Telefónica ha propuesto un expediente de regulación de empleo (ERE) para 5.040 empleados en las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas (Telefónica de España, Móviles y Soluciones), las principales del grupo, según ha informado UGT.

Según la documentación jurídica facilitada por la compañía a los sindicatos, a la que ha tenido acceso Europa Press, la afectación del ERE se divide en 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587) y 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118).

UGT ha exigido que cualquier medida que se adopte se articule como un proceso "estrictamente voluntario" basado en prejubilaciones, en coherencia con lo firmado en el acta del ERE de 2024. Asimismo, UGT ha señalado que resultará imposible alcanzar un acuerdo global si no avanzan "de forma satisfactoria" las negociaciones para prorrogar el actual CEV hasta 2030.

Por su parte, CCOO ha indicado que defenderá un proceso "voluntario, universal, que enlace con la jubilación y con buenas condiciones económicas y sociales".

Telefónica comunicará este martes, 25 de noviembre, la afectación de los despidos colectivos que se implementarán en otras cuatro sociedades del grupo, en concreto: Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.

El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024.

El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en los últimos años. No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.

Los plazos de comunicación del ERE a los sindicatos encajan en tiempos para que el acuerdo sobre el mismo se produzca antes de que acabe el ejercicio fiscal actual o muy a comienzos de 2026 para que su impacto no afecte ya a las cuentas del próximo ejercicio. El ministro para la Función Pública, Óscar López, defendió la semana pasada que el ERE deberá desarrollarse en el marco de un proceso de acuerdo con la representación de los trabajadores. El Gobierno posee un 10% de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Los recortes de plantilla se enmarcan en el plan estratégico de la compañía. Con motivo del último Capital Market Day de Telefónica, a principios de este noviembre, su consejero delegado, Emilio Gayo, indicaba que si tiraban adelante el ERE se haría negociando con los sindicatos: “lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores”. En este Market Day, el presidente, Marc Murtra, ató el apoyo del Gobierno y de Criteria, su principal accionista, a los planes de venta y recortes de Telefónica.