El cuantiosísimo déficit fiscal que sufre la economía catalana, estabilizado de hace muchos años en torno a un ocho por ciento del PIB –ahora unos 24.000 millones de euros- y tirando hacia arriba, es una losa que frena el progreso, la competitividad y el bienestar de Catalunya. El grupo de Economistes pel Benestar lo está denunciando de hace años. El año pasado su Manifiesto consiguió el apoyo de organizaciones empresariales como AMEC, las Cámaras de Comercio de Barcelona, Girona y Sabadell, CECOT, FemCat y PIMEC. Ahora hace poco que ha anunciado una nueva oleada de adhesiones al Manifiesto, esta vez por parte de una veintena de colegios profesionales, encabezado por los de Economistas, de Ingenieros Industriales, de Médicos y de Doctores y Licenciado.

A diferencia de otras expresiones de queja, este manifiesto combina una declaración contundente y una serie de anexos, bien documentados. No solo denuncian la persistencia del déficit fiscal, que siempre se quiere ignorar más allá de Catalunya, excepto cuando se detecta el peligro de que se pueda corregir, ni que sea un poco. También reclaman, con muy buen criterio, la necesidad imperiosa de gestionar los recursos propios dado que el núcleo esencial del déficit fiscal es el gasto discrecional que hace el Estado. No lo es el gasto automático de flujos de transferencias derivados de programas como las pensiones o los subsidios de desempleo, resultado de la solidaridad entre personas. Lo son, en cambio, aquellos gastos vinculados a la capitalidad del Estado, que podrían distribuirse territorialmente pero que no se distribuyen nunca.

Lo son también los gastos de muchos programas de apoyo a la economía o al empleo o a la investigación o a la digitalización o a la sostenibilidad, que podrían ser sensibles al dinamismo económico de las comunidades autónomas pero que sistemáticamente se definen en dirección opuesta. Los casos más vistosos son los de las inversiones en transportes e infraestructuras donde la voluntad del Estado es directamente contraria a la promoción de respuestas a la demanda de la economía catalana y, también, de la economía del eje mediterráneo. Todo se combina en la negativa a corregir ninguno de los sesgos que van construyendo el déficit fiscal, como lo es el diferencial en el coste de la vida, o generar una mayor corresponsabilidad fiscal entre las comunidades más ricas del Estado.

Mientras los recursos fiscales catalanes se gestionen desde Madrid siempre se gestionarán dando, como máximo, aquello que es obligación legal, y no dando nunca más que eso

El Manifiesto fija una prioridad: gestionar los recursos propios. Mientras los recursos fiscales catalanes se gestionen desde Madrid, siempre se gestionarán dando, como máximo, aquello que es obligación legal, y no dando nunca más que eso. Dicho en pocas palabras, este es el origen del déficit fiscal. A todo el mundo, aquello que pidan. En Catalunya, aquello a que obligue la ley. Hay que decir que el País Valencià y las Illes Balears también sufren situaciones similares. En cambio, todo el sistema está diseñado para favorecer, en primer lugar, a Madrid y su capitalidad. Después, al País Vasco y Navarra, donde el trato fiscal es de gran independencia gracias a los conciertos económicos que dan la llave de la caja y una cuota muy sesgada que ha llevado a las comunidades autónomas (CCAA) más prósperas del Estado (la segunda y la tercera) a ser titulares de cuantiosos superávits fiscales. Todas las otras CCAA también salen ganando sean más ricas que la media del PIB per cápita español o más pobres.

El Manifiesto muestra que Catalunya, cuarta CCAA en PIB per cápita, pasa a ser la número doce (contando también las CCAA forales) en recursos públicos por habitante. Produce una fuerte impresión que una fuente tan externa e independiente como la Comisión Europea, que ha promovido el estudio del nivel de bienestar mediante un Índice regional de Progreso Social (IPS), que solo considera variables no económicas pero que retratan con precisión la provisión de bienestar, muestra que el IPS de Catalunya también es el duodécimo de las CCAA del Estado. Eso quiere decir que el bienestar derivado de la acción pública hunde Catalunya mucho por debajo de lo que le correspondería siguiendo criterios de equidad elementales. Este no es el caso de las CCAA forales, que son las primeras, muy destacadas en IPS, o el de otros CCAA de régimen común que están mejor tratadas que Catalunya y que se nota en IPS netamente superiores. Incluso Madrid, a pesar de todas sus quejas de subfinanciación, es la sexta CCAA en Índice de Progreso Social. Todo quiere decir que la única manera de mejorar la situación de bienestar y competitividad de Catalunya es disponiendo de la posibilidad de gestionar sus propios recursos.