Imagina que tienes un coche antiguo, un modelo de hace cincuenta años, oxidado y con el motor fundido. De repente, alguien llega con una idea brillante: “vamos a contratar al mejor piloto de Fórmula 1 del mundo para que lo conduzca”.

Suena espectacular en los titulares. Pero la realidad es cruel, por más talento que tenga el piloto, el coche no arrancará, y si se lograra poner en funcionamiento, se desarmará en la primera curva.

Esto es lo que pasa con la nueva iniciativa del gobierno de Estados Unidos llamada Tech Force. La propuesta, lanzada con bombos y platillos a través de una página web muy moderna, promete a miles de expertos en inteligencia artificial (IA) y datos del sector privado para que trabajen en el gobierno por períodos cortos. 

La idea es "modernizar" la burocracia. Sin embargo, para cualquier analista serio, esta propuesta revela algo preocupante: quien la diseñó no entiende cómo funciona el gobierno, y tampoco entiende qué motiva al sector privado. Es un plan amateur para un problema profesional.

El abismo entre la velocidad y la burocracia

Para entender por qué esto es una locura, primero hay que explicar cómo funciona una empresa tecnológica y cómo funciona el gobierno. Son agua y aceite.

En una empresa como Google o una startup de inteligencia artificial, el lema es “muévete rápido y rompe cosas”. Si un ingeniero necesita una supercomputadora para probar una idea, la pide y en cuestión de horas o días lo tiene disponible. Si necesita un programa nuevo, lo descarga.

En el gobierno, eso es ilegal o imposible. El Estado opera bajo leyes de “adquisiciones” o compras diseñadas en los años 70 u 80. Estas leyes no están hechas para ser rápidas, sino para evitar el robo y la corrupción.

Un ingeniero “estrella” que acaba de entrar al gobierno y pide una computadora para hacer inteligencia artificial, no llega al próximo día. Se deben llenar formularios, esperar licitaciones públicas, revisiones de seguridad y aprobaciones presupuestarias.

Es muy probable que ese ingeniero pase sus dos años de contrato esperando a que le aprueben la compra de la computadora. Traer a un genio de la informática y sentarlo en un escritorio donde no tiene las herramientas para trabajar es un desperdicio de dinero y una receta para la frustración.

El problema del dinero (y del talento)

Aquí entramos en el segundo punto donde la propuesta demuestra no haber hecho los deberes: los incentivos. Un ingeniero experto en inteligencia artificial, de esos que realmente saben lo que hacen, es hoy en día el profesional más codiciado del mundo. En el sector privado, estas personas ganan sueldos que rondan los 500.000 dólares anuales, y a veces mucho más, sumando acciones de las empresas.

El gobierno, por ley, tiene escalas salariales estrictas. Lo máximo que suelen ofrecer ronda los 150.000 o 180.000 dólares. Entonces, ¿quién acepta este trabajo? Los verdaderos genios, los que inventan el futuro, no van a dejar sus puestos millonarios y sus laboratorios de última generación para ir a ganar una fracción del sueldo y pelear contra la burocracia en una oficina gris en Washington.

Esto nos deja con dos tipos de candidatos posibles, y ninguno es bueno para el país:

—Los que no son tan buenos: gente que no consiguió trabajo en las grandes tecnológicas. Es decir, el gobierno no tendrá a la “élite”, sino al descarte.
—Los “caballos de Troya”: este es el punto más peligroso.

El zorro cuidando el gallinero

Imagina que trabajas para una gran empresa que vende servicios de computación en la nube, donde se guardan los datos de internet. Tu empresa te dice: “vete dos años al gobierno, nosotros te guardamos el puesto y te compensamos el sueldo”.

Llegas al gobierno con el título de “experto patriota”. Tu trabajo es decidir qué tecnología debe comprar el Estado para modernizarse. ¿Qué tecnología vas a recomendar? ¿La de la competencia o la de la empresa a la que planeas volver en dos años?

Esta iniciativa corre el riesgo de llenar el gobierno de agentes comerciales disfrazados de funcionarios públicos. En lugar de modernizar el Estado pensando en el bien común, diseñarán los sistemas del gobierno para que dependan eternamente de las empresas privadas de donde provienen. Es privatizar la inteligencia del Estado sin que nadie se dé cuenta.

Conclusión: Un diagnóstico equivocado

El problema del gobierno no es que le falte gente inteligente. El problema es que sus “tuberías” legales y administrativas están oxidadas. Lanzar una página web bonita llamada Tech Force es como pintar la fachada de una casa que se está cayendo a pedazos por dentro.

Se ve bien en la foto, pero no soluciona nada. Quien haya redactado este plan ignora que para que la tecnología funcione en el sector público, primero hay que cambiar las leyes arcaicas que rigen cómo se compra, cómo se contrata y cómo se opera.

Sin esa reforma profunda y aburrida que nadie quiere hacer porque no da votos, traer a los genios de Silicon Valley es inútil. Es, tristemente, una medida de aficionados jugando con cosas muy serias.

Las cosas como son.