El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, la reforma de la ley de dependencia y de discapacidad, que incluye más derechos, más servicios, más prestaciones y menos burocracia. Además, ha autorizado a repartir 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención en la Dependencia (SAAD). La reforma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales prevé revertir los recortes que se hicieron con el estallido de la crisis económica y facilitar la vida de las personas con algún grado de dependencia o discapacidad. Entre el más destacado de la nueva norma, consensuada con los colectivos afectados, está la supresión de incompatibilidades —como trabajar y ser beneficiario de dependencia— y la ampliación de las ayudas al domicilio. Otra de las grandes novedades es que a las personas dependientes se les reconocerá automáticamente una discapacidad del 33% y, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia, tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad.
"Giro copernicano"
El proyecto impulsado desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y ha sido presentado por el ministro Pablo Bustinduy, empezará ahora el trámite parlamentario. Bustinduy se ha mostrado orgulloso de haber enviado al Congreso la reforma social más importante "posiblemente" de la legislatura, ya que afecta a un total de 4,2 millones de personas y a sus familias. El ministro ha afirmado que "intentamos generar este giro copernicano que pase de centrar la atención en la gestión de las plazas de un sistema residencial, a atender las necesidades, los deseos y las preferencias de los usuarios y las usuarias".
El texto introduce la posibilidad que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una prestación o un servicio transitorio que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder inmediatamente al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado. Por ejemplo, si una persona pide acceder a una residencia que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa de acuerdo con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio. Porque uno de los objetivos es la autonomía de los usuarios en caso de que quieran seguir viviendo en su casa.
Trabajar y recibir ayudas
Con la nueva reforma será posible compatibilizar, trabajar con los servicios y las prestaciones del sistema, y no perder las ayudas como pasaba hasta ahora. El hecho de no poder hacer compatible trabajo y ayudas favorecía que algunos beneficiarios renunciaran a incorporarse al mundo laboral.
Otra novedad es la consideración de los centros de día como "un servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio". Eso supondrá, según el departamento que dirige Bustinduy, que estos centros se abrirán para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones, atendiendo en sus propios domicilios o en espacios de su entorno a aquellos usuarios que vivan cerca y lo requieran. Además, en caso de defunción de la persona en situación de dependencia, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se abonará hasta el último día del mes en que se produzca el deceso como "un gesto de reconocimiento y respeto hacia los que cuidan".
La propuesta de reforma también prevé una ampliación de las ayudas en el domicilio, es decir, que las personas beneficiarias de estas prestaciones podrán disponer de un cuidador que las acompañe al médico o a hacer la compra. La ley subraya que para ofrecer una atención de calidad, continuada y segura, las trabajadoras tienen que tener condiciones laborales dignas, estables y profesionalizadas. Quien lo necesite, también recibirá, en régimen de cesión temporal, productos de apoyo como sillas de ruedas, camas articuladas o andadores, que se tendrán que devolver, cuando ya no se necesiten. También se eliminará la carencia máxima de 2 años en las prestaciones económicas para cuidados al entorno familiar.
Menos burocracia
Uno de los grandes avances de la reforma de la ley es la intención de reducir la burocracia y agilizar los trámites. En este sentido, la novedad más importante es que a las personas dependientes de grado 1 se les reconocerá automáticamente una discapacidad del 33%. Y las personas con grado 2 y 3 —el máximo— tendrán el reconocimiento de un 65% de discapacidad.
En el ámbito privado, la nueva norma también prevé ayudas para garantizar la accesibilidad de todas las viviendas. Se incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas, como ascensores, puertas o rampas, y facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra para la comunidad.