El Congreso debate este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, así como la convalidación del decreto ley que otorga 6.200 millones de euros desde el primero de julio y hasta 2027 para aumentar la financiación del sistema de dependencia. Los dos proyectos de ley llegan a la cámara baja para su aprobación definitiva en un pleno extraordinario, junto con la ampliación de las cantidades que el Gobierno español otorga a las comunidades autónomas. El objetivo del Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, es pasar de un modelo basado en residencias a uno basado en el derecho a envejecer en casa. Así pues, ¿qué cambia con la nueva ley de dependencia?
🟡 Cuando se te muere la suegra esperando la ayuda a la dependencia: "No perdonaremos ni un euro. Comeremos en su honor"
Entre las novedades de la reforma de la ley de dependencia, hay una enmienda aprobada en comisión para garantizar por ley que la financiación estatal en esta materia alcance el 50%, de manera que el Gobierno español transferirá a las comunidades una cantidad récord de 7.239,4 millones de euros para el año 2027. Además de esta medida impulsada para "blindar el sistema" y evitar recortes en el futuro, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones, que impedían recibir varias ayudas de manera simultánea. También se extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario, como acompañar al usuario a hacer la compra o a ir al médico; a la vez que se reconoce en el ámbito normativo como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares y se universaliza el derecho a la teleasistencia, mientras que se eliminan restricciones farmacológicas.
Cambios en la ley de discapacidad
En cuanto a la ley de discapacidad, la reforma establece la accesibilidad universal como un derecho, modificando la ley de propiedad horizontal para obligar a las comunidades de vecinos a ejecutar obras de accesibilidad (ascensores o rampas) cuando sean solicitadas, con el apoyo económico de las administraciones. Asimismo, la norma incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.
De la misma manera, para combatir las listas de espera y la burocracia, se introduce el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia asignado. Es decir, que a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia se les reconocerá un 33% de discapacidad, mientras que las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Actualmente, el tiempo medio para una de estas resoluciones podía llegar a los once meses. Finalmente, la ley prohíbe que se modifiquen los contratos de seguros para personas con discapacidad, y regula la figura de un facilitador procesal que evitará situaciones de indefensión en los procesos judiciales.