La Inspección de Trabajo ha impuesto una sanción al servicio de atención al cliente de la tienda en línea de H&M en Barcelona. El núcleo de la infracción reside en la implantación de un formulario interno que, según el documento de sanción, imponía "de manera genérica y unilateral" un límite de seis meses para las solicitudes de reducción de jornada laboral. Esta práctica, aplicada de forma generalizada a toda la plantilla, supone una vulneración del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que este tipo de adaptaciones deben ser objeto de una negociación individualizada y caso por caso, sin restricciones preconcebidas.
El sindicato CGT, que denunció los hechos, ha celebrado la decisión de la Inspección, pero ha querido ir más allá en su análisis. En un comunicado detallado, la representación sindical ha subrayado que esta sanción no es un hecho aislado, sino que evidencia "un historial continuado de infracciones" por parte de la compañía sueca en el España. Este patrón de conducta incluye, según la CGT, vulneraciones reiteradas del derecho de huelga y prácticas de ocultación de información relevante para los trabajadores, lo que pinta el retrato de una cultura corporativa que prioriza la flexibilidad operativa por encima del cumplimiento estricto de los derechos laborales.
La estrategia de la barrera burocrática disuasoria
Uno de los aspectos más criticados de la práctica sancionada es la naturaleza restringida del mismo formulario. El documento no era de fácil acceso ni estaba a disposición de todos los empleados en un canal oficial. Más bien, los trabajadores que querían solicitar una reducción de jornada se veían obligados a pedirlo explícitamente a sus superiores jerárquicos. Esta exigencia, según el sindicato, no era inocente. Creaba deliberadamente "una barrera burocrática y disuasoria" para los empleados, añadiendo un grado adicional de dificultad y una potencial fuente de conflicto que podía desincentivar a muchos de ellos a ejercer un derecho legal. Esta estrategia, denominada "disuasión burocrática" por algunos expertos en relaciones laborales, es una táctica indirecta para limitar el ejercicio de derechos sin prohibirlos abiertamente. La empresa no dice "no" al derecho, sino que establece un proceso intimidatorio que muchos trabajadores renuncian a iniciar.
Como consecuencia de la infracción descrita como falta grave, la Inspección de Trabajo no se ha limitado a imponer una sanción económica. Ha interpuesto un requerimiento formal a H&M, de aplicación inmediata, con el fin de garantizar que los trabajadores puedan acceder "de manera correcta" al formulario necesario para solicitar las adaptaciones de su jornada. Esta medida correctiva obliga a la compañía a revisar sus protocolos internos y a asegurar que los procedimientos para ejercer derechos laborales sean transparentes, accesibles y libres de cualquier tipo de presión o disuasión.
La decisión se enmarca en un contexto legal donde los derechos a la conciliación de la vida familiar y laboral han ido ganando peso. La reducción de jornada por cuidado de hijos, personas dependientes o por formación es un instrumento legal clave para esta conciliación. La actuación de H&M, al intentar limitar su duración de manera automática, anulaba la necesaria ponderación entre las necesidades del trabajador y las de la empresa que exige la ley, convirtiendo un derecho individual en un privilegio con fecha de caducidad. La resolución de la Inspección establece un precedente importante para otras grandes compañías, recordándoles que las fórmulas genéricas y las barreras burocráticas no pueden ser utilizadas para erosionar derechos fundamentales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores