Durante julio, se apuntaron en las oficinas de los servicios públicos de empleo repartidas por toda España 805.029 personas con la esperanza de encontrar un empleo. En esos días, llegaron a esas mismas oficinas 55.073 ofertas de empleo presentadas por las empresas necesitadas de asalariados, lo que arroja un puesto de trabajo por cada 14,4 aspirantes solo en ese mes, según los datos del SEPE.

Los servicios públicos de empleo se componen de una parte Estatal -el SEPE- y otra autonómica con tres tareas bien definidas: a la parte estatal y, por tanto, no transferida, compete el pago de las prestaciones por desempleo, tanto las contributivas como las asistenciales, y el registro de las altas y bajas contractuales. En los servicios autonómicos se delega la aplicación de las políticas activas de empleo, como formación y la ejecución de plantes de empleo, pero también la intermediación entre las necesidades de mano de obra de las empresas de su entorno geográfico y las demandas de empleo de la población bajo su demarcación.

Así, en julio se inscribieron en las oficinas del Servei Públic d´Ocupacio de Catalunya (SOC) 83.293 personas en busca de un empleo y recibieron 6.053 ofertas de empleo por parte de contratadores ubicados en el territorio. La relación es muy superior a la media española, pues por cada puesto ofertado por una empresa, se han apuntado ese mes 13,6 personas. Una proporción que empeora todavía más si nos atenemos a los resultados de la intermediación del servicio público catalán respecto a los otros 16 servicios autonómicos.

 

El SEPE registró en el conjunto de España 1.921.624 contratos, de los que 328.415 fueron en Catalunya. Sin embargo, la intermediación real de los servicios públicos de colocación en el territorio ha sido notablemente inferior a la media autonómica: si en el conjunto de España, los servicios de empleo colocaron a 44.007 personas en alguna de las ofertas de empleo que llegaron a sus oficinas, el 2,3% del total de los contratos registrados en el mes, en Catalunya no llegan al millar, 916, lo que reduce su porcentaje de intermediación al 0,3%.

Un resultado especialmente llamativo si se tienen en cuenta el abultado número de ofertas de empleo que ha recibido el SOC en el mes que no han llegado a cubrirse, según los datos del Ministerio de Trabajo. Catalunya recibió el segundo mayor volumen de ofertas en julio -6.053-, solo superado por Andalucía. Sin embargo, las “bajas por colocación” se han limitado a 1.086, lo que implica que de cada 100 ofertas, solo se han ocupado 18. Muy distante del resultado en el conjunto de España, donde de las 55.073 nuevas ofertas de empleo de julio, se han cubierto 88 de cada 100.

De las 17 comunidades autónomas, Catalunya, con esas 1.086 “bajas” de peticiones de trabajadores por parte de las empresas, se queda muy rezagada en el ranking mensual. Tan solo tres territorios han cubierto menos empleos ofertados por las empresas que Catalunya, a pesar de que han recibido muchas menos ofertas: La Rioja (385 puestos cubiertos), Navarra (655) y la Región de Murcia (1.016). Catalunya se queda a años luz de Andalucía (14.819 peticiones empresariales satisfechas); Extremadura (5.509); la Comunidad de Madrid (4.663) y la Valenciana (4.266) o Castilla y León (2.934).

No todos son parados

La escasa intermediación de los servicios públicos se constata con los datos- publicados por el SEPE hace unos días-, desagregando el peso que ocupan los servicios de empleo sobre el total de las contrataciones registradas en julio. Pero previamente, hay que aclarar que las ofertas de empleo no se destinan exclusivamente a las personas registradas que carecen de un empleo, pues no todos los registrados en las oficinas de empleo son parados. Así, el 31 de julio había apuntados en el Sepe 4,28 millones de personas, aunque de ellos, parados eran 2,4 millones y los 1,98 millones restantes constan como trabajadores “no parados”.

En concreto, 845.400 tienen una relación laboral -aunque no están activos en este momento-,  en su mayoría con un contrato fijo discontinuo, aunque también los hay que una suspensión de empleo temporal (Erte). El segundo colectivo por volumen dentro de los “no parados”, con 456.650 registrados, recoge a personas que sí están activos, pero que aspiran a cambiar de empleo y, en tercer lugar, 323.325 personas que declaran tener una disponibilidad limitada, en su mayoría pensionistas o jubilados.

En julio, las oficinas del Sepe registraron en toda España 1.921.624 contratos laborales firmados. De ellos, la mayoría, 56,3% (1.082.020) correspondieron a personas que no estaban parados -no costaban en las listas del Sepe-, pero que recibieron una propuesta de empleo, bien directamente de una empresa, bien a través de agencias privadas de colocación. En este caso, la labor del Sepe se limita a registrar y contabilizar el nuevo contrato. Un porcentaje que se elevó en el Catalunya al 67,4% el mes pasado.

‘Demandantes activos’

De los restantes 838.976 contratos, solo una cuarta parte han recaído en trabajadores que estaban en ese momento apuntado en el SEPE. Algo que se explica por la forma de contabilizar del servicio público de empleo, que divide los demandantes en dos grandes grupos: aquellos que realmente están registrados, denominados internamente como “demandantes activos”, y aquellos que, aunque contabiliza como demandantes, se han dado “de bajo hace menos de seis meses”.

Siguiendo con los datos del julio, de estos 838.976 “demandante dados de baja” por parte del SEPE, 205.000 (esa cuarta parte) eran demandantes activos con dos peculiaridades: prácticamente la totalidad llevan apuntados al paro menos de un mes, 72.000 incluso menos de una semana, lo que implica que se han registrado teniendo alguna oferta en firme. La otra es que de esos 205.000 nuevos puestos de trabajo, solo 19.252 proceden de ofertas de empleo gestionadas por los servicios públicos de empleo.

De los demandantes dados de baja con menos de 180 días que salieron de las listas de los servicios públicos de empleo, el porcentaje es muy similar, pues solo 24.755 contratos obedecen a una oferta presentada directamente por una empresa en las oficinas de los servicios autonómicos de empleo.