El Gobierno ha decidido retrasar a este miércoles, 30 de abril, la aprobación de la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas ante el apagón sufrido este lunes en toda la península ibérica. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que el Consejo de Ministros de este martes tenía previsto dar luz verde a reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero debido al apagón eléctrico masivo, que dejó sin luz a toda España, han decidido demorarlo un día.
La reunión del Consejo de Ministros de este martes se ha centrado en analizar la situación creada tras el corte ocurrido este martes en el suministro eléctrico y las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para recuperar la normalidad. Por ello, el Gobierno ha convocado para mañana una nueva reunión del Consejo de Ministros en el que se abordarán los temas que se preveían para este martes antes de la crisis energética sufrida.
La modificación, pactada entre el ministerio de Trabajo y los sindicatos, choca de cara con las reticencias de la patronal y ahora tendrá que superar la tramitación en el Congreso de los Diputados, donde no tiene garantizados los apoyos para salir adelante. Con el corto sufrido este lunes sobre las 12:30 horas, el Gobierno ha decidido aplazar a este miércoles la aprobación de dicha ley.
Choque entre socios de Gobierno
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ya advirtió la semana pasada que esta será una de las reformas "más difíciles" de la legislatura que habrá que "defender", pero aseguró que se trata de una medida clave por "relanzar la agenda social" de gobierno de coalición. De hecho, el Gobierno intentó cerrar un acuerdo previo a los agentes sociales que incorporara tanto a la patronal como a los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. Finalmente, los empresarios de la CEOE se desvincularon después de unas conversaciones que empezaron en enero del año pasado.
A principios de año, la reducción de la jornada laboral también provocó un choque dentro del ejecutivo entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta Yolanda Díaz. El titular de Economía expresó "preocupación" por el impacto económico que podía generar la medida, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y apostó por una implantación más gradual y sectorial. Finalmente, tras múltiples reuniones, ambos llegaron a un acuerdo para impulsar la reforma, que establece que las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre del 2025 para adaptar sus convenios colectivos al nuevo horario.
Registro horario obligatorio
Además, se implantará un sistema de registro horario obligatorio que será accesible en tiempo real por parte de Inspección de Trabajo para evitar abusos y horas extra no remuneradas. El proyecto de ley también incluye sanciones más severas para las empresas que incumplan la nueva normativa. Podrán ser sancionadas por cada caso de trabajador afectado, en lugar de recibir una sanción única si infringe los horarios.
El próximo paso es el Congreso. Partidos políticos como Junts han mostrado reticencias, y hoy por hoy la reducción no tiene garantizados los apoyos necesarios para superar la votación. Todo ello abre la puerta a posibles modificaciones de la norma durante el trámite parlamentario.