La empresa semipública de aeropuertos españoles, Aena, ha hecho público este viernes un comunicado en el cual defiende su modelo de gestión, sin participación de las comunidades autónomas, ante la petición expresa de su segundo máximo accionista, TCI, para que no "ceda" gobernanza ante los territorios.

La presión se da después de que los partidos catalanes hayan pedido al Gobierno participar en la gestión aeroportuaria, demanda a la que se han sumado otras comunidades. De hecho, la creación de una autoridad catalana aeroportuaria está prevista en el acuerdo de investidura del presidente del Govern Salvador Illa y Esquerra. 

"A día de hoy, ninguna propuesta, proyecto o decisión políticos que conozca Aena, como resultado del seguimiento realizado, ha alcanzado el grado de concreción y madurez que requiera una actuación de la sociedad, que sería inmediata y contundente," dice el comunicado enviado a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV). En él, defiende una gestión "integrada de toda la red de aeropuertos".

En las últimas negociaciones entre el Gobierno y los partidos catalanes, hay una demanda ya antigua a fin de que se cree un sistema aeroportuario catalán que conviva con Aena y tenga poder de gestión. Otras comunidades como País Vasco, Baleares o Canarias también han pedido una mayor incidencia sobre las decisiones de los aeropuertos.

Pocos días después de que se anunciara una histórica inversión para modernizar los aeropuertos de 13.000 millones que incluye la ampliación de El Prat con 3.000 millones, casi una cuarta parte del total, el mayor accionista privado de Aena ha alertado que estas inversiones pueden estar en riesgo si la sociedad se fragmenta entre los territorios.

TCI, fondo de inversión con un 6% del accionariado de Aena a quien solo supera el 51% del estado, ha enviado una carta en Maurici Lucena que ha publicado Expansión y en la cual dice estar "alarmado" por "la escalada de presiones reguladoras y políticas" y pide una gestión centralizada de la entidad aeroportuaria.

La fragmentación, ha defendido, no solo aumentaría los costes de financiación, sino que también crearía una inseguridad "inaceptable", ha dicho el fondo.

En su respuesta al fondo y con el fin de dar tranquilidad, firmada por la secretaría del consejo de administración de Aena, Elena Roldán, ha dicho que Aena "adoptará las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente del interés societario de Aena y de los derechos de la sociedad y de sus accionistas (públicos y privados)".

"Aena ha desplegado una intensa tarea de advocacy y ha trasladado en todo momento a las administraciones públicas competentes la fortaleza y las ventajas del vigente sistema aeroportuario español, la importancia de la gestión integrada de la red de aeropuertos -fundamental para el buen funcionamiento de la economía española; los derechos que asisten a sus accionistas (públicos y privados) y, sobre todo, la especial y sólida protección que el marco legal y constitucional vigente y la estructura accionarial de Aena proporcionan al sistema aeroportuario y a la sociedad -que, en todo caso, tienen que ser respetados-", dice el comunicado.