Los promotores de la querella del caso Castor -la Red del Observatorio de la Deuda en la Globalización, la plataforma X-Net y el Instituto Catalán de Drets Humans- han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que investigue la trama en torno al fracasado proyecto.

Después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional confirmara el archivo del caso, los querellantes ya adelantaron en septiembre que se dirigirían al alto tribunal antes de emprender el camino de los juzgados y las instituciones de la Unión Europea. La querella acusaba, entre otros, cinco exministros y el presidente de ACS, a Florentino Pérez, de los supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración.

Los impulsores de la querella ciudadana piden al Constitucional que revoque la decisión de la Audiencia Nacional de no investigar el caso y "que ordene respeto para el derecho a la tutela judicial efectiva" mediante la apertura de una investigación judicial con la práctica de las diligencias necesarias para aclarar posibles responsabilidades penales. De hecho, apelan a la necesidad de "practicar una mínima investigación" con el fin de poner en cuestión "la impunidad" de las conductas de presunta corrupción en torno al proyecto.

Los querellantes quieren que se llegue hasta el final a la hora de reclamar responsabilidades por el fiasco del almacén de gas submarino, que nunca ha llegado a entrar en funcionamiento y provocó más de mil terremotos durante el periodo de inyección de gas pruebas. Además, critican que se hayan pagado 1.350 millones de euros -más intereses del canon y peajes del gas- por la instalación fallida. "Es uno de los fraudes más importantes que la sociedad española ha vivido en los últimos tiempos en cuanto a la gestión del dinero recaudado mediante el canon de todos los consumidores de gas", señalan.

Los promotores sostienen que hay indicios de conducta delictiva en la actuación de los querellados, a quién señalan como los "máximos responsables de la preparación, ejecución y cierre del proyecto Castor". Además, lamentan que los tribunales "hayan omitido totalmente" la actividad que les es propia y que se hayan "alejado de su función constitucional".

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