Los casos de agresiones en las aulas de los centros educativos del país no dejan de crecer y confirman una tendencia claramente al alza. Desde el inicio del actual curso escolar ya se han registrado más de 4.300, una cifra que no solo supera el total de casos detectados en todo el curso pasado, sino que también triplica los datos de hace solo dos años, según ha podido avanzar RAC1. Este incremento sostenido refleja una preocupación creciente dentro de la comunidad educativa. Aunque la mayor parte de los incidentes se concentra en la etapa de secundaria, el impacto también es significativo en primaria: cuatro de cada diez agresiones denunciadas tienen lugar en estos centros, hecho que evidencia que el fenómeno se extiende a edades cada vez más tempranas. Los datos forman parte del Registro de Violencias contra el Alumnado del Departament d'Educació, que recoge los casos notificados en los centros y permite hacer un seguimiento de la evolución de este tipo de situaciones. El aumento de las cifras pone de manifiesto la necesidad de analizar las causas de este incremento y de reforzar las medidas de prevención e intervención dentro del ámbito educativo. Paralelamente, coincidiendo con el Día Internacional contra el Acoso Escolar que se celebra este sábado, el Departament d'Educació ha facilitado a la ACN unos datos sobre los posibles casos que se han producido desde principios de curso. La cifra llega a los 1.865, que superan los 1.706 casos registrados durante todo el curso pasado, según las mismas fuentes. Coincidiendo con la conmemoración del mismo día el año pasado, Educación confirmó que había detectado 1.333 posibles casos de acoso. En el presente curso, ya había informado que entre septiembre y principios de noviembre había registrado 482 posibles casos de acoso escolar. 

Todo tipo de violencias

Según RAC1, en este punto del curso, el número de casos ya supera el total registrado durante todo el año pasado y se ha triplicado en comparación con el 2023-2024, aunque entonces el registro aún no era obligatorio. Los datos recogen todo tipo de violencias que afectan a los niños, incluidas las que pueden provenir de adultos. En la etapa de primaria, los incidentes suelen consistir en empujones, arañazos, insultos o pequeños hurtos, pero cuando estas conductas se repiten, pueden acabar derivando en situaciones de acoso escolar. La psicóloga y mediadora, Mònica Martínez, ha explicado a la emisora que se han detectado casos de ciberacoso en niños a partir de 8 años relacionados con el uso precoz de pantallas. Martínez ha detallado que las principales señales de alerta del ciberacoso son  "inventarse historias que no son reales y que hacen daño a amigos, decir mentiras, enviar fotos de un compañero para hacerle daño, insultos... Todas estas conductas pueden hacer daño al otro y ocurren en edades tempranas, cuando su autoestima aún no está desarrollada". 

En cuanto a los datos sobre el acoso escolar (que es cuando se cronifican las agresiones), estos 1.865 posibles casos desde principio de curso, por encima de los 1.706 totales del anterior, también son datos facilitados por la conselleria de Educación, que contabiliza los casos en el Registro de Violencias hacia el Alumnado (REVA), que se empezó a implantar el curso pasado. También el curso pasado impulsó el programa '#aquíproubiullying', al que este curso se han incorporado 14 centros nuevos y que llega ya a 294 escuelas e institutos. Sumarse al curso implica formación para el claustro. 

Ante estas situaciones se puede pedir ayuda a la Unidad de Apoyo al Alumnado en situación de Violencia, la USAV, que es un servicio de la consejería a disposición de los centros, las familias y los alumnos. Las funciones de la USAV son atender situaciones de violencia o demandas de información y orientación en este ámbito, asesorar y acompañar a las direcciones de los centros y al resto de profesionales para activar los protocolos y tomar las decisiones que procedan ante un posible caso, hacer seguimiento de los casos detectados y registrarlos, entre otros. 

Polémica en torno a los mossos en los institutos

Estas cifras salen a la luz en plena polémica por el proyecto del plan piloto que quiere impulsar el Govern de Catalunya para desplegar agentes de los Mossos d’Esquadra de paisano en institutos conflictivos. La medida busca reducir la conflictividad, mediar en peleas y mejorar la convivencia, sostiene el ejecutivo de Salvador Illa, pero ha sido rechazada por profesores, familias y sindicatos. El proyecto debe aplicarse inicialmente en 13 y 14 institutos de secundaria, situados en comarcas como l’Urgell, la Vall d’Aran, l’Hospitalet de Llobregat, Osona y otras áreas metropolitanas, y afectaría a unos 4.500 alumnos. Los agentes intervienen sin uniforme ni armas, de manera voluntaria y rotatoria, con el objetivo de colaborar en la prevención del acoso escolar, el consumo de sustancias y los conflictos, sin sustituir en ningún caso la labor de los profesionales educativos.  

Profesorado y familias de centros como los institutos Margarida Xirgu y el Eugeni d’Ors, en L'Hospitalet, se concentraron en protesta por la medida, reclamando “más recursos sociales y menos policías”. Sindicatos como USTEC, CCOO y el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales la consideran una “chapuza” sin base pedagógica, especialmente después de recortes en este ámbito que han supuesto la pérdida de 128 plazas de educadores. Además, al menos cuatro institutos ya han pedido salir del programa. Entidades como la AFFAC y Rosa Sensat alertan que la iniciativa puede contribuir a criminalizar al alumnado y que no aborda las causas sociales de los conflictos.

ERC, los Comuns (socios de investidura), Junts y la CUP han criticado la medida, que califican de “populista” y “precipitada”, y reprochan que se haya impulsado sin consenso, reclamando su rectificación antes de abordar cualquier negociación presupuestaria. En cambio, Vox y el PP le dan apoyo y ponen el acento en la “violencia real” en los centros y en lo que consideran un “fracaso del sistema educativo”. Por su parte, el presidente Salvador Illa y la consellera Esther Niubó defienden la iniciativa, que presentan como voluntaria e innovadora, y aseguran que responde a una demanda de algunos centros. “¿Qué miedo hay a probarlo?”, se preguntan.