Una de las consecuencias previsibles de las elecciones generales de este domingo es la prórroga de los presupuestos generales del Estado para 2024, pues tanto el calendario de formación del futuro Gobierno como el resultado de las urnas complican que antes del 31 de diciembre se puedan aprobar unas nuevas cuentas públicas. Y si no están, el presupuesto de 2023 se prorroga de forma automática. Sin embargo, los expertos consultados por ON ECONOMIA consideran que los presupuestos en vigor se ajustan bien a las necesidades del año próximo, aunque las comunidades autónomas tendrán problemas para elaborar sus presupuestos. Cuando sí habrá dificultades es a partir de 2025, pues estarán en vigor las reglas fiscales impuestas por la Comisión Europea que obligan a mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB.
El empate electoral —172 diputados del supuesto bloque comandado por el PSOE y 170 para PP y Vox— dificulta la formación de un nuevo gobierno, por lo que uno de los escenarios barajados ayer en el mundo económico y político es la repetición de los comicios, el peor de los posibles, que supondrá sin duda la prórroga presupuestaria. Pero aunque uno de los dos posibles candidatos —se apunta a Pedro Sánchez— fuese capaz de conseguir 176 votos entre síes y abstenciones para superar la sesión de investidura, los plazos para configurar un nuevo Ejecutivo se demorarán dificultando la aprobación de unos presupuestos antes de que finalice 2023. Todo apunta, pues, que el próximo año arrancará con las actuales cuentas públicas prorrogadas.
Plazos para la sesión de investidura
El 17 de agosto se constituirá el nuevo Parlamento dando inició a la Legislatura y, previsiblemente, la semana del 21 de agosto el Rey llamará a los portavoces de los partidos para conocer los posibles candidatos a presidente del Gobierno y la posición de las distintas formaciones políticas al respecto. En función de dichos contactos, si hay algún candidato o candidatos dispuestos a someterse a la sesión de investidura, en la primera quincena de septiembre —como pronto— se podrían someter a la votación de los 350 diputados. Pero es una hipótesis que, a día de hoy, parece improbable, pues los supuestos aliados del PSOE exigirán demasiado, por lo que se prevé que las negociaciones serán largas. Por delante, no obstante, está el mes de agosto.
Sin embargo, la ley marca que antes del 30 de septiembre se debe haber presentado el proyecto de presupuestos Generales del Estado para cumplir con el trámite parlamentario y que pueda ser aprobado antes del 1 de enero de 2024. El mejor de los escenarios, de cara a una normalización institucional, sería que en la primera sesión de investidura se consiguiese la aprobación de un candidato y, con ello, la formación del nuevo Gobierno. Pero de no ser así, se abre un plazo de dos meses para nuevos intentos que de ser fallidos, supondría que el Rey disolvería las Cortes y se convocarían unas nuevas elecciones.
Diego Martínez López, experto en financiación autonómica y local y profesor de la Universidad Pablo de Olavide, considera que la única manera de que no haya que prorrogar los presupuestos de 2023 es la continuidad de la actual administración del Gobierno de coalición PSOE-UP, engrasada para poder elaborar con cierta celeridad un proyecto de presupuestos. Si el Gobierno fuese del PP, exigiría la organización de cero de la administración, lo que retrasaría la elaboración del proyecto. No obstante, los expertos consultados recuerdan que el Gobierno entrante puede presentar y aprobar un proyecto de presupuestos a lo largo de 2024, incluso con carácter retroactivo en algunas partidas.
Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, señala que la prórroga de los actuales presupuestos en la primera mitad de 2024 “no debería ser un problema particularmente grave: en el último decenio hemos afrontado períodos de presupuestos prorrogados mucho más amplios”. Aunque Lago recuerda que “en 2024 habrá que empezar a ajustarse a las nuevas reglas fiscales, pero es verdad que la prórroga de presupuestos suele conllevar un menor ritmo de crecimiento del gasto público, por la dificultad para incorporar nuevos compromisos”. Por eso, en opinión del economista, si la recaudación tributaria sigue con un comportamiento positivo, “cabría aguardar que déficit y deuda pública sigan en una senda de reducción significativa”. Aunque el principal problema tendría que ver con la imposibilidad de afrontar las reformas pendientes en el ámbito de la economía publica: financiación autonómica y local, tributaria, evaluación del gasto. “El Ministerio está obligado, en todo caso, a comunicar a las Comunidades Autónomas la información sobre sus ingresos previstos en 2024 a fin de que puedan definir sus propios presupuestos”.
Tensiones de tesorería en las CCAA
El profesor de la Pablo de Olavide e investigador de Fedea señala también el problema que se abre para las comunidades, pues el proceso ya viene viciado con la convocatoria de las elecciones que ha paralizado la aprobación de techo de gasto del Gobierno, lo que ha impedido que los CCAA elaboren sus propios presupuestos y presenten igualmente sus techos de gasto. Además, con la prórroga no se actualizarán los ingresos a cuenta que debe entregar el Estado a los territorios, lo que podría llevar a tensiones financieras en algunas como Catalunya o la Comunidad valenciana, generando problemas de tesorería, comenta el economista.
Más allá de la complicación de las cuentas autonómicas, la prórroga de los presupuestos no debería generar complicaciones en el déficit público. Miguel Ángel García Díaz, profesor de Economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea, señala que a partir del 1 de enero decaen las medidas antiinflacionistas como la rebaja del IVA de la electricidad y el gas y de ciertos alimentos, entre otras, lo que supondría un ahorro el año próximo de seis décimas del PIB (unos 6.500 millones de euros). Eso aportaría un colchón para afrontar la subida de las pensiones del próximo año, entre un 3,5-4% equivalente al IPC anual de este año.
Así, en opinión de García Díaz, el déficit este año podría colocarse en el 4,1% previsto (si no se tuerce mucho la recaudación fiscal la segunda parte del año) y el año próximo, incluso, reducirse unas décimas en el entorno del 3,7%, lejos del 3% que ha previsto el Gobierno. El problema vendrá en 2025, pues el déficit estructural ronda el 3,5%, lo que obligará al futuro Gobierno a tomar medidas para cumplir la exigencia de la Comisión Europea del 3%, bien ajustando gastos, bien incrementado la recaudación.