Sociedad Civil Catalana (SCC) ha informado este lunes de que el Defensor del Pueblo ha atendido su queja, en la que denuncia vulneración de derechos lingüísticos por parte del Departament d'Educació, y pedirá a la Generalitat información sobre si el castellano es respetado como lengua cooficial en los centros educativos. La entidad españolista ha detallado que presentó un escrito contra el decreto 91/2024, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Catalunya, y que aunque este está suspendido, el Defensor del Pueblo ha considerado oportuno requerir esta información "con la finalidad de conocer las orientaciones que haya podido facilitar en los centros educativos para garantizar que los criterios pedagógicos aplicados respecto del uso y aprendizaje de las lenguas oficiales sean respetuosos con la suspensión cautelar del decreto y se garantice el aprendizaje en castellano". La entidad detalla que también pidió la colaboración de la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, y que desde la institución se le respondió que este caso está judicializado, y no puede hacer nada. La aceptación fue recibida por SCC el 6 de junio pasado. La institución estatal ha confirmado a ElNacional.cat que ha iniciado la actuación, aunque aún no ha requerido esta información al Departament d'Educació.
Ciertamente, el conflicto lingüístico en las escuelas se mantiene en los tribunales. El Tribunal Constitucional tiene que resolver si la nueva normativa para, supuestamente, blindar la escuela catalana (el Decreto ley 6/2022 y la Ley 8/2022) es constitucional y respeta el castellano como lengua vehicular, como el catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluya (TSJC), de forma excepcional, también denunció la normativa aprobada por el Parlament. Además, el TSJC ha ido validando el 25% de castellano en ciertos centros, argumentando que ratifica peticiones de padres de forma individual, y que no cambia la norma de todo el sistema educativo catalán. Una veintena de centros han mantenido este porcentaje, a pesar de que la nueva norma los suprimió y que la Generalitat le comunicó que no lo podía aplicar.
"Discriminación del castellano"
En un comunicado, SCC informa de que después de la aprobación del decreto, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) admitió a trámite el recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y, en un auto del 3 de julio de 2024, decretó su suspensión cautelar al considerar que la concepción del catalán como única lengua vehicular es contraria a las sentencias anteriores de este tribunal y del Tribunal Constitucional, al no garantizar adecuadamente la enseñanza en castellano.
Añade que "ante el riesgo de que, a pesar de la suspensión cautelar del decreto, la Generalitat esté aplicando de facto criterios de discriminación del castellano, el 24 de julio de 2024 SCC, remitió sendos escritos de queja al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo, y que solo este último lo aceptó.
Sociedad Civil Catalana afirma que el Defensor del Pueblo les contestó que "en consideración a la naturaleza y alcance de la disposición impugnada, ha parecido procedente a esta institución iniciar una actuación de carácter informativo ante la Secretaria General d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya".
Y sostiene: "Tal como denunciamos en su momento, con el pretendido objetivo de fortalecer el uso del catalán y asegurar la cohesión social, la política lingüística de la Generalitat en el ámbito escolar es una herramienta de exclusión y discriminación de la lengua española, dado que limita el uso del castellano a funciones curriculares específicas —como la enseñanza de lengua y literatura castellana— y a casos muy puntuales que tendrán que ser claramente justificados en los proyectos lingüísticos de cada centro educativo". Y añade que el plan lingüístico aprobado por la Generalitat no limita su acción a las aulas; afecta también a las actividades complementarias y extraescolares, parte esencial del proceso educativo.
En su comunicado, SCC no hace referencia en ningún momento a que el uso de la lengua catalana retrocede en todos los ámbitos públicos y sociales, como reflejan las encuestas y estudios de entidades, como Plataforma por la Lengua.