Las plataformas ‘La Pública, l’Escola de Tothom’ y ‘Desmilitaritzem l’Educació’, que agrupan diversas entidades, han expresado este miércoles su rechazo frontal a la presencia de mossos d’esquadra en centros educativos. En una rueda de prensa conjunta, han exigido la retirada “inmediata” del plan pilot impulsado por el Departament d’Educació y han alertado que la medida puede “estigmatizar” determinados institutos y su alumnado. Jordi de Carreras, miembro de ‘La Pública, l’Escola de Tothom’, ha cuestionado los argumentos del Departament para “justificar” la iniciativa y ha asegurado que solo ven “incoherencias”. “No entendemos la medida, no entendemos a qué responde y nos preocupa mucho”, ha afirmado. Según ha denunciado, el plan desvía el foco de las reivindicaciones de la comunidad educativa, que pasan por “más educadores, integradores sociales, formación emocional y más recursos en inclusión”.
En la misma línea, ha remarcado que “no es una medida solicitada por la comunidad educativa, al contrario, se piden recursos socioeducativos y no de securización de los centros”. También ha criticado que se use la prevención como pretexto: “Están utilizando figuras que son necesarias en último término, porque son fuerzas de seguridad”. Las entidades consideran contradictorio que se quiera dar respuesta a “una realidad compleja en los centros” con una solución que califican de “simple” y que, según dicen, no aborda la raíz de los conflictos. “Todo esto son contradicciones que hacen que no entendamos esta medida, no entendemos a qué responde y nos preocupa mucho qué modelo realmente puede tener el Govern en mente”, ha añadido De Carreras.
Por su parte, Marc Plana, docente del Institut Margarida Xirgu de L'Hospitalet de Llobregat —uno de los centros incluidos en el plan—, ha puesto en duda que la iniciativa responda a demandas reales de los servicios territoriales. “Los servicios territoriales deberían estar al día de las reclamaciones y parte de estas reclamaciones son la bajada de ratios y el aumento de los recursos de los equipos sociales en los institutos”, ha explicado. También ha reclamado escuchar a los profesionales que trabajan “el día a día” en los centros. Las plataformas han advertido igualmente que el plan podría contravenir normativas como la Ley de Educación de Catalunya (LEC), la Ley de fomento de la paz o incluso la Convención sobre los derechos de los niños de las Naciones Unidas.
Desde la Asociación de Maestros Rosa Sensat, Mar Hurtado ha defendido que los institutos deben ser espacios “democráticos” y que la violencia debe abordarse “con respuestas pedagógicas”. “La entrada de fuerzas de seguridad en los centros educativos puede tener un efecto contrario al deseado; el alumnado puede dejar de percibir el instituto como un espacio protector para verse señalado”, ha advertido. En este sentido, ha añadido que “la presencia policial puede reducir temporalmente un incidente, sí, pero no resuelve el conflicto de raíz ni construye convivencia”.
Plana también ha denunciado incidentes recientes en su centro, como pintadas y mensajes contra la inmigración y carteles de “grupos extrema derecha”, en un contexto que, según las entidades, evidencia la necesidad de medidas educativas y no policiales.