La dirección de Nestlé en España y los comités de empresa de las fábricas de la multinacional en Girona (Catalunya), La Penilla (Cantabria), Sevares y Gijón (Asturias) han llegado a un punto muerto en las negociaciones, después de ocho meses de conversaciones, para a la renovación del convenio laboral de la empresa, que caducó el 1 de abril de 2023. Los sindicatos acusan a la compañía de obstaculizar el proceso, incluso el de la mediación de Trabajo, pidiendo a los trabajadores que retiren sus demandas salariales, basadas en una propuesta que la misma dirección puso sobre la mesa de negociaciones al inicio de las conversaciones, según fuentes de UGT. La negociación colectiva afecta cerca de 2.700 trabajadores, más de la mitad de las 4.500 personas empleadas de Nestlé en la España, ya que el resto trabajan básicamente en las oficinas centrales del grupo en Esplugues (Barcelona), donde se rigen por otras condiciones laborales, puesto que las retribuciones están vinculadas a la consecución de objetivos; y a las fábricas de Purina (Castellbisbal), y las embotelladoras de Viladrau (Barcelona) y de Herrera del Duque (Badajoz).
En el caso de las factorías mencionadas, la dirección planteó a los trabajadores aplicar el acuerdo del AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) que firmaron patronales y sindicatos mayoritarios para el conjunto de España, para impulsar las subidas salariales en los próximos años en el marco de la negociación colectiva y que establece subidas salariales del 4% para el 2023, del 3% para el 2024 y del 3% para el 2025. Además, se recoge una cláusula de revisión salarial de hasta el 1% anual si la inflación supera las subidas anteriores. "Nestlé ha retrocedido y no solo no quiere negociar sobre esta base, que a los trabajadores les parece bien, sino que quiere que eliminemos de la mesa de negociación cualquier reivindicación salarial", explica Lluís Parra, coordinador estatal UGT METE en Nestlé. Esta desavenencia "que no vemos manera de solucionar porque no queremos renunciar a recuperar poder adquisitivo en el contexto económico e inflacionista actual", manifiesta en declaraciones a ON ECONOMIA, ha llevado a los sindicatos a convocar una concentración a las puertas de la sede central de la multinacional en Esplugues de Llobregat, el próximo martes 12 de diciembre.
En el caso de los trabajadores de La Penilla, el año pasado se suscribió un convenio con vigencia solo para 2023, entre la dirección y los sindicatos -CSIF, CCOO y UGT. En Girona, el comité de empresa está formado por una mayoría de UGT, en más CCOO, USOC, CGT y CSIF. En Asturias, donde también ha caducado el convenio, hay representación de USO, UGT y CSIF.
El conjunto de sindicatos aseguran que están dispuestos a "negociar los porcentajes de los aumentos salariales" sin embargo, "sin perder poder adquisitivo y, por lo tanto, se reivindica como mínimo mantener el cien por ciento del IPC y que los salarios se incrementen tomando como base el indicador anual del mes de diciembre". "Pedimos vincular los salarios al incremento del IPC 'real' para cada año de convenio". Pero, según las mismas fuentes, la compañía no está dispuesta ni a eso", porque quiere tomar de referencia el IPC de los meses de marzo, "cuando todo el mundo sabe que, generalmente, en marzo la presión inflacionista es siempre más baja".
El coordinador de UGT METE recuerda que sobre la mesa de negociaciones hay un convenio a tres años (2023-2025) y que se tiene que renovar lo antes posible porque tendrá efectos retroactivos. Los sindicatos esperan que no tener que llegar a las medidas de presión de 2018, cuando para la negociación del convenio anterior con vigencia de cinco años (2019-2023), la planta de Girona hizo una huelga de 24 horas en enero de 2019, en señal de protesta por el "bloqueo" a la negociación del convenio de empresa después de nueve meses conversas. El pacto final para el convenio se cerró con un incremento salarial del 3% para cada uno de los años de aplicación (2019-2022), acuerdo que supuso una mejora materia salarial sobre lo que fijaba el Acuerdo miedo el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), entonces vigente.