El presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, se sentará en el banquillo de los acusados por un delito de estafa y corrupción entre particulares después que la Audiencia Nacional haya confirmado su procesamiento por irregularidades en el fichaje de Neymar Jr.

En un auto, la sección cuarta de la sala de lo penal rechaza el recurso de la defensa de Bartomeu contra su procesamiento, al entender que hay indicios que cometiera este delito porque los acuerdos del 2011 entre el Barça y Neymar para ficharlo desde el Santos alteraron "el libre mercado de fichajes de futbolistas, al impedir que el jugador entrara en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia".

La participación de Bartomeu en esta operación fue "nítida", dice la sala, porque ostentaba en aquel momento la vicepresidencia de la Barcelona y tenía "responsabilidades directivas en el ámbito deportivo" al mismo nivel que el entonces presidente, Sandro Rosell, "participando los dos" en los contratos supuestamente fraudulentos del 2011 para negociar el traspaso, que se produjo finalmente en el 2013.

Ni Bartomeu ni Rosell, también procesado, informaron de estos acuerdos a la junta directiva del Barça, ni al Santos ni al fondo de inversión brasileño DIS, que es el impulsor de la querella y quedó perjudicado por la operación porque tenía en aquel momento el 40% de los derechos federativos de Neymar y no recibió el dinero que tenía que haber cobrado.

En esta causa también están procesados el mismo Neymar y el FC Barcelona como persona jurídica, además de la madre del jugador, Nadine Gonçalves, la empresa familiar N&N y el Santos.

La Audiencia Nacional recuerda que el fichaje se pactó con Neymar y con la empresa familiar N&N (que tenía el 50% con sus padres y ostentaba los derechos económicos de Neymar) en dos contratos de noviembre y diciembre del 2011, que, bajo la simulación de otros conceptos, en realidad perseguían cerrar el traspaso en el 2014, cuando Neymar ya tendría la condición de agente libre y no estaría sujeto a los derechos de DIS.

Así, acordaron el fichaje por 40 millones de euros en un contrato y en otro un "préstamo" ficticio de 10 millones más en N&N, que en realidad, dice el auto, correspondía a "un pago parcial de la transferencia del jugador".

Por eso, la sala ratifica que hay indicios de un delito de corrupción entre particulares porque el Santos desconocía el acuerdo, ya que ni Neymar ni el Barcelona se lo comunicaron y la mercantil DIS "tampoco conoció el traspaso pactado".

De esta manera, se infringió el artículo 18.3 del reglamento sobre el estatuto y las transferencia de jugadores de la FIFA, que impide a un futbolista "negociar con otro club su traspaso excepto cuando le queden, como mínimo, 6 meses de contrato", cuando Neymar estaba vinculado al Santos hasta mediados del 2014.

En su recurso, Bartomeu alegó su ausencia de participación en los hechos porque su imputación se basa sólo en los cargos que tenía en el club en el momento de los hechos, una "responsabilidad objetiva" que para la defensa no es suficiente pero que la sala sí encuentra indicativa de delito.

En cualquier caso, la Audiencia Nacional dictamina que estas cuestiones se tendrán que debatir ya en el juicio, ya que contra esta decisión no es posible ningún recurso. El de Bartomeu era el último recurso para resolver de los procesados en este caso, por lo que ahora el juez podrá abrir juicio oral.

El juez instructor del caso, José de la Mata, lo archivó en julio del 2016 al no ver delito, pero lo tuvo que reabrir por orden de la sala de lo penal, después de lo cual la Fiscalía hizo su petición de penas: 2 años de prisión y 10 millones de euros de multa para el jugador, 5 años para el expresidente del Barça Sandro Rosell, 2 años de prisión para el padre de Neymar y un año para su madre.

El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals pidió en su escrito de acusación el archivo de la causa para el presidente de la Barcelona, Josep Maria Bartomeu, si bien DIS le pide 5 años de prisión.