En octubre del 2017, después del referéndum de independencia de Catalunya, se puso en marcha el fenómeno de "fuga de sedes empresariales", el arma del Gobierno de Rajoy para apuntalar la economía catalana y alimentar los discursos catastrofistas culpando el procés. El traslado de sedes sociales fuera de Catalunya empezó el 6 de octubre, cuando los principales bancos catalanes anunciaron el cambio de sede, y varias empresas -por presiones, por miedo o por creencia- tomaron ejemplo. Pero el traslado multitudinario de sedes fue posible por la aprobación, el mismo 6 de octubre, del Real Decreto - ley 15/2017, más conocido como el 'Decreto Guindos', para facilitar el traslado 'exprés' de las empresas dentro del territorio español. Ahora, más de dos años después, se reabre el debate: ¿es constitucional este decreto?

Concretamente, el Decreto Guindos, aprobado en el Consejo de Ministros del viernes 6 de octubre del 2017, modificó el apartado segundo del artículo 285 LSC, permitiendo que a partir de aquel momento, sólo hiciera falta el Consejo de Administración para aprobar el cambio de sede social de las empresas que lo desearan, sin necesidad de ser consultado a la Junta de Accionistas. El texto publicado en el BOE, en el cual no se menciona Catalunya, señala la existencia de una "extraordinaria y urgente necesidad" de "garantizar la plena vigencia del principio de libertad de empresa consagrado al artículo 38 de la Constitución" y de "respetar la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos prevista en el artículo 139 de la Constitución".

El debate de la posible inconstitucionalidad del decreto aparece, en primera instancia, a la demanda que una parte de los accionistas de Ciments Molins puso a la empresa por haber cambiado la sede social de lugar aseverando que se trata de un "fraude de ley" y con la intención de forzar el retorno. Se trata de una de las compañías más importantes de Catalunya y que trasladó su sede social en Madrid en octubre del 2017, cosa que en los últimos dos años ha hecho crecer las discrepancias entre los accionistas.

Pero esta demanda podría tener mucho más recorrido que el caso específico de la empresa, ya que la intención es solicitar que se declare inconstitucional el decreto Guindos y busca que se eleve el caso a los tribunales europeos porque considera que el decreto-ley atenta contra los tratados de la Unión Europea. Según la información en la cual ha tenido acceso El Nacional.cat, los argumentos que la cementera expone para considerar el decreto inconstitucional son fundamentalmente dos: la falta de motivo por la promulgación del decreto y la injustificación del fundamento "escondiendo las intenciones reales".

  • "Extraordinaria y urgente necesidad"

Uno de los motivos para considerar la inconstitucionalidad es "la ausencia de justificación constitucional para la promulgación del decreto-ley". La justificación de aplicación en "casos de extraordinaria y urgente necesidad", como dice el decreto, "no tiene ningún fundamento", aseguran las fuentes de este diario. De hecho, se considera que la existencia de esta "extraordinaria y urgente necesidad" no es verídica y al mismo tiempo atenta contra la libertad de empresa.

La Exposición de Motivos del decreto no hace ninguna referencia a estas "dificultades surgidas para el normal desarrollo de la actividad en una parte del territorio nacional". En caso de que estas dificultades existieran, implicaría que el Gobierno legislaría de forma extraordinaria sobre materias de mayor entidad en cuentas de decidir a quién corresponde la competencia del cambio de domicilio.

  • Falta de fundamento

Por otra parte, la empresa defiende que "el Gobierno escondió deliberadamente sus intenciones reales en la promulgación de esta norma", sorteando así el control de su posible iniciativa legislativa mediante el procedimiento ordinario. En este sentido, se consideraría inconstitucional por el hecho de haber unos motivos ajenos del Gobierno en la promulgación de la norma.

Así lo ponía de manifiesto De Guindos en su intervención en el Congreso de los Diputados el 19 de octubre del 2017: "[...] Lo que hemos visto del cambio de domicilio social de 800 empresas es únicamente un aperitivo de lo que podría llegar a pasar si efectivamente la independencia de Catalunya se llegara a concretar, cosa que este gobierno no permitirá [...]". En esta línea, De Guindos expone dos razones fundamentales para la aplicación del decreto: la "ruptura de la legalidad" por parte del gobierno de la Generalitat, que implica inseguridad jurídica para las empresas y la independencia, "que sería terrorífica o un suicidio económico para Catalunya".

Con esta intervención, según Cementos Molins, se evidencia que el Gobierno hizo el decreto ley motivado por un riesgo inminente de independencia en Catalunya, cosa que no tiene fundamento y no se emplaza dentro del contexto de una necesidad extraordinaria y urgente.

En las memorias de Rajoy

Sin ir más lejos, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dejaba bien claras las motivaciones para hacer el decreto ley de urgencia en sus memorias, Una España mejor, donde expone que se hizo a petición de La Caixa.

"Particularmente significativo fue el caso de La Caixa. Una mañana me llamó Luis de Guindos para comentarme la situación y la petición que le habían hecho llegar los responsables de la entidad. Necesitaban agilizar el traslado de su sede y frenar así una peligrosa fuga de depósitos que podía llegar a afectar su solvencia. Como era lógico y como era nuestra responsabilidad, atendimos su petición y aprobamos un decreto para facilitar su traslado. ¡Lo último que nos faltaba aquel octubre del 17 era tener que hacer frente, además, a una situación de pánico bancario!"

Sin entrar a considerar la afectación real que los traslados de sedes han podido tener -o no- sobre la economía catalana, la posible inconstitucionalidad del decreto Guindos puede tener una resonancia muy  ámplia para todas aquellas empresas que decidieron trasladarse. Todavía lejos de saber la resolución de la demanda de una parte de los accionistas de Molins, el debate está sobre la mesa.

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