La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona cifra en unos 13 millones de euros el perjuicio que el expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu y su junta habría causado al club, según la denuncia presentada en el juzgado de Barcelona, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este martes. El actual presidente del Barça, Joan Laporta, envió a la Fiscalía un informe sobre esta gestión supuestamente irregular, que cifraba el perjuicio en unos 30 millones de euros. Precisamente, este lunes se supo que el titular del juzgado de instrucción 16 de Barcelona ha aceptado la denuncia contra Bartomeu y su junta por el delito continuado de administración desleal. Además, el magistrado ya ha citado a declarar el próximo 24 de octubre como investigados a Bartomeu; el exconsejero delegado del club, Òscar Grau, y el exjefe de los servicios jurídicos Ramon Gómez Ponti, para que aclaren estos gastos. La Fiscalía ha pedido la imputación de ocho personas más, y el juez, por ahora, solo ha citado a cuatro más, como investigadas, entre noviembre y diciembre.
En la denuncia, la fiscal del servicio especial de Delitos Económicos sostiene que Bartomeu "como presidente en ese momento del FC Barcelona y principal administrador del patrimonio del club, omitió los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio que le era ajeno, usurpando además una capacidad de decisión que correspondía a la junta directiva, a quien habría ocultado" los pagos ahora cuestionados.
"Ningún beneficio personal"
Esta es la tercera causa penal abierta contra Bartomeu por su gestión en el Barça. Su defensa, ejercida por el penalista Josep Maria Fuster-Fabra, ha emitido un comunicado, este martes, en el cual deja claro que Bartomeu siempre ha colaborado con la Justicia para aclarar cualquier actuación como presidente del Barça. "Se enfrenta a cuatro procedimientos derivados de su gestión, sin que en ninguno de ellos se le acuse, ni haya el más mínimo indicio de haber obtenido ningún beneficio patrimonial personal", declara su defensa y añade que "se ve en la necesidad de aclarar su situación dado el grave perjuicio personal que está sufriendo".
Tres actuaciones bajo sospecha
En concreto, la fiscal detalla tres supuestas irregularidades económicas de la junta de Bartomeu, presidente del Barça, desde el 24 de enero de 2014 al 20 de octubre de 2020. Precisa dos sistemas vigentes en el club azulgrana: hasta el 11 de diciembre de 2017 se estableció que los contratos firmados por el club que excedieran los 200.000 euros debía aprobarlos la junta directiva. Y después de esta fecha se acordó crear el comité de adjudicaciones y aprobaciones, siendo este el órgano encargado de aprobar las operaciones mercantiles del Club por un importe comprendido entre los 200.000 euros. Estas medidas de control no fueron cumplidas por el entonces presidente del Barça y su junta, según la fiscal.
Así, la primera irregularidad apuntada por la Fiscalía tiene relación con el contrato, firmado el 1 de julio de 2018, entre el FC Barcelona con la entidad Business Futbol España por su gestión como intermediario y consultoría para conseguir el contrato del futbolista brasileño Malcom Filipe Silva de Oliveira. Inicialmente, la Fiscalía indica que la entidad hizo una factura de 8.442.500 euros para cobrar al Barça en 2018. Además, después añade que el jugador hizo un acuerdo con la sociedad Elenko Sports y que el Barça pagó a la entidad 855.600 euros, en 2019.
En esta operación, también indica que el club presentó declaración complementaria en relación con los ejercicios 2018-2021, en los cuales se habrían producido los anteriores pagos diferidos con la retención hipotéticamente alterada. E ingresó 2.960.883 euros en concepto de cuota tributaria, recargos e intereses de las retenciones no practicadas, por lo cual la fiscal también sostiene que “se podría haber causado un perjuicio al Barça a consecuencia del abono de recargos e intereses derivados de las retenciones no practicadas”.
La segunda irregularidad es el pago de dos facturas al abogado José Ángel González Franco -también imputado-, por supuestamente haber negociado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado la exoneración de los presidentes del Barça, Sandro Rosell y de Josep Maria Bartomeu, en el caso de delitos fiscales por la contratación de Neymar Junior. En este caso, el Barça fue la primera entidad jurídica condenada por este caso. Las facturas fueron: una de 950.000 euros, el 16 de agosto de 2016. Se le hizo un segundo pago de 769.111 euros en abril de 2017. Sin embargo, la fiscal añade que González Franco no participó en las negociaciones. “Estos pagos se realizaron sin que este letrado hubiera intervenido en la conformidad plasmada” y precisa que la resolución de la Audiencia de Barcelona recoge el nombre de otro abogado como el defensor del Barça.
La tercera irregularidad, a parecer de la Fiscalía, es que Bartomeu y Grau aprobaron el 14 de noviembre de 2017 pagar un total de 1.077.807 euros al Club Esportiu Laietà (CEL) por los cambios urbanísticos impulsados por el proyecto del Espai Barça. La modificación urbanística, sin embargo, “no afectaba a las fincas e instalaciones ni del Club Esportiu Laietà (CEL) ni de la Fundación Privada Deportiva Club Esportiu Laietà (FPCEL), concluye la fiscal.