El próximo año se confirma como un periodo de transición para los más de tres millones de autónomos y las pymes que vertebran el tejido productivo de Catalunya y el Estado. Un conjunto de reformas en marcha, algunas todavía sobre la mesa de negociación, dibujarán un escenario económico donde la presión fiscal, la adaptación tecnológica y la búsqueda de un nuevo equilibrio en la protección social se convertirán en los ejes principales. Todo ello, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el coste final de la cotización y la inminente llegada de normativas que exigirán un salto digital para muchos negocios. El debate sobre la futura cuota de los autónomos continúa abierto, con una propuesta provisional del Gobierno que pretende congelar las cuotas para los rendimientos más bajos y aplicar incrementos moderados, entre 3 y 15 euros, para el resto.

Esta aproximación, más suave que la inicial, refleja la presión de las organizaciones del colectivo y la sensibilidad ante un panorama económico todavía frágil. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo definitivo mantiene a miles de profesionales en suspenso, imposibilitados de planificar con claridad sus costes fijos para el próximo año. Esta falta de certeza, según señalan repetidamente las voces del sector, actúa como un lastre para la inversión y la contratación.

El Estudio Nacional del Autónomo (ENA) ofrece una valiosa radiografía del momento actual. El perfil mayoritario continúa siendo el de un hombre de mediana edad, del sector terciario, con ingresos ajustados y sin personas asalariadas a su cargo. La imagen que emerge es la de un profesional resiliente, pero sometido a una presión considerable. Jornadas maratonianas, vacaciones testimoniales y una difícil conciliación dibujan el coste humano de la autoocupación.

La paradoja es evidente en el ámbito digital. Mientras el 90% considera internet indispensable, solo la mitad utiliza software de facturación y un 28% herramientas de gestión de clientes. El punto de inflexión, sin embargo, viene de la mano de la inteligencia artificial. Casi la mitad de los autónomos la identifica como la tendencia más prometedora, y mayoritariamente como una oportunidad. Aun así, su uso real es incipiente, con un tercio utilizándola para tareas concretas y muchos otros en fase de aprendizaje. El reto no es solo de aceptación, sino de habilitación práctica y accesibilidad. 

Entre la protección y el control

El 2026 traerá otros cambios reguladores. La reforma del registro horario digital, que exigirá un control minuto a minuto de la jornada accesible de manera telemática a la Inspección de Trabajo, supondrá una nueva carga administrativa para muchas empresas. Paralelamente, se prevé la aprobación de un permiso para atención en cuidados paliativos y una flexibilización del permiso por duelo, medidas humanizadoras demandadas desde hace tiempo.

En el ámbito de la protección social, la prestación por cese de actividad continúa siendo un punto negro, con un alto índice de denegaciones que vacía de contenido su finalidad. La reivindicación de una reforma en profundidad será clave durante el próximo año. Mientras tanto, se mantendrán incentivos como la tarifa plana para nuevos autónomos y políticas autonómicas de "cuota cero", esenciales para lanzar nuevos proyectos en un entorno de costes elevados.

A este panorama se suman dos factores externos que impactarán directamente en los gastos. Por un lado, la subida prevista del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hasta el 0,9% de la base de cotización, que encarecerá el coste global de la cuota. Por otro lado, la negociación para un nuevo incremento del SMI, que podría acercarse a los 1.371 euros mensuales, tendrá un efecto cascada en aquellos autónomos que tengan personal contratado, presionando aún más los márgenes en sectores intensivos en mano de obra.

En conjunto, el 2026 se presenta como un año de contradicciones marcadas. Por un lado, impulsa la automatización y la digitalización con herramientas como la IA. Por otro, aumenta la carga burocrática y mantiene una elevada presión fiscal que los mismos autónomos valoran con un 8,8 sobre 10. La satisfacción con el trabajo, ligada a la autonomía y la flexibilidad, choca frontalmente con una percepción generalizada de falta de apoyo político real. La capacidad del colectivo para absorber estos cambios simultáneos mientras mantiene su vitalidad económica será la prueba de fuego para la sostenibilidad del modelo de economía de proximidad.