Hoy hemos conocido una noticia que, más allá del hecho en sí, debería hacernos repensar el tipo de sociedad que estamos construyendo.
José María Ángel, un histórico dirigente socialista valenciano, ha sido ingresado de urgencia tras un intento de suicidio. El dato se ha hecho público sin que exista constancia de que él lo haya autorizado. Nadie —repito: nadie— tiene derecho a airear la información más íntima de una persona sin su consentimiento. Y cuando se trata de salud mental, aún menos.
¿Por qué ha llegado hasta este punto? Porque en las últimas semanas, José María Ángel ha sido perseguido, presión mediante, tras conocerse un informe que ponía en duda la validez de un título académico de hace más de 40 años. La Fiscalía abrió diligencias, sí, pero antes de que se demostrara nada, medios y redes ya habían dictado sentencia.
Él defendió su inocencia. Pero el linchamiento público ya estaba en marcha. El escrutinio sobre su vida ha sido constante, sin tregua. Una cacería. Así lo describieron personas cercanas y algunas voces políticas que se han atrevido a denunciar lo evidente: el dolor que esto le ha provocado.
Y ahora llega la noticia: un intento de suicidio. Publicado sin filtros. Sin pudor. Sin pensar en las consecuencias para él, para su familia, para su dignidad.
¿Dónde queda el derecho a la intimidad?
Nuestra legislación protege claramente los datos personales, y los de salud están entre los más sensibles. Nadie —ni prensa, ni partidos, ni opinadores profesionales— puede hacerlos públicos sin consentimiento expreso. La salud mental no puede seguir siendo tratada como espectáculo. No es un hecho noticiable per se. Es una vivencia profundamente humana.
Aquí hay una colisión de derechos: el derecho a informar frente al derecho a la intimidad y a la protección de datos. Y en este caso, es evidente que los límites se han cruzado. Lo que está en juego es la dignidad de una persona. De cualquier persona. Porque hoy ha sido él, mañana puede ser cualquier otra.
No se trata de tapar lo que ocurre, sino de tratarlo con humanidad, con rigor, y sobre todo con respeto. Hay formas de informar que no dañan. Las que hemos visto hoy no son de esas.
Lo ocurrido con la hospitalización de José María Ángel debería hacernos parar. Pensar. Preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar por un titular. Y especialmente, a los políticos, incluyendo aquí a ministras, que parecen haber querido usar las terribles circunstancias para una campaña política sobre el odio y acoso en redes, pasando por encima de los derechos fundamentales de este señor. Es necesario reflexionar.
Porque cuando una sociedad normaliza la humillación pública y la exposición de lo íntimo, deja de ser humana.
Y eso sí que no lo podemos tolerar. Jamás.
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