La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del cuerpo de la Policía Nacional encontró una caja fuerte en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en el número 35 de la calle Ferraz de Madrid, justo delante de la sede del PSOE. El hallazgo se realizó durante los registros ordenados por el juez José Luis Calama en el marco de la causa en la que se investiga al expresidente español por blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021; un caso en el que se investigan supuestos cobros de comisiones ilegales. Según informa El Confidencial, agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) se desplazaron hasta el inmueble para forzar la apertura de la caja fuerte. Finalmente no fue necesaria su intervención, ya que el abogado del expresidente español acabó facilitando a los agentes la llave para abrirla, según han confirmado al mencionado medio fuentes cercanas al caso. 

Los agentes de la UDEF, la unidad de la policía que asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, tanto de ámbito nacional como internacional, en materia de delincuencia económica y fiscal, habían puesto muchas expectativas en el registro de este despacho, después de que el juez rechazara registrar el domicilio de Zapatero en Las Rozas. El piso, de casi 200 metros cuadrados y propiedad del PSOE, es descrito en las diligencias como el centro de mando de la presunta trama.

Durante el registro, los investigadores copiaron los discos duros de los ordenadores de Zapatero y de su secretaria, María Gertrudis Alcázar, clonaron sus buzones de correo electrónico y se llevaron agendas, libretas, documentos y anotaciones manuscritas. También intervinieron el teléfono móvil de la secretaria y le practicaron un registro corporal para asegurarse de que no destruía ninguna prueba.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los agentes fue la caja fuerte. Ante la negativa inicial del abogado de Zapatero a facilitar su apertura, la UDEF solicitó la presencia del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), una unidad especializada en la localización de guaridas, dobles fondos y otros escondites, así como en la apertura de sistemas de seguridad. Finalmente, cuando los efectivos del GOIT llegaron a Ferraz, el letrado cambió de criterio y entregó la llave.

¿Qué había dentro?

En el interior de la caja, los agentes localizaron documentos y otros objetos que todavía están pendientes de análisis. Las fuentes consultadas apuntan que ni Zapatero ni su entorno esperaban los registros, a juzgar por la reacción de su secretaria, la disposición del material en el despacho y el volumen de información almacenada. El juez también autorizó el registro de Whathefav SL, la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, situada en la calle San Germán de Madrid, así como la confiscación de los teléfonos móviles del expresidente. Los investigadores esperan encontrar en estos dispositivos nuevos indicios relacionados con la causa.

El auto de imputación atribuye a Zapatero un mensaje localizado en el móvil de su presunto testaferro, el empresario Julio Martínez Martínez. El texto, enviado el 31 de julio de 2021 y firmado por un contacto identificado como “Z”, decía: “En tiempo y forma. Gestión exitosa…”. Según la investigación, el mensaje haría referencia a las gestiones de Zapatero para que la aerolínea Plus Ultra recuperara la autorización para operar en Venezuela. Según explica el rotativo, en aquella época, la aerolínea Plus Ultra había perdido la autorización para operar en el país sudamericano. Martínez contactó con el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil del régimen chavista, para que devolviera la licencia a la compañía. Finalmente, el militar chavista accedió a la petición. Poco después, Martínez recibió en el móvil un mensaje de una persona identificada en su agenda como “Z”, que según los investigadores, atribuyen a Zapatero.

El expresidente español está citado a declarar el 2 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Se le investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Su secretaria y sus hijas no figuran como imputadas, aunque la investigación analiza el papel que habrían podido tener en la transmisión de órdenes y en la gestión de los fondos procedentes de los clientes de la presunta trama. El juez ha acordado, además, el bloqueo provisional de las cuentas bancarias del expresidente para evitar un eventual alzamiento de bienes.