La propuesta de la Seguridad Social para las cuotas de los autónomos a partir de 2026 ha suscitado críticas en un colectivo que pide más protección social, no solo reformando el cese de actividad, sino con el acceso a permisos como el de lactancia o al subsidio para mayores de 52 años a los que no tienen derecho. Este lunes se vuelven a reunir después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya puesto sobre la mesa, junto a la senda de cuotas para los próximos tres años. La intención es reformar el cese de actividad, el equivalente al paro para los autónomos, en caso de suspensión definitiva o temporal de su actividad.
Pero las principales asociaciones de autónomos, ATA, Upta y Uatae, piden ampliar la protección social no solo reformando el cese y mejorando su cuantía, sino abriendo la puerta a prestaciones a las que no tienen derecho. En cuanto al cese, el propio Ministerio reconoce que presenta problemas, como unos requisitos legales “demasiado estrictos” y la dificultad de acreditar la existencia de la situación que permite pedirla.
De hecho, en lo que va de año se han presentado 11.501 solicitudes de prestación por cese de actividad, de las que 5.295 han sido calificadas como favorables, 6.786 fueron desfavorables y 245 desistidas. Es decir, que el 60% de las prestaciones por cese de actividad solicitadas este año han sido denegadas y el principal motivo es no poder acreditar el cese efectivo de actividad.
Más prestaciones
Inclusión se abre en su propuesta a flexibilizar los requisitos de acceso, modificando el porcentaje de pérdidas y de reducción de ingresos o ventas, a regular una prestación extraordinaria en casos de emergencia o a hacer adaptaciones para trabajadores del mar o del campo pero sin entrar en más concreciones. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha incidido esta semana que la subida de cuotas se enmarca en el acuerdo sellado en 2022 para que los autónomos transiten a un sistema en el que coticen por sus ingresos reales y puedan tener prestaciones mayores.
Ha señalado como ejemplo que un salario medio que tuviera que acogerse al cese de actividad ahora cobraría unos 670 euros al mes y con la propuesta del Gobierno de España de ir elevando las cuotas llegaría a 1.360 euros, mientras que para el permiso de nacimiento se pasaría de 970 euros a 1.940 euros. “El espíritu del Pacto de Toledo y del diálogo social no era únicamente aumentar la contribución, sino acercar la protección social de los autónomos a la de los trabajadores por cuenta ajena. Es en este punto donde la Administración no ha cumplido su parte del acuerdo”, reprochaba esta semana la asociación de autónomos ATA, integrada en CEOE, y la más beligerante con la propuesta del Gobierno español.
ATA ha enumerado los puntos pendientes, empezando por esa reforma del cese de actividad, que “dista mucho de ser una protección real y efectiva comparable a la prestación por desempleo”. Junto a esto, está el subsidio para mayores de 52 años —competencia del Ministerio de Trabajo—, el permiso por lactancia, los permisos ante los efectos climatológicos adversos o por fallecimiento de un familiar, así como el tratamiento de las lagunas de cotización.
“Pretenden que coticemos por un Ferrari y tengamos derechos por un Panda”, ironizaba esta semana el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en declaraciones en RNE. Uatae también pide ir más allá abordando esos vacíos y, en cuanto al cese de actividad, incide en las elevadas exigencias para acceder a esta prestación, algo que no ocurre cuando se cobra el paro como asalariado.
También Upta, que lidera Eduardo Abad, que ya ha llevado propuestas concretas a la mesa, ha puesto el acento en “el vacío de protección” en el que quedan los autónomos que recurren la denegación de ese cese. Las resoluciones desfavorables de cese, explica UPTA, pueden ser objeto de recurso, pero mientras se resuelven los trabajadores autónomos quedan en situación de baja en Seguridad Social y, por tanto, “desprotegidos en materia de las prestaciones básicas de asistencia sanitaria, y por jubilación, incapacidad y prestaciones de muerte y supervivencia”.
Ante esto, piden que mientras que esos recursos no sean firmes, el trabajador autónomo y su familia mantengan esas prestaciones básicas. Por el momento, la mesa de negociación no ha entrado a abordar estos temas en detalle y se ha centrado en plantear una primera propuesta de cuotas que seguirá negociándose en los próximos meses.