La Generalitat y los máximos representantes cuatro comunidades autónomas han alzado la voz de forma coordinada en Bruselas. El president Salvador Illa, junto con Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Marga Prohens (Islas Baleares), Juanma Moreno (Andalucía) y Fernando López Miras (Murcia), han firmado una carta conjunta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitando medidas urgentes para detener el hundimiento del sector pesquero.

La misiva, enviada este viernes y difundida mediante un comunicado oficial, no deja lugar a la ambigüedad: la continuada aplicación del Reglamento de la Pesca Demersal del Mediterráneo Noroccidental está propiciando una “situación económica grave” que amenaza de muerte la viabilidad de centenares de empresas, cofradías de pescadores y miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

Más allá de la queja, la carta de los presidentes entra en el fondo de la cuestión. El sector pesquero mediterráneo, con una larga tradición y un profundo arraigo social y cultural, se enfrenta a una paradoja asfixiante. Por un lado, ha asumido el reto de la sostenibilidad y ha implementado durante los últimos años toda una serie de medidas para garantizar la preservación de los recursos marinos. Sin embargo, este esfuerzo no ha venido acompañado de una flexibilidad por parte de las instituciones europeas. La normativa actual, según señalan los gobiernos autonómicos, ha conducido a una “continua reducción de las oportunidades de pesca”.

Esta escasez creciente se traduce en jornadas de trabajo más cortas, capturas limitadas que no cubren los costes operativos, y una incertidumbre constante que desincentiva el relevo generacional y condena a la desaparición un oficio milenario. “El tiempo se acaba”, alertan los dirigentes políticos en el texto, con un tono de urgencia que busca trasladar la gravedad del momento. Su preocupación radica en el hecho de que, si la Comisión Europea no actúa de manera inmediata, la situación se volverá irreversible, no solo desde un punto de vista económico, sino también social y cultural para innumerables pueblos costeros que tienen en la pesca su principal sustento.

Medidas extraordinarias para una crisis sin precedentes

La petición no se queda en el diagnóstico, sino que avanza propuestas concretas. Las comunidades autónomas instan explícitamente a la Comisión Europea a “habilitar medidas extraordinarias y flexibles”, apelando a la capacidad de respuesta que la Unión Europea ya ha demostrado en otras crisis sectoriales o geopolíticas. Estas medidas podrían incluir, según fuentes cercanas a la negociación:

  • Ayudas económicas de emergencia para compensar las pérdidas sufridas y garantizar la liquidez de las empresas y las cofradías.
  • Flexibilización temporal de los límites de capturas o de los días de mar, siempre con criterios científicos y ambientales, para permitir un respiro a los profesionales.
  • Incentivos reforzados para la modernización de flotas con criterios de sostenibilidad, la reconversión profesional o el fomento de la comercialización de proximidad.
  • Un diálogo directo y continuado entre la Comisión, los gobiernos autonómicos y los representantes del sector para codiseñar un plan de rescate que sea realista y eficaz.

Los presidentes enfatizan que su objetivo no es enfrentarse a las políticas verdes de Bruselas, sino encontrar un equilibrio vital. Expresan su “voluntad firme de colaborar” con la CE para lograr una pesca que sea, a la vez, “sostenible ambientalmente, viable económicamente y justa socialmente”.

Se trata, en definitiva, de conciliar la protección del mar con la supervivencia de quien vive de él. La unidad mostrada por gobiernos de diferentes signos políticos es, en sí misma, un mensaje potente. Evidencia que la crisis del Mediterráneo trasciende las ideologías y que la defensa de un sector estratégico es una cuestión de territorio y de futuro compartido.

La carta conjunta se convierte así en un instrumento de presión política mucho más fuerte que cualquier reclamación aislada. Ahora, la pelota está en el tejado de Bruselas. La Comunidad Pesquera del Mediterráneo espera con expectación la respuesta de la presidenta Von der Leyen, en un momento en el que cada día que pasa supone un golpe más para la flota. La esperanza es que este llamamiento unitario abra la puerta a un nuevo capítulo donde la sostenibilidad y la justicia social vayan de la mano, alejando al sector del abismo al que se enfrenta.