El modelo de financiación y de inversión pública en España es un debate interminable, carne de quejas y eternas diputas entre los territorios que salen más perjudicados. El dinero es, en parte, el motor del auge del procés soberanista, y uno de los motivos que alega el independentismo para explicar el "maltrato español". Pero este agravio no lo vive sólo Catalunya. Según el Informe Euromedi, el primer informe sobre el sistema fiscal español después del estallido del coronavirus, elaborado por el economista Josep Reyner, junto con Jordi Manent y la Fundació Vincle, concluye que el modelo español lleva implícita una tendencia a la desigualdad autonómica, que perjudica especialmente a las tres zonas de la Eurorregión del Mediterráneo, también conocidas como Països Catalans: Catalunya, Illes Balears y País Valencià.

El informe, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, hace un análisis extenso de las potencialidades de la Eurorregión Mediterránea y de las limitaciones "que le son impuestas", que según las cifras que muestran son, en todos los ámbitos, la aspiradora estatal que es Madrid. Los expertos apuntan, de entrada, a las deficiencias del sistema: un PIB basado en actividades de bajo valor añadido, un sector laboral precario, escasa inversión en I+D y una política de inversión pública y en infraestructuras "insuficiente, ineficiente, megalómana y utilizada como palanca de obtención de votos", que, apuntan, "frena el desarrollo de calidad a muchas zonas del Estado, entre las cuales la Eurorregión", en beneficio de Madrid.

Así pues, el informe avisa que este modelo, junto con el alto fraude fiscal, "a la larga cuestiona las bases de nuestro estado del bienestar", y que "este patrón de crecimiento no es fruto de la casualidad, es un modelo querido, planificado y dirigido de forma deliberada y que beneficia a determinadas élites". Y la conclusión más dura: "Hay un riesgo muy elevado de que la crisis sanitaria suponga un nuevo retroceso en el bienestar y condiciones de vida de la Eurorregión en particular" y profundice en las desigualdades que sufren los tres territorios. Vamos por partes:

El 'Gran Madrid', la aspiradora estatal

Los Països Catalans generan el 31% del PIB español anualmente, y, de hecho, sólo cinco comunidades autónomas producen el 63,3% del PIB total: Madrid, Catalunya, Balears, País Valencià y Andalucía. En cambio, la población de la Eurorregión ha crecido del 27,1% en 1980 hasta el 29,2% en 2018. El hecho de que más gente siga produciendo la misma proporción de PIB evidencia el modelo basado en actividades de menos valor añadido en la Eurorregión, momento en que el informe se pregunta si eso ha sido inducido por las dinámicas de crecimiento del Estado.

Aspiradora estatal, p. 24 © Miquel Ferreres © Fundación Vínculo

Autor: Miquel Ferreres - Fundació Vincle | Cedida

Las conclusiones que se extraen, siguiendo la evolución del PIB per cápita en cada región comparado con la media española, es una tendencia descendente, es decir, que se ha perdido parte de la ventaja comparativa con el resto de regiones españolas. Destacan principalmente Valencia y Balears, que han empeorado mucho durante los últimos años. Al mismo tiempo, el informe pone de manifiesto la mejora sustancial de otras comunidades como Extremadura y Galicia, que en gran parte son influidas por su retroceso poblacional. De hecho, se ha dado un despoblamiento del 57,2% en CCAA como Castilla y León, Galicia, Asturias o Extremadura, de trabajadores que han cambiado de residencia para ir a Madrid.

¿Y qué ha pasado con Madrid? Desde 1980 hasta la actualidad, Madrid ha seguido distanciándose de la media estatal. En 1980 estaba un 19,3% por encima de la media, y en el 2018 estaba ya un 36,2% por encima, y con tendencia positiva. "¿Cómo es posible que una región que no es industrial, ni exportadora, ni atrae grandes cantidades de turistas en relación con otras regiones españolas, ni es un puerto natural marítimo o fluvial y a pesar de su relativa altitud, presente un progreso así?", se preguntan los autores del informe. Los motivos que analiza serían los siguientes.

De entrada, la concentración de todo poder político y regulador de la economía dentro de la misma ciudad, como ministerios, supervisores, organismos, etcétera. Este poder comporta a la vez que a su alrededor se hayan ido acumulando una serie de sectores y actividades relacionadas, dependientes de la actividad económica y política del Estado, como las finanzas, la energía, las telecomunicaciones, las constructoras y muchas otras que "se han ido trasladando o agrandando en torno a los organismos con capacidad de decisión".

Todo eso, según explica el informe, acaba engordando "un modelo de crecimiento radial que convierte Madrid en el centro de todas las comunicaciones viarias, ferroviarias y aéreas que ha ido situando a una gran parte de las regiones españolas en una posición subalterna como suministradoras de los trabajadores con varios grados de calificación que piden los sectores concentrados en Madrid". No tan sólo eso, sino que la acumulación y atracción de riqueza en un mismo territorio se ha dado también por un régimen fiscal atractivo basado en la bonificación del impuesto de patrimonio, el de sucesiones y tipos atractivos de IRPF. En definitiva, la confección del 'Gran Madrid'.

Infografía Madrid centrípeto, p. 27 © Fundación Vínculo

Infografía: Cedida - Fundació Vincle

De esta manera, el estudio concluye que Madrid "aprovecha su capitalidad y la radicación en ella de centros de poder para ejercer toda la capacidad de atracción del conocimiento". Al mismo tiempo, apunta a la excepción de Euskadi o Navarra, que debido a su régimen excepcional puede sustraerse del modelo "de baja productividad imperante". Con todo, apunta también que Catalunya "tiene pérdidas de atracción de conocimiento moderadas, mientras que Valencia y Balears sufren descensos muy importantes".

Financiación autonómica y balanzas fiscales

Como comentábamos, el modelo de crecimiento desigual social y demográficamente entre comunidades se sostiene "gracias a un flujo constante de transferencias interregionales", soportado también por las transferencias procedentes de la Unión Europea desde los fondos estructurales. ¿Y dónde están las balanzas fiscales de cada territorio? Pues bien, ya hace un tiempo que el Estado es reticente a publicarlas, pero a veces otras instituciones lo calculan o se publica porque no hay otro remedio. Basándose en las cifras, el informe asegura que "se evidencia que son básicamente cuatro territorios españoles —los Países Catalanes y Madrid— los que soportan el flujo de transferencias que permiten el funcionamiento general del Estado" y soportan el bienestar de un conjunto de otros territorios que "no generan los recursos necesarios".
Infografia PIB Eurorregión, p. 50 © Fundación Vínculo

Infografía: PIB Eurorregión. Autor: Fundació Vincle

Aparte de las balanzas fiscales, está el entramado de la financiación autonómica. Este está diseñado para que las comunidades puedan ofrecer servicios públicos básicos que tienen transferidos en condiciones similares independientemente de los recursos fiscales que genere cada CCAA. A la hora de la verdad, sin embargo, el sistema de financiación común —el que no es de régimen foral— lleva caducado desde el 2013, momento en que tendría que haber sido renegociado, pero por falta de voluntad política no se hizo. Con todo, el informe calcula que Balears y Catalunya pierden recursos en relación con su capacidad de recaudación. Concretamente, apunta que Balears y Catalunya, que tendrían una capacidad fiscal del 27,3% y del 19,9% superiores a la media, quedan por debajo después de los mecanismos de nivelación. Además, Madrid tiene una pérdida importante, "pero disfruta de un dividendo extra gracias a los extraordinarios recursos que genera por su mayor renta por habitante" inducida por la concentración mencionada.

Infraestructuras, el ejemplo que no pasa de moda

La queja más evidente en inversión —y sobre todo ejecución— son las infraestructuras, por el alto valor añadido que aportan en un territorio, por ser la columna vertebral de toda cadena económica y, también, por el poco margen que dejan a la subjetividad. Con todo, el informe dedica todo un capítulo a hablar no sólo de las infraestructuras, sino de la inversión pública estatal en general, y asevera que la distribución geográfica de la inversión pública realmente ejecutada "no tiene nada que ver con ningún criterio de equidad" ni de oportunidad económica ni social, "sino con claros criterios políticos".

En este sentido, asegura que "las diferencias geográficas en la asignación de inversiones son un total despropósito". Las infraestructuras públicas son un ejemplo del déficit de inversión pública del Estado. El informe concluye que tanto en Catalunya, Balears y Valencia, los tres territorios de la Eurorregión Mediterránea, "hay un déficit histórico y acumulado de infraestructuras notorio que se ha ido generando a lo largo de los años". La alta velocidad es el primer ejemplo que describe el informe y las cifras que se observan en el siguiente infográfico:

Infografía AVE y Rodalies, p. 103 © Fundación Vínculo

Infografía: Fundació Vincle | Cedida

De acuerdo con el organismo mundial International Union of Railways, España es el quinto país en pasajeros por kilómetro a pesar de ser la segunda en kilómetros en red, y según un estudio de los catedráticos Germà Bel y Daniel Albalate, en intensidad de uso, España era el país europeo que menos utilizaba su red de alta velocidad en comparación con los km construidos —4,5 mil millones de pasajeros por cada 1.000 km de red—, lejos de cualquier país europeo o asiático. Según Reyner, sin embargo, "el problema es que esta obra ha costado 51.775 millones de euros, más lo que todavía está pendiente de construir. Pero ni eso ni la deuda heredada que ha supuesto es lo más importante, sino lo que consumirá cada año a partir de ahora".

De hecho, sólo los costes de mantenimiento son de unos 100.000-150.000 euros por kilómetro dependiendo del tramo, y concluye que "ninguna de las líneas de AVE puede llegar a compensar los costes de su construcción más los de mantenimiento. Sólo la línea Barcelona-Madrid tiene posibilidades de compensar los costes y amortizar parte de la construcción". Y también la línea Barcelona-València, que recordemos que todavía no existe. Con todo, según los expertos, apuntan que "es altamente dudoso que la alta velocidad promueva el desarrollo de los territorios menos dinámicos". En este sentido, el informe asegura que "es un mecanismo más para acentuar su dependencia de las grandes metrópolis urbanas".

AVE, p. 100 © Miquel Ferreres © Fundación Vínculo

Autor: Miquel Ferreres - Fundació Vincle | Cedida

Pero como decíamos, el AVE, el corredor mediterráneo y Rodalies son sólo uno de los múltiples ejemplos. El informe completo apunta también a las autopistas rescatadas, un rescate que "acabará costando al Estado entre 4.000 y 5.500 millones de euros"; o los aeropuertos gestionados por AENA, de los que asegura que "la privatización parcial de AENA fue un negocio redondo para los fondos de inversión que entraron en el capital, pero ruinoso para el estado español" y los agravios del aeropuerto del Prat.

Fuga de sedes empresariales

Entre otros temas que se pueden consultar en el informe completo, Reyner y Manent mencionan la polémica fuga de sedes empresariales de Catalunya después del referéndum del 1 de octubre y aseveran que "los cambios de domicilio social registrados a partir de octubre del 2017 fueron una operación de Estado dirigida por el Gobierno para atemorizar a la parte de la población que impulsaba el independentismo". Según los autores del informe, el traslado de sede no altera nada mientras las actividades de las empresas se mantengan donde están, de manera que no afecta al PIB catalán ni tampoco a los impuestos que tienen derecho a percibir los ayuntamientos o la Generalitat, y sólo algún tipo muy residual de impuesto se puede ver afectado por el cambio de sede".

En este sentido, el informe destaca que el número de sedes empresariales fugadas no es bien conocido, ya que el Registro Mercantil hablaba de 4.895 sedes, pero en realidad tendría que decir CIFs, porque muchas son fondos de inversión, de pensiones o sociedades patrimoniales que dependen de una decisión única.

La crisis sanitaria

Finalmente, y a modo de clausura, el informe menciona la crisis del coronavirus y su efecto en la Eurorregión, en la que considera que la Covid-19 agravará todavía más los problemas estructurales. "Aparte de la celeridad y eficacia con que se han tomado muchas medidas, más que discutibles, especialmente a la vista del dramático resultado en la letalidad de la enfermedad, el enfoque centralista y nacionalista con que el Gobierno está tomando las medidas hace difícil pensar que no hay un riesgo real de retroceso en el reconocimiento de la realidad territorial diferenciada del Estado, que es favorecido por el estado de opinión dominante en el conjunto de España", asegura.

En este sentido, critica que el Gobierno "ha sido negligente en la gestión inicial, cuando ya se conocían las experiencias de algunos países, sin prepararse adecuadamente y adoptando las primeras medidas cuando los contagios ya estaban fuera de control. Ha impedido decisiones de las autoridades catalanas que, adoptadas en el momento en que se proponían, podrían haber salvado vidas. Lo ha vuelto a hacer tomando riesgos cuando se iniciaba la fase descendente de la epidemia cuestionando el criterio de expertos y de territorios. Es un hecho que países pequeños o de estructura federal han podido gestionar mucho mejor la crisis, principalmente por su proximidad a la realidad".

Ante la situación, los autores del informe consideran que "hay un riesgo muy elevado de que la crisis sanitaria de la Covid-19 suponga un nuevo retroceso en el bienestar y condiciones de vida de los ciudadanos en general y de la Eurorregión Mediterránea en particular".

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