El Ayuntamiento de Barcelona no da por perdida la Casa Buenos Aires, el edificio modernista de Vallvidrera, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, que corre el peligro de ser demolido, y presentará recurso de casación ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anula por un defecto de forma la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que preveía destinar a usos sociales la finca. La decisión del gobierno municipal llega como respuesta a la petición que el colectivo Casa Buenos Aires - Vallvidrera le ha hecho llegar este miércoles mismo en el sentido que si no presentaba batalla judicial, el edificio modernista se debería dar por perdido.
En este sentido, fuentes del Ayuntamiento han asegurado que una vez analizada la sentencia, se ha concluido que "los argumentos en los cuales se sustenta para justificar el defecto de forma de la modificación del PGM no se ajustan al contenido del documento", además de afirmar que este es "sólido jurídica y técnicamente", razón por la cual ahora el siguiente paso será presentar recurso de casación. De hecho, el gobierno municipal tiene de margen hasta el 10 de octubre para presentar este recurso. Hace falta recordar que los mismos vecinos que defienden que la Casa Buenos Aires pase a ser un equipamiento social han advertido que "si el gobierno de Collboni no actúa, se podría revertir la larga lucha vecinal y perder la oportunidad de vertebrar unos barrios de montaña que necesitan vivienda pública y espacios de socialización juvenil y de personas mayores".
La modificación del PGM que permitía la conservación de la Casa Buenos Aires fue aprobada en 2021 por el pleno del Ayuntamiento de Barcelona -con el voto favorable de un PSC que gobernaba en coalición con Barcelona en Comú-, calificaba el espacio como equipamiento público y protegía el edificio catalogándolo como bien de interés general, de manera que evitaba el derribo. Con respecto a los usos previstos como equipamiento, la intención era la de destinar la planta baja y el comedor modernista a espacio comunitario y abierto a los vecinos y la primera y segunda planta a vivienda dotacional para personas mayores, con un anexo para vivienda social orientada a jóvenes y personas mayores.
Multa de 65.000 euros por la ocupación
En paralelo, la jueza ha notificado el importe definitivo de la multa al grupo que ocupó el edificio para evitar el derribo y posterior construcción de un hotel de lujo. Tres años después de los hechos y después de un desalojo cuestionado por la opinión pública por su violencia -con heridos y coacciones en el trabajo de los periodistas- ahora se condena al grupo a pagar a 65.000 euros a los Pares Paüls, la congregación religiosa denunciante. Para hacer frente a esta condena, el grupo llama a la solidaridad vecinal y al apoyo de aquellas personas próximas al movimiento por la vivienda y en defensa del patrimonio.