La Comisión Europea ha expedientado a España por agotar el plazo de dos años para regular, por transposición europea, sobre algunas sustancias peligrosas a las que pueden estar expuestas los trabajadores y que pueden tener efectos negativos en el sistema reproductor humano. Los Estados miembros tenían de plazo hasta el pasado 5 de abril para trasponer las nuevas normas a la legislación nacional.
Este viernes la comisión abrió un procedimiento de infracción a España y a otros diez Estados miembros por no haber incorporado a tiempo en la legislación nacional los cambios a la directiva europea sobre carcinógenos y mutágenos adoptados en 2022, norma que protege a los trabajadores frente a los riesgos de estas sustancias peligrosas. En concreto, Bruselas envió una carta de emplazamiento, el primer paso en el procedimiento de infracción comunitario, a España, Chequia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Austria y Eslovaquia. Sin embargo, los once países expedientados aún tienen que trasponer la directiva revisada y notificar sus medidas a la Comisión Europea.
La CE recordó en un comunicado que en 2022 la Unión Europea amplió el alcance de la directiva sobre carcinógenos y mutágenos para incluir sustancias reprotóxicas, que pueden afectar al sistema reproductor humano. La toxicidad para la reproducción incluye los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres en edad reproductiva, y los efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes, así como efectos sobre la lactancia o a través de ella.
Los cambios legislativos, asimismo, establecen límites de exposición en el trabajo al acrilonitrilo y los compuestos de níquel, y rebajan los límites en el caso del benceno.
El Ejecutivo comunitario indicó que alrededor de 80.000 personas en la Unión Europea mueren al año por la exposición a carcinógenos en el trabajo.
Ahora, España y el resto de los estados tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento de Bruselas y completar la trasposición. De lo contrario, la Comisión puede decidir emitir un dictamen motivado, el segundo paso en el procedimiento de infracción.