Continúa la guerra de las VTC. La nueva normativa que regulará el sector de los vehículos de transporte en conductor (VTC) en Catalunya entra en vigor este sábado 1 de octubre. Esta norma establece, entre otras cosas, que los coches tienen que tener una longitud mínima de 4,90 metros, etiqueta 0 o ECO y, además, disponer de un seguro idéntico a la de los taxis. Esta medida afecta compañías como Cabify o Bolt, que operan en Barcelona. Los responsables, aseguran a la ACN que quieren seguir operando en Barcelona, a pesar de que, lamentan las "dudas que plantea el nuevo decreto ley", especialmente en las cuestiones relacionadas con la vigencia y a los procedimientos que tienen que seguir los conductores autónomos. En este sentido, también alertan de que la falta de oferta de coches les impide renovar las flotas a tiempo.

El decreto ley de la Generalitat entra en vigor por el vencimiento, este viernes, del decreto Ábalos, aprobado en el 2018, que daba una moratoria a las licencias VTC para operar trayectos urbanos durante cuatro años. Una vez se ha vencido el decreto, las competencias para regular el sector VTC han quedado en manos de los gobiernos autonómicos y locales. Actualmente, en Catalunya hay unas 4.000 licencias VTC, y de estas unas 1.000 no están activas, y según el Gobierno entre 2.500 y 3.000 tienen un vehículo adscrito. Por su parte, Cabify defiende que el 70% de sus vehículos en Barcelona disponen de etiqueta 0 o ECO, pero solo un 1% cumple con la medida de 4,90 metros de longitud que se exige con la nueva ley. En cambio, Bolt, que opera en Barcelona desde el mes de junio, asume que no sabe cuántos vehículos están directamente afectados, ya que, argumenta que no tiene flota propia y opera con transportistas independientes. Ante esta situación, los propietarios de las licencias VTC están preparando demandas multimillonarias contra las administraciones catalanas. Según un estudio de la consultoría Ernst & Young concluye que las reclamaciones a la Generalitat superarán los mil millones de euros.

Alternativa de movilidad al taxi

El portavoz de Cabify, Javier Dorado, asegura en declaraciones en la ACN que "la ciudad de Barcelona necesita una alternativa de movilidad en el taxi", además, reivindica la "clara vocación de la empresa para seguir en la capital catalana". En la misma línea se manifiesta el director general de Bolt en España, Daniel Georges, que asegura que la compañía también se mantendrá en Barcelona y afirma que "hará todo el posible para hacer crecer su servicio". Con el fin de adaptarse a la nueva normativa, Cabify ha reclamado una autorización para ofrecer trayectos urbanos para todas las licencias que tiene operativas a Barcelona y el AMB. Aunque, Dorado, alerta de que "el mercado no es capaz de asumir todos los coches que necesitamos", y asegura que "nos vemos obligados a asumir compromisos de compra por los requisitos del nuevo decreto, pero no los tendremos a disposición a tiempo porque en el plazo que se da es inviable".

La alternativa que ha tomado la compañía ha sido adherirse a la disposición transitoria que contempla el decreto aprobado por el Govern. Según recoge este, las compañías que soliciten la autorización pueden disponer de hasta un año desde la entrada en vigor de la nueva normativa para poder adaptar la flota a los nuevos requisitos. El sector VTC también critica la dificultad de este proceso de solicitud, calificando el trámite de "tedioso". Cabify ha impulsado una línea de asesoramiento para otras empresas del sector. "Hemos identificado que existen muchas dudas y falta de recursos por parte de autónomos y pequeñas flotas, que no están acostumbrados a tratar con la administración y necesitan una mano", afirma el portavoz de la compañía.

En cambio, la solución de Bolt es diferente. La compañía ha empezado a instalar parachoques homologados en sus vehículos a fin de que estos midan al menos 4,90 metros de longitud, tal como marca la normativa de la Generalitat. "Tenemos un decreto que lo que pretende es aniquilar un sector con medidas ridículas y, ante medidas ridículas, hemos encontrado también soluciones ridículas", ha asegurado el director general de Bolt en España, Daniel Georges, que asegura que la propuesta ha tenido una aceptación "muy buena" entre los conductores que trabajan para la empresa. Según defensa George, el decreto ley de la Generalitat provoca "la desaparición y destrucción" del sector VTC en Barcelona y lamenta que se haya hecho "a puerta cerrada" con "la parte más radical" del sector del taxi. "La inmensa mayoría de los transportistas con autorizaciones VTC están condenados a la desaparición porque no hay en el mercado ahora mismo vehículos que cumplan con las características", defiende a Georges.

Prórroga del decreto

Cabify reclama al Ministerio de Transportes una prórroga del famoso "decreto Ábalos", como mínimo 2 años más. Según defiende el portavoz, este decreto se aprobó con carácter de indemnización a fin de que los VTC explotaran sus licencias durante cuatro años, pero con la pandemia el sector no ha podido desarrollar su actividad con normalidad. Por este motivo, Dorado defiende que el daño provocado durante el periodo pandémico, que califica de "irreparable", genera la necesidad de que el Ministerio "amplíe la moratoria para cumplir con el carácter indemnizatorio" del decreto Ábalos.

Con el fin de conseguir que el Gobierno reconozca "el daño causado al sector", la compañía mandó una campaña publicitaria dirigida a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con el lema "R.Sánchez, tu Cabify te espera en Madrid". Ante esta acción, el Ministerio de Transportes avisó la semana pasada en un comunicado de que estaba planteando "tomar todas las medidas convenientes" por las alusiones directas a la titular del departamento. Bolt, por su parte, indica que "a corto plazo quiere seguir mejorando en las ciudades donde opera". El portavoz asegura que "por ahora la prioridad es mejorar y, especialmente en Barcelona, poder garantizar nuestro servicio", y además, reclama a las administraciones una regulación que dé "seguridad jurídica" a los titulares de VTC.

La postura de los sindicatos

La UGT defiende que las empresas que operan con VTC tienen "capacitado más que suficiente" para afrontar la nueva normativa y adaptar sus vehículos y celebra que el decreto ley de la Generalitat "acabe con la inseguridad jurídica". En este sentido, el secretario de Transportes del sindicato en Catalunya, Juan José Pérez, reivindica el consenso de que generó la aprobación de la nueva normativa, que recibió los votos a favor de ERC, Junts, PSC-Units, en Comú Podem y la CUP. La patronal considera que "seguro que el decreto es mejorable, pero es la mejor solución en estos momentos", apunta, aunque admite el "corte en seco" que provoca en el sector de las VTC.