El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha dado el primer paso formal en el complejo itinerario que podría permitir a la central nuclear de Almaraz (Cáceres) continuar funcionando más allá de las fechas de cierre establecidas. El departamento que dirige la ministra Sara Aagesen ha remitido este lunes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación presentada por las compañías propietarias de la central, con la que solicitan una extensión de la licencia de explotación. Esta decisión pone el foco sobre el futuro del parque nuclear español y sus implicaciones en la transición energética.
El trámite, confirmado por fuentes del ministerio, se produce después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres sociedades que gestionan la central, presentaran formalmente su petición el pasado 30 de octubre. La documentación, elaborada por la Junta de Administradores y la Asamblea de Socios de la central, busca modificar la autorización vigente para los dos grupos de la planta. Ahora, la pelota está en el tejado del regulador nuclear, que deberá emprender una evaluación técnica exhaustiva desde la perspectiva de la seguridad nuclear y radiológica, con el objetivo de emitir un informe preceptivo, pero no vinculante, para el Gobierno.
La petición de las eléctricas es específica: prorrogar la vida útil de la instalación hasta junio de 2030. Esta fecha no es arbitraria, sino que implica una ampliación diferenciada para cada reactor. Si se obtiene el visto bueno definitivo, el reactor número 1 de Almaraz, que actualmente tiene su fecha de cese fijada para el 1 de noviembre de 2027, vería su vida extendida en tres años. Por su parte, la unidad número 2, programada inicialmente para cerrar sus puertas el 31 de octubre de 2028, conseguiría una prórroga de dos años. Esta extensión escalonada refleja las diferencias en el inicio de sus operaciones y el estado técnico de cada unidad.
El proceso que se inicia ahora en el Consejo de Seguridad Nuclear se prevé largo y meticuloso. Los técnicos del organismo regulador deberán analizar al detalle toda la documentación presentada, que normalmente incluye informes sobre el estado de las instalaciones, los planes de inversión en mantenimiento y modernización, los análisis de seguridad actualizados y las evaluaciones de impacto ambiental.
La central de Almaraz, que inició su operación comercial en la década de los 80, ha sido objeto de controversia a lo largo de su historia, especialmente por su localización en las proximidades del río Tajo y su relevancia para el abastecimiento eléctrico de la península. El dictamen del CSN será, sin duda, el pilar fundamental sobre el que el Gobierno tomará su decisión final.
Un debate que trasciende Almaraz
La posible ampliación de Almaraz se enmarca en un debate mucho más amplio sobre el futuro energético español. Por un lado, las compañías eléctricas argumentan que la continuidad de la nuclear es esencial para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y como fuente de energía libre de emisiones de CO₂ durante el periodo de transición hacia un modelo basado en renovables. Por otro lado, los grupos ecologistas y vecinales han manifestado continuamente su oposición, alegando los riesgos inherentes a esta tecnología y la necesidad de acelerar la implantación de energías limpias.
La decisión sobre Almaraz podría sentar un precedente para las otras centrales nucleares de España, que se enfrentan a fechas de cierre similares en la próxima década. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentra, por tanto, en una encrucijada compleja: equilibrar las exigencias de la seguridad, los compromisos medioambientales, la sostenibilidad económica y la garantía del suministro energético. El proceso de evaluación acaba de comenzar, y su desenlace marcará un punto de inflexión en la política energética de España para los próximos años.