calificado la medida de sablazo y lamentado el enorme daño hacia los pequeños negocios
Más allá de que la propuesta no prosperará porque no tiene el respaldo parlamentario suficiente, a estas alturas de la iniciativa de la ministra del PSOE —solo le apoya el PSOE— sorprende la pérdida de brújula del Gobierno en una iniciativa que no era difícil suponer que todo el mundo estaría en contra. Es cierto que este Gobierno nos tiene acostumbrados a poner encima de la mesa elementos controvertidos para alejar el relato de los temas que menos le interesan, pero de eso a dispararse un tiro al pie hay un enorme trecho. Si una iniciativa así la hubiera llevado a cabo el Partido Popular, se habría podido decir con razón que las medidas de la derecha de hacer pagar a los ciudadanos siempre recaían sobre las rentas más bajas.
Haría bien el Gobierno de modificar el documento con sus propuestas para los próximos años entregado a los agentes sociales a principios de esta semana. Sería inteligente por parte de la ministra porque, sin duda, Gobierno, patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos tienen mucho que hablar. Como tienen mucho que discutir y acordar, en general, Gobierno, patronal y sindicatos. Si no, ya se vio lo que sucedió con la ley de 37,5, impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y que acabó estrellándose al sacarla del marco de la negociación. Empezar de nuevo con unos mimbres diferentes muchas veces no es un error, sino una valorada señal de inteligencia, porque son pocos los que lo acostumbran a hacer.