El alquiler de habitaciones se ha encarecido un 2,9% en el 2019 en Barcelona. Las dificultades para acceder a un inmueble en propiedad y el incremento de los precios de alquiler en los últimos años han empujado a muchas personas y familias a compartir piso o alquilar una habitación como espacio para vivir allí.
De esta manera, la vivienda compartida ha dejado de ser una modalidad básicamente dirigida a estudiantes y jóvenes y la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Asunción Vilà y Planas, ha alertado de un posible "sinhogarismo oculto". Esta es una de las conclusiones del informe 'L'habitatge compartit a Barcelona', elaborado conjuntamente con la Càtedra Unesco d'Habitatge de la Universitat Rovira y Virgilio (URV).
Exclusión residencial
Para hacer frente a esta situación, la institución ha reclamado una "diagnosis" que permita identificar todas las situaciones de exclusión residencial existentes en Barcelona. El objetivo es poder diseñar políticas para "dignificar" la calidad de los recursos y los usuarios, así como erradicar las malas praxis.
Maria Asunción Vilà y Planas, Síndica de Barcelona / ACN
El estudio constata la falta de estadísticas oficiales sobre la realidad de las viviendas compartidas. La falta de datos tiene "especial énfasis" en el caso del "sinhogarismo oculto", una situación propia de personas mal alojadas que residen en "viviendas inadecuadas" o "inseguras".
A pesar de la falta de datos oficiales, la Sindicatura de Greuges constata un incremento de la vivienda compartida. De hecho, así lo corroboran también las quejas de la ciudadanía a la institución. El perfil de las personas explicando que viven en habitaciones son básicamente familias monoparentales, personas inmigrantes y personas jóvenes, entre otros. A estos grupos se añaden también personas solas, normalmente mayores de 50 años, que cobran una pensión o una prestación.
Pobreza y exclusión social
La institución alerta de esta situación y afirma que la imposibilidad de disponer de una vivienda digna a un precio razonable tiene unos efectos psico-sociales "más profundos", ya que impide la realización de otros aspectos, como la independencia personal, la formación, el acceso al trabajo o el acceso a la cultura. De hecho, los expertos y profesionales constatan que las dificultades para acceder a una vivienda estable aumentan el riesgo de pobreza y exclusión social.
Ante esta situación, la Sindicatura de Greuges ha pedido una diagnosis para identificar todas las situaciones de exclusión residencial en Barcelona. Por otra parte, la institución ha reclamado la creación de una bolsa de vivienda pública equivalente a la necesidad real y ponderada. De hecho, ha propuesto disponer de un 15% de viviendas de primera residencia en Barcelona destinadas a políticas sociales antes de 2027, un hito que ha tildado "de inalcanzable".
En cualquier caso, ha reclamado planificar y priorizar presupuestariamente las políticas sociales de vivienda a través del Consorcio de Vivienda de Barcelona. Asimismo, ha criticado que la Ley del derecho a la vivienda, aprobada hace diez años, no haya aportado "ninguna solución" a la dificultad de la ciudadanía de Barcelona para acceder a una vivienda digna.
En materia de seguridad jurídica, la institución ha propuesto potenciar la formalización de contratos entre personas propietarias y las diversas arrendatarias de habitaciones, donde se especifique claramente el objeto del alquiler, la renta individual que se tiene que satisfacer o la duración. Asimismo, ha reivindicado la necesidad de pactar expresamente si los gastos derivados del uso de las dependencias comunes se incluyen en el precio del alquiler o se reparten de forma proporcional entre las diferentes arrendatarias, así como la elaboración y potenciación de guías de convivencia.
Reforma del régimen actual de la Ley de Arrendamientos Urbanos
En este sentido, ha recomendado la reforma del régimen actual de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con una regulación específica para el alquiler de habitaciones, garantizando unos mínimos de protección a los inquilinos y que la duración de este tipo de contrato no se utilice como una manera de evitar la aplicación de la ley.
En Barcelona, una familia con remuneraciones de cerca de 26.000 euros anuales tenía que destinar un 41,2% de las asignaciones a pagar un alquiler medio en el 2018. En el caso de hogares con un salario de 36.000 euros aproximadamente, la cuota destinada a la renta se reducía al 30%. De acuerdo con estos datos, el Observatorio Metropolitano de la Vivienda concluía que los hogares que viven de alquiler son los que tienen que destinar un porcentaje más elevado de sus ingresos a las rentas, en concreto, un 43,5%.
De hecho, según los portales inmobiliarios, Barcelona es el municipio del Estado con un alquiler más caro desde 2015. A esta situación se suma el crecimiento urbano, el contexto de alto paro y sueldos bajos y la "falta" de una política de cohesión territorial a medio y largo plazo.
El estudio es anterior a la crisis sanitaria. La Sindicatura de Greuges contempla que esta crisis pueda provocar un aumento teórico de la oferta de viviendas de alquiler por la baja demanda de pisos turísticos, pero alerta de que nada impide que Barcelona siga siendo la capital más cara para compartir vivienda en el Estado. En cualquier caso, la crisis también provocará un "fuerte impacto" en los gastos, como el pago de las rentas.