La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para incrementar progresivamente las cuotas de los autónomos entre 2026 y 2028 ha despertado un rechazo casi unánime, generando una rara alianza entre asociaciones del sector, organizaciones profesionales y fuerzas políticas de todos los espectros. El proyecto, que prevé subidas de entre 11 y 200 euros mensuales según los tramos de renta, es visto como una "estocada" en un momento de desaceleración económica e incertidumbre global.
La voz más crítica ha sido la de las mismas asociaciones de autónomos. Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha anunciado que ya mantiene reuniones urgentes con grupos parlamentarios de todos los signos para "tumbar" el decreto. "El Congreso tumbará esta estocada", ha afirmado Amor, de forma contundente, en una entrevista televisiva. En este sentido, según el criterio del representante de los autónomos, la medida "no tiene en cuenta la realidad de los más de tres millones de autónomos en España, muchos de los cuales malviven con rentas precarias".
Por su parte, Pimec ha tildado la medida de "desequilibrada e injusta" en un comunicado especialmente duro. La presidenta de la sección de autónomos de la patronal catalana, Elisabet Bach ha reclamado que, si se quiere equiparar el modelo al de los asalariados, hay que mejorar "de manera real y efectiva" las prestaciones. "No puede ser que se nos pida cotizar más, pero sin mejorar la protección social", ha dicho Bach, citando prestaciones como la maternidad o la protección por enfermedad como áreas que requieren "una mejora inmediata y sustancial".
La reacción política ha cruzado el arco parlamentario. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de "pasar por encima de la clase media". El presidente popular, a través de las redes sociales, ha comentado que la medida "es un sinsentido que está pasando por encima de la clase media y que no merecen tantos autónomos que levantan este país". Desde la izquierda, Sumar ha catalogado la propuesta de "error" y "poco progresiva". Su portavoz, Alberto Ibáñez, ha argumentado que la presión fiscal debe trasladarse a los "rentistas y no es normal que en este país paguen más impuestos una peluquera, por lo que ingresa de su pequeño negocio que la misma peluquera sí tiene tres pisos alquilados en Benicàssim".
En Cataluña, las críticas han llegado con acento propio y vinculadas al debate sobre el modelo de financiación. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que "autónomos y trabajadores no se merecen vivir estrangulados", ligando la solución a un "reparto más justo de la riqueza" y una nueva financiación. Desde Junts, Jordi Turull ha sentenciado que "ya basta de asfixiar a impuestos a las clases medias y trabajadoras catalanas", en una clara referencia a la sobretasación que, según los partidos independentistas, sufre Cataluña. El rechazo también se ha extendido a las organizaciones profesionales de manera significativa. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, ha expresado su "contrariedad" y "preocupación" por la propuesta. "Aquí no hay una mayor cotización por mayores bases, sino que lo que hay es un mayor esfuerzo que se pedirá a los autónomos del país", ha lamentado González, señalando el caso particular de los despachos de abogados pequeños, que suponen la mayor parte del sector.
Diversos sectores proponen caminos alternativos. Desde las asociaciones de autónomos se reclama mantener el actual sistema de cotización por ingresos reales, acordado en 2022, que preveía un despliegue progresivo hasta 2032. Desde los partidos de izquierdas se plantea buscar financiación mediante la fiscalidad sobre la renta no derivada del trabajo. Y desde las organizaciones profesionales se pide un debate más amplio y un estudio de impacto detallado antes de tomar decisiones de esta magnitud. La bola de nieve del descontento no hace sino crecer.
El Gobierno se encuentra con un frente amplio y diverso que cuestiona no solo el timing de la medida, en pleno hundimiento de la confianza empresarial, sino también sus fundamentos. La batalla, que ya se ha trasladado a los pasillos del Congreso, promete ser una de las primeras grandes tensiones de la nueva legislatura, poniendo a prueba la capacidad de diálogo del ejecutivo de Pedro Sánchez en una cuestión que toca la fibra económica de miles de trabajadores por cuenta propia y que, según todos los indicios, podría determinar la supervivencia de muchos pequeños negocios en toda España.