El Govern de la Generalitat presentará este martes una propuesta de financiación singular para Catalunya para reducir el déficit fiscal. Este es el encargo que hizo el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a su consellera de Economía, Natàlia Mas, amparándose en los acuerdos del noviembre pasado entre PSOE y ERC y Junts, respectivamente, para investir presidente a Pedro Sánchez, si bien no está escrito en ningún sitio en estos términos, y a pesar también del rechazo del mismo Sánchez esta misma semana.
Pese al poco recorrido que puede tener al tratarse de una propuesta por parte de un gobierno en funciones —cosa diferente es que pueda equipararse a la promesa electoral de ERC— el nuevo modelo, sin embargo, llega en un momento de efervescencia y sensibilidad con la cuestión. No en vano, el ministerio de Hacienda acaba de publicar los datos de recaudación y gasto territorializado (parcial, por lo tanto) para el cálculo de las balanzas fiscales. Y una semana antes una veintena de entidades catalanas entre las cuales están las Cámaras de Comercio, Foment, Pimec, Fem CAT, Colegio de Economistas, RACC, Barcelona Global y el Círculo de Economía denunciaban, otra vez, que el actual sistema de financiación autonómica "frena el progreso económico" de muchas comunidades como la de Catalunya. También la calidad de vida de los ciudadanos, como alerta el colectivo Economistes pel benestar.
Sea como sea, lo cierto es que una de las patatas calientes que tendrá que negociar el nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 12 de mayo será la cuestión de la financiación y del saldo fiscal que tiene Catalunya con el conjunto de España. Un hecho que, por otra parte, tendrán que exigir tanto Junts como ERC al PSOE en el Congreso si Pedro Sánchez quiere seguir siendo el inquilino de la Moncloa.
El modelo que se presentará en dos días se basa en cinco grandes ejes: recaudación de los tributos generados en Catalunya, más autonomía fiscal (capacidad normativa y de gestión), tener en cuenta el coste de la vida (más elevado en Catalunya, como se puede ver el primer cuadro) y renegociar lo que aporta la comunidad al resto de España. Según se desprende de la entrevista de la consellera Natàlia Mas en ON ECONOMÍA, esta aportación se diferenciaría en dos partes para que sea más transparente: "Una es la aportación por los servicios públicos que el ente central aporta a Catalunya", como el cupo vasco. "La otra es una cuota de solidaridad o una aportación por reequilibrio territorial", lo que se entiende como nivelación. Como esta aportación general se quiere que sea inferior al actual, se conseguirá parte del quinto objetivo: la reducción del déficit fiscal, que los recurrentes cálculos de la Generalitat sitúan en una media del 8% del PIB catalán, durante la última década. Aunque el resultado de la balanza fiscal viene explicado por diferentes motivos, no solo por la financiación.
Un modelo envejecido y con resultados arbitrarios
El modelo de financiación actual, vigente desde 2009 para todas las comunidades autónomas (CCAA) excepto País Vasco y Navarra, es una "anomalía", y "perjudica muy fuertemente Catalunya, según la consellera Mas. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Contiene tres vías de obtención de recursos. La primera es una cesta tributaria formada por los impuestos que pagan los ciudadanos: hay tributos cedidos totalmente (como patrimonio y sucesiones, entre otros) y parcialmente (50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Pero las CCAA solo tienen capacidad normativa sobre el IRPF y todos ellos son gestionados por la Agencia Tributaria estatal.
Las CCAA se quedan el 25% y el 75% restante, que es el grado de nivelación, va a un fondo común y este dinero se reparte según unos criterios de igualdad, básicamente de población ajustada con determinados parámetros (básicamente población, población con tarjeta de la Seguridad Social, población de más de 65 años, de menos de 16, entre otros).
El resultado de esta cesta (según la última liquidación, de 2021) es que Madrid recaudaba 145,5 sobre una media de 100 (es decir, obtiene unos ingresos el 45,5% superior a la media); Baleares 122,1; Catalunya 120,6; Cantabria 104,9% y Aragón 101,5. El resto está por debajo de la media, según los últimos datos recogidos por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) de la Universidad de Barcelona, como se puede ver en el segundo gráfico. El parámetro 100 indica la media de recursos disponibles por habitante ajustado (2.909,7 € por habitante en el total del modelo el año 2021).
A partir de aquí entra el mecanismo de nivelación parcial, denominado FGSPF (Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales), con el objetivo de garantizar que cada comunidad autónoma reciba los mismos recursos por habitante para financiar los servicios esenciales del estado del bienestar (educación, sanidad y servicios sociales) haciendo el mismo esfuerzo fiscal. Se recortan las desigualdades iniciales, pero no se eliminan del todo y se mantiene la ordinalidad. ¿Qué quiere decir? Que después de asegurar que todos los ciudadanos reciban servicios públicos similares con independencia del lugar donde residen garantiza también que las CCAA que más aportan no pierden posiciones en el ranking. Como se ve en el segundo cuadro, los ingresos de Madrid pasan a 110,5 (todavía son el 10,5% superiores a la media), Baleares obtiene 105,1, Catalunya 104,8 y Aragón 100,3.
Este es uno de los grandes avances del modelo vigente y algo que hay que preservar, a juicio de la profesora e investigadora del IEB-UB, Maite Vilalta. Lo que desajusta el modelo, constata Vilalta junto con otros economistas expertos en la materia, son los tres otros fondos que vienen después: El fondo de suficiencia (tiene como objetivo asegurar que ningún gobierno autonómico pierda recursos con respecto al modelo anterior), el fondo de competitividad (busca reducir las diferencias en la financiación per cápita de las comunidades) y fondo de cooperación (tiene como objetivo el desarrollo regional).
El resultado final es arbitrario, "son prótesis que empeoraron el modelo a todas luces," en palabras del exconseller de Economía, Antoni Castells, y que da unos resultados "erráticos y poco justificables en términos de equidad", según Maite Vilalta. El resultado final rompe la ordinalidad y deja comunidades sobrefinanciadas, (como Cantabria, Extremadura, La Rioja, Asturias o Galicia). El País Valencià es la gran perdedora, como se puede observar.
Los expertos también señalan la importancia de contar con capacidad normativa y de gestión, ya que aunque la recaudación del 100% de los impuestos representa un avance importante, no implica que la del gobierno autonómico, en este caso la Generalitat, tenga capacidad tributaria plena para decidir sobre los tributos. Podría recaudarlos todos y no ser el propietario, es decir, no poder decidir subirlos, bajarlos o eliminarlos, si lo considerara oportuno. Por ejemplo, las CCAA obtienen el 50% del IRPF, pero la capacidad normativa sobre el tributo es limitada y tanto este como el resto de impuestos cedidos son gestionados por la Agencia Tributaria estatal.
Economistas consultados por este diario no descartan que la disminución de la cuota o aportación por parte de Catalunya al Estado del futuro nuevo modelo de financiación de la Generalitat se plantee de forma gradual, buscando que el impacto en el resto de territorios se mitigue en el tiempo. De todos modos, el resto de CCAA no tienen por qué perder más dinero. Los recursos también pueden llegar porque el Estado dé más dinero a las comunidades (lo que técnicamente se conoce como nivelación vertical, de arriba abajo). Si fuera el caso, aunque Catalunya (o quien fuera) tenga más recursos, las otras también tendrían más, mejorarían su status quo. Solo hace falta revalorizar cuáles son las necesidades de gasto del Estado y de las autonomías, fruto de normativas nuevas y del aumento de la población inmigrada.