La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevará al Consejo de Ministros de este martes la tramitación urgente del nuevo registro horario con el que pretende erradicar 2,6 millones de horas extras semanales. La decisión de Trabajo de tramitar de urgencia el nuevo registro horario responde a que el proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, en la que se contemplaba la reforma del registro horario, fue rechazado en el Congreso con los votos de Junts, PP y Vox.
La ministra defiende que con un registro "eficaz" que permita a la Inspección de Trabajo hacer un control "masivo" y "cotidiano" a las empresas, la jornada efectiva de trabajo puede, incluso, bajar más de lo que se iba a lograr con la rebaja de jornada a 37,5 horas. Por ello, argumenta que es una medida más temida por los empresarios que la misma reducción de jornada, a la cual también se oponen. A la par, expresa que una vez esté aprobada la normativa, Trabajo tiene claro que la patronal impugnará la normativa en los tribunales, al igual que ha hecho con "todos" los reglamentos, aunque desde el departamento encabezado por Yolanda Díaz aseguran que esta normativa tiene "base legal". "Claro que la CEOE dará batalla jurídica, porque siempre la dan para impedir reformas que ellos entienden, que ponen en peligro algunas de las prerrogativas de los empresarios", han reconocido fuentes del ministerio consultadas por Europa Press.
Por su parte, CCOO y UGT creen que la reforma del registro horario es "clave" para atajar el "fraude masivo" de horas extraordinarias no pagadas, no cotizadas y no declaradas que se produce cada semana en España.
El Ministerio defiende en el texto sometido a consulta pública previa que la existencia de un registro de jornada tiene por objeto proteger a los trabajadores, "no únicamente en los aspectos retributivos de su relación laboral sino en su derecho al respeto de las condiciones laborales acordadas, a la conciliación de la vida familiar y personal y a la protección de la salud". Dichas consideraciones, defiende, "han de hacerse, extensivas al derecho a la desconexión, sin cuya garantía se desprotegería igualmente al trabajador respecto de su derecho a no atender ni realizar trabajo fuera de su jornada y, en consecuencia, su derecho a la propia salud".
"En definitiva, el Real Decreto proyectado pretende resolver las insuficiencias que la actual regulación del registro horario contiene y que lastran su eficacia sin impedir adecuadamente los incumplimientos normativos y los perniciosos excesos de jornada, tan graves para la salud de las personas trabajadoras y para la competencia leal entre las empresas", apunta Trabajo.
En concreto, detalla que con la aprobación de esta norma se pretende garantizar un sistema de registro de jornada "realmente eficaz", presidido por los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad y desarrollar las formas de ejercicio y control del derecho de desconexión.