Una veintena de entidades catalanas entre las que están las Cámaras de Comercio, Foment, Pimec, Fem CAT, Colegio de Economistas, RACC, Barcelona Global o el Cercle d'Economia denuncian que el actual sistema de financiación autonómica "frena el progreso económico" de muchas comunidades como Catalunya.

Estas instituciones proponen corregir esta situación a través de un nuevo modelo de financiación, ya sea un modelo federal o un pacto fiscal, o mediante una profunda reforma del modelo actual. Esta tendría que asegurar la autonomía financiera, mejorar la capacidad de gestión y recaudación tributaria, y garantizar el principio de ordinalidad, según exponen en un comunicado que han difundido este martes.

Alertan de que el actual sistema, que hace más de 10 años que se debería haber actualizado, no tiene en cuenta las diferencias del coste de vida entre territorios. Exigen que aquellas comunidades como Catalunya, con mayor densidad de población y potencial económico, reciban un volumen de inversiones proporcional a sus necesidades y al peso de su PIB en el del conjunto del Estado.

Las organizaciones firmantes consideran que "el actual sistema no es ni transparente, ni equitativo ni eficiente y representa un obstáculo importante para el progreso económico y el bienestar social de muchas comunidades autónomas", entre ellas Catalunya.

Este documento se ha hecho público cuando el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, está a punto de presentar una propuesta de financiación singular, que pactó negociar con el gobierno de Pedro Sánchez con motivo de su investidura.

Para resolver las deficiencias del actual sistema, exponen seis consideraciones:

1. Modelo federal o pacto fiscal
Un modelo federal o un pacto fiscal aseguraría que el nuevo sistema de financiación fuera "transparente y eficiente". Acompañados de un mecanismo de solidaridad, entienden que estos dos sistemas serían beneficiosos para Catalunya y el conjunto de las comunidades autónomas (CA). El modelo federal redefiniría la capacidad normativa, de gestión, de recaudación e inspección de todas las CA. Este sistema permitiría al Estado ya las comunidades compartir las mismas bases imponibles. Es un modelo similar al de Estados Unidos, que permitiría a las CA disponer de forma directa y dentro del mismo ejercicio fiscal los ingresos que le corresponden. De esta forma se mejoraría la robustez del sistema, se promovería una asignación eficiente de los recursos y una gestión más responsable por parte de todas las comunidades. La implantación de este modelo solo requeriría una reforma de la LOFCA.

Añaden que un pacto fiscal también permitiría avanzar hacia un modelo más transparente y aseguraría la suficiencia financiera de Catalunya. La Generalitat administraría y recaudaría todos los tributos generados en el territorio, y asumiría un poder normativo sobre estos similar al que asumen las comunidades forales.

Como en el sistema federal, la responsabilidad de administrar los recursos dispuestos directamente promovería una gestión responsable por parte de la administración catalana. La transparencia de ambos sistemas, que deberían estar acompañados de un mecanismo de solidaridad con el resto de comunidades, debería favorecer que las energías políticas y sociales se centraran en cómo proveer los bienes y servicios públicos.

2. Reforma profunda y amplia

La reforma del modelo actual debería ser "profunda y amplia" para asegurar la autonomía financiera y mejorar la capacidad de gestión y tributaria. Entienden que debería ampliarse de forma sustancial la cesta tributaria y también la capacidad normativa de las comunidades. Si la autonomía financiera no queda resuelta de forma definitiva y diáfana, continuaremos instalados en el debate permanente y confuso sobre los desequilibrios financieros a nivel territorial. Además de restar muchos recursos por algunas comunidades autónomas de forma “injusta e ineficiente”, estas dinámicas polarizan a la sociedad y desvían las energías de los enormes retos que debemos afrontar. Asimismo, debería reformarse el actual sistema de anticipos, que limita la capacidad de gestión tributaria, especialmente durante las crisis económicas. El desfase temporal entre la evolución económica de cada comunidad y las transferencias recibidas de la administración dificulta la predictibilidad de los ingresos por parte de las comunidades e introduce "inestabilidad" de forma estructural.

3. Lealtad institucional

Sea cual sea el nuevo modelo de financiación que el conjunto de las fuerzas políticas deben acordar, los firmantes del documento subrayan que deben introducirse mecanismos que garanticen el principio de lealtad institucional, y definir y blindar las competencias de cada administración. En numerosas ocasiones, los programas aprobados por el gobierno español, como es el caso de la ley de dependencia, han generado un fuerte aumento del gasto de las comunidades que no ha sido debidamente dotado. Esta fuente de conflicto permanente y estéril "hay que erradicar". Para ello, consideran que es imprescindible introducir mecanismos que garanticen la lealtad institucional, y definir y blindar las competencias de cada administración.

4. Principio de ordinalidad

El nuevo sistema de financiación debe ser equitativo y respetar el principio de ordinalidad. Debe asegurar que todos los ciudadanos puedan recibir servicios públicos básicos similares con independencia del lugar donde residen. Debe garantizar que las comunidades que más aportan no pierden posiciones en el ranking una vez que han operado los mecanismos de solidaridad, y debe asignar los recursos teniendo en cuenta las diferencias del coste de vida entre territorios.

Por ello, indican que es importante acotar de forma efectiva y transparente el grado de nivelación de recursos entre comunidades autónomas, respetando al menos el principio de ordinalidad: las comunidades que más aportan no deberían ser las que menos reciben. Este requisito es importante porque el sistema actual no es equitativo y permite que comunidades autónomas con un PIB per cápita más elevado y que más aporten al sistema pueden acabar disponiendo de menos recursos que otras que aportan importes inferiores.

Los mecanismos de nivelación del sistema de financiación deben garantizar que la renta familiar disponible per cápita en las comunidades que más aportan no quede por debajo de las que menos aportan, una vez que han operado estos mecanismos. Un sistema que no respetara este principio tendría un importante efecto negativo en la cohesión y el bienestar social, limitando gravemente el desarrollo económico equilibrado en todos los territorios.

El sistema actual contempla un conjunto de variables específicas para asignar los recursos, como la estructura por edades de la población o la insularidad, pero no incluye el diferencial en el coste de la vida en los distintos territorios. Cabe tener en cuenta que un euro no compra la misma cesta de productos en todas las comunidades. En el actual modelo, Catalunya es la segunda comunidad (excluyendo las forales) en términos de PIB per cápita, pero se sitúa en el décimo lugar en recursos recibidos y cae en el puesto decimocuarto si se tiene en cuenta la diferencia del coste de la vida.

5. Volumen de inversiones proporcional

Aquellos territorios, como Catalunya, con una mayor densidad de población y potencial económico, deben recibir un volumen de inversiones proporcional y adecuado a sus necesidades, y en consonancia al peso en términos de PIB en el del conjunto de la economía española. También es necesario garantizar una mayor correspondencia entre lo que se presupuesta y lo que se ejecuta, y habilitar mecanismos transparentes y efectivos de rendimiento de cuentas respecto al grado de ejecución.

La financiación territorial en sentido amplio no es eficiente porque las inversiones no siempre se planifican y ejecutan por parte de las administraciones públicas con criterios transparentes de coste-beneficio. Esto implica que aquellos territorios como Catalunya con una mayor densidad y potencial económico, no están recibiendo un nivel de inversiones proporcional a sus necesidades, ni el volumen de estas inversiones es proporcional al peso que representa el PIB catalán en el del conjunto del Estado. El siguiente gráfico muestra cómo la inversión total del conjunto del sector público en Catalunya se sitúa sistemáticamente por debajo del peso de Catalunya en el PIB y también de lo que le correspondería por índice de población.

6. Balanzas fiscales

Lamentan que el gobierno del Estado haya dejado de publicar la distribución territorial de la inversión del sector público central. En este sentido, las 20 instituciones signatarias de esta declaración reclaman que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) –el órgano encargado del control de las finanzas públicas– publique los datos de inversión territorializada esperados en mayo de 2023, y que las siga publicando con el mismo formato y periodicidad. También reclaman que se haga pública toda la información necesaria para poder conocer las balanzas fiscales de todas las comunidades autónomas con el Estado.